Los hechos más debatidos de la sentencia contra Uribe a 12 años, un fallo que cambia al país

El primer presidente de la historia republicana de Colombia en ser condenado por un caso penal fue Álvaro Uribe. La decisión fue criticada y aplaudida en un debate polarizado que ha detenido la normalidad del país. La prensa del mundo tituló la noticia en las portadas de este fin de semana, el editorial del Wall Street Journal cuestionó la sentencia y habló de una “justicia tendenciosa”. Del otro lado, periódicos como El País advirtieron de un traslado de escenarios de lo judicial a lo político por parte del expresidente.

El exmandatario, que se convirtió en el principal enemigo de las guerrillas de izquierda en armas y fue un líder contra hegemónico en la región en su periodo, apeló inmediatamente la sentencia. La defensa irá hasta el Tribunal Superior de Bogotá, en donde deben tomar una decisión antes del 18 de octubre para que no prescriba el proceso; en caso de que la condena sea ratificada, irá hasta la casación en la Corte Suprema que desde que reciba el expediente tendrá cinco años para pronunciarse. La condena sacude la política, las relaciones internacionales, la campaña del 2026, al poder mismo, y las calles.

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Uribe gobernó Colombia dos periodos durante ocho años. Cuando llegó al poder, el país estaba al borde de un Estado fallido tras el poderío de las Farc en muchas regiones, los atentados terroristas, las tomas de estaciones de policías, los secuestros masivos que eran la noticia diaria y el consecuente temor para que capitales extranjeros y nacionales hicieran inversiones de consideración.

La medición a los resultados de su Gobierno no puede hacerse como a cualquier otro porque Uribe lideró un país prácticamente en guerra. Los enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla en departamentos por toda Colombia, incluso a kilómetros de Bogotá, dejaron una estela de víctimas incontable. La ofensiva de las Fuerzas Militares también dejó excesos que todavía hoy se recuerdan en la memoria histórica y hacen parte de los enormes debates políticos y judiciales sobre Uribe. Los falsos positivos se convirtieron en un ícono para los críticos contra su administración y su figura.

Durante toda su historia política a Uribe lo han señalado de haber tenido relacionamiento con paramilitares, de haber supuestamente creado esos grupos terroristas y tener en el Ejecutivo connivencia con ellos. Se han despertado investigaciones y casos judiciales para determinar la realidad de esos hechos durante años. Hasta ahora no han sido probados.

La estrategia de su Gobierno fue recuperar la seguridad y el control territorial, reducir los cultivos ilícitos y promover la inversión y el libre mercado con el mundo. En esos aspectos, Colombia era otro país en 2010. También hubo desde entonces un duro enfrentamiento con la Corte Suprema de la época, figuras de su equipo que terminaron en la cárcel y un intento de activar una tercera reelección que tuvo repercusiones en la justicia.

Uribe fue condenado este lunes y recibió el monto de la pena de su condena el viernes. Doce años de prisión domiciliaria –la Fiscalía pedía nueve– y una detención inmediata. La lectura parcial de la sentencia estuvo desde el comienzo interferida por un cruce de Uribe con la juez Sandra Heredia, que invalidó casi todos los argumentos de la defensa, salvo uno en el caso de Hilda Niño, para el que la Fiscalía pedía condenarlo también por soborno simple.

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“Le falto gallardía para venir acompañarlo cuando se presentó aquí”, dijo la juez refiriéndose a un trino de Tomás Uribe en el que había anticipado temprano en la mañana la sentencia, aunque errada. “Usted me ha tratado muy mal, se lo he permitido. Pero no le permito que hable mal de mi familia. No cuestione la gallardía de mis hijos”, le respondió Uribe a la juez que inmediatamente lo mandó a callar. “Cállese señor Uribe y yo le permito el uso de la palabra”, contestó.

El caso, desde que inició, duró 13 años en varias etapas: la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, la Fiscalía de Francisco Barbosa y la Fiscalía de Luz Adriana Camargo.

La condena no solo significa un hecho histórico, pues se trata del primer expresidente condenado en un caso penal, sino que generó por primera vez un punto de giro en el tono y el discurso que Uribe había usado frente al Gobierno, la situación del país y lo que llamó “riesgos para la democracia”.

Jaime Granados, el abogado principal del expresidente, pidió a la juez que la sentencia de más de 1.000 páginas fuera leída. Esta lo negó, sosteniendo la autoridad del juicio, y le dio paso a Uribe para que hiciera la defensa material de su caso.

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Uribe estaba en su casa en Rionegro apenas alumbrado por una luz, un celular y un computador al lado de su familia. Se demoró más de tres horas refiriéndose al caso, pero esta vez cuestionó con dureza a la jueza, a la que calificó de parcial en varias ocasiones, habló de su propia historia y señaló a Gobierno Petro, al que acusó de interferir en la decisión. El exmandatario no le habló a la jueza, ni a las víctimas, sino a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. “Las víctimas han tenido al ministro de Justicia, tres abogados y al senador más importante del Gobierno Petro”, pronunció Uribe.

“Este es un proceso lleno de filtraciones. A mis hijos les llega la noticia que a su papá lo condenan, que les ha tratado de dar buen ejemplo, y se preocupan (…) mis hijos son críticos del Gobierno, son críticos de que se utilice la justicia para hacer política, pero han sido respetuosos de la señora juez, como lo he sido yo. Eso de decir que a mi familia, que a mis hijos les ha faltado gallardía es una acusación muy grave. Eso es un señalamiento para que se proceda violentamente contra mis hijos. Pero a mí no me extraña. En muchas ocasiones durante este juicio la señora juez se refirió con animosidad a mi defensa, a mí también. Aquí no hubo respeto ni por mi defensa, ni por mí. Aquí nos trataron como x, sin considerar que somos seres humanos”, agregó.

En su réplica, Uribe pasó de la controversia con la jueza a hablarle al presidente Gustavo Petro. En los tres años de administración de Petro, Uribe fue crítico del Gobierno, pero sin calificativos excesivos. De hecho, en muchos momentos les exigió moderación a los candidatos del Centro Democrático cuando hablaban con narrativas radicales en eventos de la campaña. Eso cambió el viernes. “Decir que nosotros somos incitadores de violencia. Eso cuando Miguel Uribe está al borde de la muerte (…) lo nuestro ha sido de franqueza y de serenidad. Mis compañeros y yo hacemos política con franqueza, pero sin violencia, no ha habido un solo rayón en las calles del país en nuestros foros y eventos. No como ese movimiento apoyado por el actual presidente que en 2020 y 2021, cuando estaba en la oposición, hizo destruir buena parte de Colombia”.

Dijo además que el atentado contra Miguel Uribe fue “causado de alguna forma por los señalamientos que se le hacían desde el alto Gobierno, aliado de esta sentencia”. Y luego pasó a alertar por los que consideró riesgos para el país.

Uribe habló en extensión de dos hechos bisagra en el proceso. La acción de revisión que en 2018 Diego Cadena le ofreció a Juan Guillermo Monsalve en la Picota, para que su sentencia de cuarenta años fuera revisada ante la Corte Suprema, y los pagos que Cadena hizo también a Carlos Enrique Vélez, un paramilitar que exigía dinero como si se tratara de extorsiones, de acuerdo con audios que EL COLOMBIANO ha publicado. “Mande dólares o recoja cadáver papi”, le decía Vélez, delincuente condenado por asesinar a un gobernador indígena en Caldas, a Juan José Salazar, abogado del equipo de Cadena. A pesar de eso, este último decidió pagarle y, según la Fiscalía, en el otro proceso independiente en el que Cadena es acusado, el abogado le habría pagado 38 millones de pesos al paramilitar preso, lo que es inexplicable.

Sobre el primer hecho, Uribe dijo que era claro que esa acción de revisión había sido sugerida por Héctor Romero, abogado en ese momento de Monsalve. Cadena aparece en esa conversación grabado por el reloj espía que no sabía que Monsalve llevaba y le habla de la posibilidad de realizar esa revisión de su condena de 40 años ante la Corte. Cadena después tuvo una llamada y una reunión con Deyanira Gómez, la pareja de Monsalve. Esta, quien también grababa a Cadena, le dijo que necesitaba garantizar que Uribe intercediera por su esposo. El abogado le respondió que Monsalve era quien los había buscado. “Cadena fue muy repetitivo en decir que lo único que se pedía era que se dijera la verdad”, adicionó el expresidente.

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De esas grabaciones resulta extraño que Monsalve y su esposa aparentemente quisieran hacer caer en error a Cadena para confirmar que Uribe era determinador de un delito del abogado. Hubo en esas grabaciones preguntas y afirmaciones condicionadas o sugestivas, pero para la jueza fueron válidas. “Hasta donde yo sé este señor Hasche le indicó cómo debía ser la carta según las indicaciones que ustedes le habían dado. Según las indicaciones que ustedes les habían dado, él debía decir que el doctor Iván Cepeda lo había como inducido a declarar contra el doctor Uribe”.

“Sí, siempre y cuando fuera la realidad (…) los hechos reales de lo que sucedió”, le respondió el abogado. La llamada, que se reveló completa en el juicio, es un documento que da luces sobre cómo fueron las pruebas en el caso. Esto sucedió un día antes de que Deyanira se acercara a la Corte junto con Cadena para radicar una carta firmada por Monsalve en la que este se retractaba de afirmaciones que había hecho en el pasado contra Uribe y culpara a Cepeda. En el pie de página de la carta se señalaba que había sido escrita por la presión de Uribe y su abogado.

La llamada iba a terminar, pero Deyanira decidió alargarla para volver a hacer afirmaciones que parecían tener la intención de buscar una respuesta afirmativa del abogado para que lo implicaran en la justicia. “Yo tengo que informarle a él porque él estaba pendiente. Él me dijo que tenía que cumplirles a ustedes, como usted había ido y lo habían contactado en la fecha que fueron a verlo, pues que tenía que estar pendiente de eso para llevárselo a su oficina”.

Cadena le contestó: “Le quiero aclarar, yo a él no le dije que hiciera un documento. Él nos explicó una situación y le dijimos que si estaba dispuesto a hacerlo en una declaración extrajuicio y él dijo que sí”. Deyanira y Cadena tuvieron una reunión más. Y, en ella, Deyanira le preguntó al abogado qué le iba a prometer y garantizar el expresidente Uribe a Monsalve. Una vez más buscando respuestas de Cadena.

En la lectura de la sentencia, la jueza Heredia hizo uso de recursos narrativos con el fin de componer su expresión que para muchos penalistas fueron indebidos. “No se puede creer que los ángeles, Dios, la providencia, el destino, aparecieron para la fortuna del acusado (…) todo como una función teatral, pero para el infortunio de la defensa los protagonistas no funcionaron”.

Para el abogado Francisco Bernate, consultado por EL COLOMBIANO, la jueza expresó una condena llena de adjetivos. “Eso dista mucho de la mesura de lo que es una decisión judicial. Nadie puede discutir que es una decisión en derecho, pero ese tipo de actitudes dan lugar a que la decisión sea criticada y se diga que fue sesgada. Por eso el juez debe ser una persona sobria, fría. Está haciendo un trabajo y tiene que ser respetuoso de la situación de una persona cuando recibe una condena”.

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Otra de las decisiones cuestionables es que haya pedido la sentencia máxima para los dos delitos, fraude procesal y soborno en actuación penal, para un total de 12 años de pena domiciliaria, pese a que la Fiscalía pidió nueve años. Y, finalmente, que la decisión haya involucrado una detención inmediata, aunque era natural que la defensa apelaría para buscar una segunda instancia. Se trata de un expresidente de la República que compareció de manera permanente y estuvo siempre dispuesto a respetar el debido proceso durante el juicio.

El uribismo convocó a una manifestación para el próximo 7 de agosto, lo que demuestra una intención de confrontación al Gobierno que ese día cumple tres años en el poder. Los hijos de Uribe, Tomás y Jerónimo, han criticado al senador Iván Cepeda en sus últimos trinos. “Lo invito a entregarse a las autoridades americanas y buscar un acuerdo a cambio de delatar a sus amigos de las Farc y revelar las rutas de cocaína y a los Determinadores Políticos del narcotráfico (SIC)”, escribió Tomás Uribe sin mayores explicaciones en una acusación grave.

Cepeda salió de la audiencia de lectura de la sentencia afirmando que un paramilitar testigo de la defensa le había dicho a la jueza que sabía dónde vivía. Pidieron protección para ella, algo que el presidente Petro ya había prometido garantizar.

No podría decirse que esta no es una decisión que cambia al país. En realidad lo modifica todo: la campaña del 2026, las posturas de la oposición al Gobierno en su último año, y puede incluso poner en riesgo la paz y el orden público si en las calles se encuentran críticos y defensores de Uribe, lo que ha sucedido recientemente en otros países como Brasil en la polarización Lula-Bolsonaro. En ese mismo sentido hay un riesgo de que haya reacciones del Gobierno Trump, que ya lo ha manifestado a través del secretario de Estado, Marco Rubio. Uribe dijo en su apelación que esto le daba “más fuerzas para luchar por Colombia”.

Pero quizás la frase más importante de su intervención, tras 13 años, fue una en la que citó a su difunto contradictor político de varios años, el exmagistrado Carlos Gaviria. “Al juez hay que respetarle sus ideas políticas, pero el juez debe dejar a un lado sus ideas políticas y fallar solamente sobre el cotejo entre la norma y los hechos”.

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