La SIP alerta del deterioro de la libertad de prensa en Perú en medio de restricciones civiles

La crisis institucional que atraviesa Perú, con poderes públicos en gran medida desprestigiados, está dando paso a un clima restrictivo para organizaciones sociales y periodísticas, tal como alertó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), luego de que una misión de esta entidad visitara Lima para constatar en el terreno la gravedad de la situación.

En su visita a la capital peruana la semana pasada, la delegación de la SIP observó una «creciente hostilidad hacia los medios independientes, la persecución judicial a periodistas críticos y el uso sistemático de desinformación y ataques en redes sociales». La combinación de todos estos elementos ha terminado por generar «un clima adverso para el ejercicio de la profesión que afecta directamente el derecho de la ciudadanía a ser informada», comentó a DIARIO DE CUBA Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

La misión que estuvo en Perú la encabezó el presidente de la SIP y director general de La Prensa Gráfica (El Salvador), José Roberto Dutriz, y junto a él y Lauría estuvieron directivos de medios de comunicación de México y Argentina.

«La criminalización del periodismo se ha intensificado a través de demandas por difamación y cartas notariales, mecanismos habitualmente utilizados para silenciar investigaciones sobre corrupción y abuso de poder. Las querellas de dirigentes políticos y otras figuras públicas contra periodistas por presuntos delitos contra el honor se siguen planteando en tribunales penales y no en el fuero civil, como lo requieren los estándares internacionales», afirma el documento síntesis de la misión.

Los delegados de los medios de prensa no fueron recibidos por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pese a las reiteradas solicitudes que canalizaron con el Gobierno. En cambio, la misión de la SIP sostuvo encuentros con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; la fiscal de la nación, Delia Espinoza; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Asimismo, se reunieron con organizaciones locales de libertad de prensa, directivos de medios de comunicación peruanos y voceros de la sociedad civil.

Lauría confirmó que observaron una situación de «hostilidad y estigmatización desde el Poder Ejecutivo» en contra del ejercicio del periodismo independiente en el país andino.

«La presidenta Dina Boluarte, ministros del Poder Ejecutivo, alcaldes y otras figuras políticas han adoptado un discurso confrontativo y beligerante contra medios y periodistas, con el cual intentan desacreditar su labor y lanzan acusaciones infundadas de intentos de desestabilización», reza el documento de la SIP.

Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, ha documentado por su parte un notable retroceso en Perú. El país andino pasó de ocupar la posición 110 (sobre un total de 180 países evaluados) en 2023 a la 125 en 2024. Este significativo retroceso se explica por el clima hostil que rodea al trabajo periodístico independiente, tanto en Lima como en las regiones peruanas.

«A pesar de que la libertad de prensa está garantizada por la legislación, los periodistas son objeto de frecuentes agresiones y hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad», sostiene RSF en su evaluación global del año pasado al referirse a Perú.

La visita a Perú de la SIP, en tanto, coincidió con la aprobación de una polémica ley que busca controlar la actuación de las organizaciones no gubernamentales. Los efectos de esta ley se sentirán tanto en el periodismo (financiado por proyectos internacionales) como entre organizaciones sociales dedicadas a promover las libertades informativas, tal como advirtió el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS).

El reconocido periodista peruano Ricardo Uceda, quien es director del IPYS, confirmó a DIARIO DE CUBA el rechazo de su organización a la ley aprobada el pasado 12 de marzo en el seno del Congreso de Perú.

Un conjunto de entidades, algunas dedicadas al periodismo como el IPYS y Convoca, sostuvieron que se trata de una ley contraria a la Constitución vigente y que este instrumento «afecta directamente las libertades de asociación, de pensamiento y de participación política de las organizaciones civiles». La ley, que fue respaldada por 82 congresistas, 15 votos en contra y cuatro abstenciones, y exonerada de una segunda votación, se aprobó con el pretexto de fiscalizar mejor los fondos que se reciben en Perú de fundaciones privadas extranjeras.

«Las actividades del IPYS se verán directamente afectadas porque la ley exige un permiso de la APCI para empezar a ejecutar programas o contratar con el Estado», adelantó Uceda, quien recalca que «el poder de veto al funcionamiento de una asociación civil viola la Constitución».

El IPYS, una ONG que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información pública, está registrada en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y realiza actividades en Perú y América Latina desde 1993.

La voz de alarma sobre esta ley no proviene solo de entidades locales, dentro de Perú. La relatora para la libertad de asociación de la ONU, Gina Romero, le hizo un llamado a la presidenta peruana, Dina Boluarte.

«Insto al Gobierno Nacional (de Perú) a no ratificar la ley y abrir una discusión amplia y plural sobre cómo avanzar en una mejor regulación de la sociedad civil sin necesidad de restringir el derecho a la libertad de asamblea», manifestó Romero.

El clima restrictivo contra la sociedad civil y el periodismo independiente tiene lugar en Perú en medio de una alta desaprobación, tanto para la presidenta Boluarte como para el propio Congreso. Tras el fallido intento de golpe del presidente Pedro Castillo y su destitución, en diciembre de 2022, asumió la jefatura de Estado Boluarte, quien había sido electa como vicepresidenta como parte de la dupla presidencial junto al exmaestro en 2021.

Dina Boluarte inicialmente había anunciado que adelantaría elecciones, pero luego, en alianza con sectores ultra conservadores del Congreso pese a ver sido electa con banderas izquierdistas, se atornilló en el poder con el plan de completar el mandato de cinco años para el que fue electo Castillo.

Un reciente estudio de opinión pública dentro de Perú de la trasnacional Ipsos reveló que la mandataria tiene un nivel de aprobación de apenas el 5%, mientras que el 92% de los consultados la desaprueba. Por su parte, el Congreso tiene un nivel de rechazo ciudadano del 88%.