Las duras frases con que Uribe confrontó a la juez y apeló su condena de 12 años

—No se meta con mi familia– dijo el expresidente Álvaro Uribe, cuando la jueza Sandra Liliana Heredia insinuó que su hijo Tomás había filtrado la sentencia.

En ese tono inició la audiencia que dejó en firme la condena, en primera instancia, contra el político de 73 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

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La tensión estaba cantada. El primer cruce ocurrió, incluso, antes de hablar de la condena.

El correo con la sentencia, un documento de 1.114 páginas, apenas había llegado a las partes involucradas: eran las 10:55 de la mañana de ayer y, minutos después, Tomás Uribe, el hijo mayor del expresidente, publicó en sus redes sociales una protesta por el monto de la pena.

La orden de la juez Heredia había sido clara: la decisión no podía ser filtrada.

El documento, en todo caso, terminó en poder de los periodistas antes de que ella lo expusiera. La togada no ocultó su molestia.

—Tengo entendido que alguno de los hijos del procesado, que no tuvo la gallardía de venir a acompañarlo acá, sí tuvo tiempo para hacer publicaciones en mi contra en redes sociales –apuntó Heredia.

La audiencia apenas comenzaba y el expresidente no tenía el uso de la palabra. No se contuvo:

—Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia.

La justicia fue severa con el expresidente y le impuso la máxima pena que establece el Código Penal para estos casos.

Álvaro Uribe deberá purgar una condena de 12 años en prisión domiciliaria, estará inhabilitado 100 meses para ocupar cargos públicos y tendrá que pagar una multa de 2.420 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La medida de prisión domiciliaria se hizo efectiva una vez terminó la audiencia. El expresidente pasará los próximos días recluido en su finca de la vereda La Tablaza de Rionegro, al Oriente de Antioquia.

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Según la juez, la medida de prisión domiciliaria es necesaria para que “la ciudadanía confíe en las instituciones”, para que se garantice la seguridad del condenado y para evitar riesgos de fuga.

Jaime Granados, abogado de Uribe, le pidió a la jueza una lectura completa a las 1.114 páginas de la sentencia. Advirtió que, no hacerlo, podría viciar el trámite. Ella no accedió y continuó con la diligencia.

El expresidente Uribe todavía goza de la presunción de inocencia, así se lo reconoció la jueza.

Bladimir Cuadro, delegado de la Procuraduría y el abogado Granados apelaron el fallo de primera instancia.

Tendrán hasta el próximo 13 de agosto a las 5:00 de la tarde para presentar sus argumentos contra la decisión de la juez. Enviarán un documento por escrito.

El expresidente Uribe hizo uso del derecho a la defensa material. Leyó un documento de 25 páginas en el que sustentó su apelación.

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En su finca de Rionegro se hizo de noche, su voz era acompañada por los grillos y los alcaravanes que se iban a dormir.

“Dios quiera que pueda resistir todas estas dificultades para seguir en lo que quiero, que es esta lucha por Colombia”, dijo Uribe.

El exmandatario afirmó que la sentencia en su contra tiene motivaciones políticas y que “la orden viene del alto Gobierno”. Acusó al presidente Gustavo Petro de ser el responsable de los desmanes durante los estallidos sociales de 2019 y 2021. Pidió a sus simpatizantes mantenerse en la protesta pacífica.

“Miguel Uribe fue víctima de un atentado de magnicidio terrorista y ojalá no se sigan ocultando sus autores intelectuales. Ese atentado fue causado, en alguna forma, por los señalamientos que se le hacían desde el alto gobierno, aliado de esta sentencia”, dijo Uribe sobre los ataques a la oposición.

El líder natural del Centro Democrático pasó a señalar las contradicciones que, para él, persisten en el fallo que se profirió en su contra.

“No hay razón jurídica para que me condenen sobre el argumento de que yo habría autorizado pagos del doctor Cadena. Esos pagos los hizo él autónomamente. Sobre los pagos nada me dijo el doctor Cadena”, apuntó.

En el juicio fueron legitimadas unas interceptaciones telefónicas que –por error– la Corte ordenó contra el expresidente en marzo de 2018. Hay al menos 118 llamadas telefónicas entre Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena.

El expresidente insistió que en ninguna de las conversaciones interceptadas pidió a su abogado una actuación contraria a la ley.

“Han dicho que tuve un eslogan de pedir la verdad para sustentar un acto de crimen. Yo no hablo de crímenes, esa afirmación es ilógica”, añadió.

La juez Heredia desestimó la credibilidad y la importancia de los aportes de varios testigos llevados al juicio por la defensa de Uribe: lo hizo con Wilser Darío Molina, alcalde de Amagá; Vicky Jaramillo, exmilitante del Centro Democrático y Giovanny Alberto Cadavid, exparamilitar del Bloque Metro de las AUC.

Para Uribe, la jueza midió a los testigos con varas distintas.

Afirmó, por ejemplo, que la jueza concluyó que Vicky Jaramillo mentía porque se mostró nerviosa durante el interrogatorio y que con Juan Guillermo Monsalve –denominado el testigo estrella contra Uribe– concluyó que era creible, aunque también se mostró “nervioso” y “tímido” durante este juicio.

“Juan Guillermo Monsalve es un delincuente que está condenado por secuestro extorsivo y otros crímenes (44 años de pena) y en este juicio lo exaltan. El fallo presentó a Monsalve como subordinado laboral mío”, señaló el expresidente.

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“Al fallo le importa la narrativa de inventar la historia, de poner a los bandidos como los héroes, y a quienes los hemos enfrentado como los villanos (…) el fallo trajo una narrativa para defender bandidos, y acusarme de bandido”, dijo el expresidente.

Uribe también advirtió de las inconsistencias en el testimonio que rindió Carlos Enrique Vélez, alias Victor durante este juicio.

El exparamilitar dijo que el 18 de julio de 2017 fue visitado por el abogado Diego Cadena en la cárcel de Palmira. Eran las 4:00 de la tarde y un dragonenante del Inpec le dijo que había llegado un abogado. A esa hora ya estaban prohibidas las visitas.

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“Cadena me dice que venía de parte del presidente Álvaro Uribe. Ahí empezamos a hablar y él me ofreció una plata: 200 millones de pesos para desmentir a Pipintá (Pablo Hernán Sierra)”, dijo alias Victor.

De acuerdo con el testigo, la intención de Cadena era que él desmintiera la versión que Pablo Hernán Sierra estaba entregando sobre los aparentes vínculos de Álvaro Uribe con el paramilitarismo.

La contradicción ocurre, y subrayó el expresidente, porque Vélez, en una versión que entregó a la Corte Suprema de Justicia en 2019, afirmó que el ofrecimiento de cadena fue de 100 millones de pesos.

Uribe aseguró que, la mayoría de testimonios que se configuraron en su contra son de criminales que durante su gobierno fueron llevados a la cárcel o extraditados.

“Este es un fallo dictado por sectores de arriba que hace cinco años me pusieron preso, y está determinado por una acción política que involucra al presidente de la República, a su figura más importante en el Senado, Iván Cepeda, y al ministro de Justicia (Eduardo Montealegre)”, apuntó.

El expresidente cerró su intervención sobre las 7:35 de la noche de ayer. Su hijo, Jerónimo Uribe, tuvo que ayudarlo a encender una lámpara. “Se les autoriza a que se retiren. Que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana”, dijo la juez. “No feliz, pero de todas maneras gracias, señora juez”, dijo Uribe antes de apagar la cámara e irse a pasar su primera noche privado de la libertad.

Con la decisión de primera instancia en firme, hay otra batalla jurídica y política que empieza a surgir: la independencia de las togas vs. quienes alegan que la decisión estuvo manchada por influencias políticas.

La defensa del expresidente Uribe ya denunció al presidente Petro por los delitos de hostigamiento y calumnia.

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La denuncia, que fue radicada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, tiene como origen recientes pronunciamientos del primer mandatario a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde cuenta con una audiencia de más de ocho millones de seguidores.

“En dichas publicaciones, el presidente Petro profirió acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial, atribuyéndole al expresidente Uribe conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, hechos por los cuales no existe condena penal alguna ni decisión judicial que sustente dichas afirmaciones”, señala la denuncia.

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Iván Cepeda, senador y víctima acreditada, por su parte, pidió a la ONU y a la CIDH intervención “urgente” en Colombia para que testifique las presiones que ha recibido la jueza que emitió el fallo.

“Vimos a uno de los testigos que fue presentado con orgullo por parte de la defensa, señalar sin ninguna clase de rubor que tenían ubicada a la familia de la señora juez”, dijo Cepeda a las afueras de los juzgados de Paloquemao en Bogotá.

“El hoy condenado, Álvaro Uribe Vélez ha procedido a desatar la más feroz persecución contra el poder judicial”, añadió Cepeda.

Desde ambos bandos han pedido la supervisión internacional ante los efectos del denominado juicio del siglo.

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial y abogado afín a las tesis del uribismo, convocó a una marcha el próximo 7 de agosto para manifestar su inconformidad con la decisión judicial.

“Fue un juicio cargado de sesgos, donde la verdad fue ignorada, Álvaro Uribe Vélez ha sido víctima de una pantomima judicial”, apuntó de la Espriella.

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Vicky Dávila, también precandidata presidencial, aseguró que la jueza Heredia es de “izquierda” y cuestionó el hecho de que los crímenes de guerra todavía no estén juzgados en Colombia.

“Es momento de claridad moral. Respeto la justicia, se debe respetar, pero no concibo un país donde los peores crímenes han quedado impunes y los más grandes criminales están libres. Timochenko y sus secuaces impunes”, apuntó Dávila.

El presidente Petro, en contraste, aseguró que Uribe Vélez es quien labró su propio destino.

“Quien construyó la estrategia para la condena del expresidente Álvaro Uribe, fue el mismo expresidente que inició el proceso denunciando a Iván Cepeda, y luego, se puso en manos de la juez, al renunciar al senado”, apuntó Petro.

En esa misma línea, María José Pizarro, precandidata presidencial, rechazó las voces que señalan que el juicio fue emitido con falta de garantías.

“La dictadura la pretendieron ustedes al reformar la Constitución de Colombia para la reelección y mantenerse en el poder. No hable de democracia”, apuntó la senadora Pizarro.

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En todo caso, este 13 de agosto, la defensa del expresidente radicará el documento con los argumentos que darán paso a la apelación de la primera instancia.

Ahora serán tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá los encargados de evaluar el expediente y tomar una nueva decisión.

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