Las 4 etapas de la represión contra la religión en Nicaragua

Desde el estallido social de 2018, el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo se ha enfrascado en una campaña de intensa represión contra grupos religiosos en el país; particularmente contra la Iglesia católica, pero también contra otras denominaciones, desde distintas vías.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en colaboración con el Instituto Cubano para la Investigación de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y la organización filantrópica Outreach Aid to the Americas (OAA, Cooperación de Alcance de las Américas), ha recopilado y sistematizado este esquema.

“Las iglesias, especialmente la católica, jugaron un rol destacado en ser mediadores y testigos en el dialogo nacional, denunciar los abusos y brindar refugio a manifestantes heridos“, destaca el Colectivo en un simposio organizado este miércoles, 3 de septiembre.

“El no respaldar al Gobierno y por lo contrario acompañar a la población civil provocó la animadversión del gobierno, que percibió a las instituciones religiosas como una amenaza directa a su continuidad de perpetuarse en el poder“, añade la presentación.

En respuesta a esta actitud acorde al ethos de la fe cristiana, el régimen sandinista desató “una política de Estado para restringir la libertad religiosa, utilizando el aparato judicial y legislativo como violencia estatal y paraestatal para castigarles“.

El Colectivo identifica cuatro etapas del desliz hacia la criminalización de la fe:

1. Abril 2018 – marzo 2019
   • Campaña de desinformación y descalificación.
   • Ataques a templos y destrucción de símbolos religiosos.
   • Agresiones físicas contra miembros/as de la Iglesia.
   • Amenazas de muerte y detención.
   • Hostigamiento y persecución contra sacerdotes y sus familiares.
   • Suspensión de fondos para parroquias y actividades religiosas.
2. Abril 2019 – enero 2022
   • Inicio del exilio de sacerdotes y personas ligadas a la Iglesia Católica.
   • Hostigamiento, amenazas y detenciones a feligresía católica.
   • Asedio a templos en actividades de conmemoración a las protestas y personas asesinadas.
   • Cierre de las primeras organizaciones no gubernamentales ligadas a la Iglesia Católica.
   • Persecución selectiva de sacerdotes objetivizados.
   • Agresiones físicas de terrorismo a simpatizantes del FSLN o sandinistas.
3. Febrero 2022 – enero 2023
   • Ruptura de relaciones con la Iglesia Católica: expulsión de Nuncio Apostólico.
   • Cierre de medios de comunicación, universidades y asociaciones humanitarias ligadas a la Iglesia Católica.
   • Expulsión de personas religiosas y/o miembros de la Iglesia Católica.
   • Retención y/o despojo de personería.
   • Incremento del exilio de miembros/as de la Iglesia Católica.
   • Prohibición de ingresos al país.
   • Privación de libertad, judicialización y condenas a sacerdotes presos políticos.
4. Febrero 2023 – actualidad
   • Despoja arbitraria de la nacionalidad a sacerdotes y personas admiradoras de la Iglesia Católica.
   • Destierro y continuación del exilio.
   • Acusación de lavado de dinero.
   • Congelamiento de cuentas.
   • Confiscación de bienes y activos.
   • Prohibición absoluta de realizar actividades religiosas públicas.
   • Detención y judicialización a feligresía por participar en actividades religiosas.
   • Consolidación de la censura.

En ese proceso, el régimen ordenó y ejecutó el cierre de más de 5600 asociaciones sin fines de lucro, 1294 de las cuales tenían inspiración o liderazgo religioso, incluyendo iglesias, universidades, colegios, centros de formación, organizaciones humanitarias y clínicas.

Asimismo, el Colectivo destacó que de los 54 medios de comunicación clausurados por la dictadura, 22 eran de carácter religioso.

“La política del régimen Ortega-Murillo ha convertido la libertad religiosa en un campo de control político, instrumentalizando leyes, reformas constitucionales y el aparato judicial para cancelar asociaciones, confiscar bienes, cerrar medios de comunicación y desterrar líderes religiosos“, detalla el Colectivo.

“Este patrón demuestra un uso sistemático del poder estatal para eliminar la independencia de las iglesias y limitar su rol social y espiritual en la vida pública del país“, agrega.

A la fecha, el régimen sandinista acumula un saldo de más de 355 personas asesinadas, 2300 detenciones arbitrarias, 452 personas en apatridia y más de 425 ciudadanos desterrados, según el conteo del Colectivo y otras organizaciones y observatorios independientes.