Llamada telefónica deja en evidencia a funcionaria cubana sancionada por EE.UU.

MADRID, España.- La jueza cubana María Elena Fornari Conde, recientemente sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por su implicación en violaciones de derechos humanos en juicios contra jóvenes opositores, negó toda participación en procesos políticos durante una conversación telefónica con el periodista Mario Vallejo, de la cadena Univisión.

El audio de esa llamada, compartido por Vallejo en sus redes sociales, ha generado un amplio debate. Las respuestas de Fornari —marcadas por evasivas, contradicciones y un lenguaje impreciso— no solo han dejado en evidencia las limitaciones de esta funcionaria judicial, sino también los engranajes de un sistema judicial cubano cuestionado por su falta de independencia y su subordinación al aparato represivo del régimen.

Vallejo, periodista cubano radicado en Miami, comenzó la conversación con una pregunta directa sobre su participación en juicios políticos. Fornari respondió que no podía ser juzgada por hechos que ella misma “desconocía”, y pidió tener cuidado con hacer acusaciones. Tras confirmar su identidad y domicilio, reconoció que sí ejercía como juez lego, figura que el régimen promueve como expresión de participación popular en la administración de justicia, pero que en la práctica actúa bajo lineamientos del poder político.

Al ser cuestionada sobre su presunta implicación en casos contra opositores, Fornari lo negó rotundamente. Aseguró que nunca había estado en juicios de esa índole y que su experiencia se limitaba a causas relacionadas con accidentes o delitos comunes como la droga. Sin embargo, en otro momento de la llamada intentó matizar su rol, afirmando que como juez lego su función era “defender, tener pruebas, discutir y debatir”, un discurso que contrasta con su inclusión en la lista de sancionados por Estados Unidos.

Una medida contra el corrupto sistema judicial del régimen

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este 21 de mayo sanciones contra cuatro funcionarios judiciales del régimen cubano por su participación en violaciones graves de derechos humanos, específicamente por el caso del exprisionero político Luis Robles Elizástigui. Además de Fornari, las sanciones alcanzan a la fiscal Yanaisa Matos Legrá y a los jueces Gladys María Padrón Canals y Juan Sosa Orama, todos vinculados al Tribunal Provincial Popular de La Habana.

El comunicado oficial, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, establece la prohibición de entrada a territorio estadounidense tanto para estos funcionarios como para sus familiares directos. En el texto se afirma que los sancionados “actúan como agentes del régimen, y no de un poder judicial independiente”, y que desempeñan “un papel crucial” en detenciones arbitrarias y procesamientos manipulados contra ciudadanos cuyo único “delito” ha sido expresarse pacíficamente.

En la conversación telefónica con Vallejo, Fornari intentó deslindarse de cualquier responsabilidad. Cuando se le preguntó qué diría al gobierno de Estados Unidos tras ser incluida en la lista, respondió que no estaba de acuerdo con la medida y aseguró que se informaría al respecto con su tío, quien —según dijo— “es de los derechos humanos”. Afirmación que dejó más preguntas que respuestas.

La llamada tomó un tono aún más revelador cuando intervino su hija, quien, al ser mencionada la figura de Marco Rubio, mostró desconocimiento sobre quién es el actual secretario de Estado, pese a que es una figura de alto perfil, de origen cubano y con una postura pública firme contra el régimen.

El rol de los jueces legos: pieza clave de un sistema sin garantías

En Cuba, los jueces legos son ciudadanos sin formación jurídica que, sin embargo, participan en los procesos judiciales como parte del tribunal. Según la prensa oficialista, esta figura representa la participación directa del pueblo en la impartición de justicia. Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, afirmó en una sesión de la Asamblea Nacional que los jueces legos constituyen “una de las grandes fortalezas del sistema judicial cubano”.

No obstante, para desempeñar este rol no es necesario haber cursado estudios de Derecho. Basta con “mantener buena actitud ante el trabajo o actividad social, tener una conducta ejemplar, poseer un adecuado nivel educacional y disposición para el ejercicio de la función judicial”.

Organizaciones de derechos humanos y expresos políticos han denunciado durante años que los jueces legos actúan como simples ejecutores de órdenes, sin cuestionar la validez de las pruebas, ni el carácter político de las acusaciones. La inclusión de María Elena Fornari en la lista de sancionados por Washington no hace más que reforzar esa percepción.

En las redes sociales, la publicación del audio por parte de Vallejo provocó reacciones inmediatas. “¿Y esa cosa es juez? No sabe ni hablar”, comentó un usuario. Otro apuntó: “Los jueces legos están ahí para seguir órdenes del G2 y no hablar nada”.

Las sanciones del gobierno estadounidense no son solo una advertencia a quienes colaboran con el régimen desde las estructuras judiciales, sino también un mensaje a la comunidad internacional: no se puede seguir ignorando el papel que desempeñan estos operadores en la maquinaria represiva del Estado cubano.