Libertad religiosa en Cuba: el centro del debate entre Mike Hammer y pastores cristianos

LIMA, Perú – El Encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo un encuentro este jueves con los pastores cubanos Vivian Barrero y Joel Cárdenas de la Alianza de Cristianos de Cuba.

En el encuentro, reporta la Embajada de los EE.UU. en la Isla, ambas partes hablaron sobre los retos que enfrenta la comunidad cristiana en el país caribeño y sobre la importancia de la libertad religiosa.

“El trabajo que realizan en sus comunidades para apoyar a los más vulnerables es admirable”, resaltó la sede diplomática.

A finales de marzo pasado, la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) recomendó en su reporte anual de 2025 que Cuba sea nuevamente designada como un “país de particular preocupación” (CPC, por sus siglas en inglés) debido a “violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa”, ocurridas durante el año 2024.

La reunión de Hammer con los líderes religiosos en la Isla refuerza su postura pública clara a favor de las libertades fundamentales en Cuba, una actitud que desde su llegada a La Habana en 2023 ha motivado la desaporbación del régimen castrista.

En su gestión, ha denunciado las detenciones arbitrarias, la represión contra activistas y periodistas independientes, y ha abogado por el respeto a los derechos de expresión, reunión y movimiento, en un contexto político marcado por la crisis social y económica.

Según la USCIRF, el Gobierno cubano ha reforzado durante el último año su marco legal represivo con nuevas leyes como la Ley de Ciudadanía, aprobada en julio de 2024, que permite revocar la ciudadanía cubana a individuos que residan en el extranjero y realicen actos “contrarios a los intereses políticos, económicos o sociales del país”. Esta ambigua definición expone a personas involucradas en actividades religiosas pacíficas al riesgo de perder su nacionalidad.

En octubre pasado también entró en vigor la Ley de Comunicación Social, que restringe severamente el derecho a la libertad de opinión y expresión, incluyendo expresiones religiosas consideradas por el Gobierno como falsas o incompatibles con su ideología. Estas leyes complementan otras existentes, como el Decreto-Ley 370 y el Código Penal, que criminalizan actividades religiosas vistas como críticas hacia el Gobierno.

El informe destaca también que “las decisiones de registro [de grupos religiosos] suelen ser arbitrarias y discriminatorias”, y que la membresía o asociación con grupos religiosos no registrados es considerada un delito. Como consecuencia, “los miembros de grupos religiosos no registrados, como la Asociación Yoruba Libre, enfrentan regularmente interrogatorios, detenciones, amenazas de prisión bajo cargos falsos y confiscación de propiedades”.