La “resistencia creativa” de los choferes estatales

LA HABANA.- Cobra alrededor de tres mil pesos mensuales como chofer en una empresa estatal, un salario que apenas alcanza para comprar los alimentos básicos de un solo día, pero aún así no cambia su trabajo por ninguno otro donde le paguen mejor. Le han propuesto, por ejemplo, ser dependiente en una cafetería privada, donde cobraría diez veces más, pero se ha negado rotundamente, una porfía que, a los ojos de quienes no saben, pareciera una necedad pero que, en realidad, se trata de una decisión bien astuta.

Sucede que, por lo general, el mayor incentivo en las empresas estatales no es el salario sino, las “oportunidades” de incrementar este “por la izquierda”, es decir, mediante ilegalidades, inventos, maniobras conectadas a la corrupción que nace en los predios de lo estatal y que se extiende al mercado negro. Estos  pueden ir desde el tráfico de piezas de recambio, la reventa de combustible, hasta el transporte de cargas y pasajeros, como una especie de emprendimiento “por cuenta propia”, para el cual los choferes emplean los autos estatales, incluso con el consentimiento de jefes y directivos.

“Se ha convertido en una norma. Casi todo el mundo lo hace, si no fuera así el parque automotor de las empresas estaría en el piso”, explica Loreley García, jefe de logística de una empresa estatal en La Habana, consciente de que sus choferes se mantienen en sus plazas no por el salario que reciben sino por el permiso que han recibido para explotar los autos a su antojo una vez concluida la jornada laboral, incluso en medio de esta. La condición es que cumplan con las funciones básicas de trasladar a los jefes para asuntos de la empresa y hasta para cuestiones personales.

“No está en el contrato, no es legal hacerlo, es como un pacto de caballeros pero es el único modo que en las empresas estatales y hasta en los ministerios, que no tienen recursos para el mantenimiento, los carros se mantengan funcionando”, dice García como si se tratara de algo “normal”. Luego agrega: “si no, no habría ni choferes ni carros. Nadie está dispuesto a manejar ocho y hasta 12 horas por un salario tan pobre, hay que ofrecer algo más, y esto es que le saquen provecho al carro, pero que también se encarguen de mantenerlo funcionando.

Ellos son los responsables de buscar las piezas, de echar gasolina cuando se les acaba (la de asignación, la cuota mensual que reciben como empresa estatal) y hasta de arreglarse con la policía y los inspectores si los cogen boteando, porque tienen el permiso de palabra pero nadie se puede enterar. Si los cogen es problema de ellos, y pierden el trabajo, ese es el acuerdo”, concluye el directivo.

La práctica se ha extendido por todo el sector estatal, de acuerdo con indagaciones que Cubanet ha realizado entre choferes y funcionarios de varias entidades. Es casi una convención que ni siquiera es necesario explicar cuando alguien acepta la plaza de chofer (así como los puestos administrativos y  especializados asociados con esta labor), sobre todo en los ministerios y empresas donde la precariedad salta a la vista no solo por el mal estado técnico de los autos sino por el aspecto deplorable de sus instalaciones. Por ejemplo, en los Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio Interior, donde casi el ciento por ciento de los choferes son los responsables de mantener los autos en funcionamiento bajo el acuerdo de explotarlos a su antojo, aunque bajo la apariencia de que lo “ilegal” lo hacen como desobediencia, a espaldas de los jefes.

“Recibí el carro en el piso (roto, sin funcionar) y tuve que levantarlo casi de cero”, nos revela, bajo condición de proteger su identidad, el chofer de una de las empresas perteneciente al Ministerio de Cultura: “cuando entré, mi jefe me dijo, el carro es tuyo, el salario es este, pero lo que tu hagas con él a mí no me importa, lo tuyo es traerme y llevarme cuando lo necesite. Tú le buscas las piezas, lo mantienes rodando y ni me digas lo que hiciste, no me interesa, pero tampoco yo me he enterado de nada”, nos dice, a la vez que detalla su peculiar jornada laboral, que consiste principalmente en prestar servicios de taxi para una agencia privada —después de dejar a su jefe en la oficina por las mañanas—, además de acopiar combustible para la reventa ilegal.

“Cuando no estoy haciendo carreras (taxi) me pongo a hacer cola en los Cupet (gasolineras), vendo la gasolina que me sobra y con eso tengo el día (…). Claro, a mi jefe no puedo decirle que no puedo. Si me llama, tengo que dejar lo que esté haciendo, ese es el trato. Pero aún así gano muchísimo más que en cualquier otro trabajo, y también gana la empresa”, dice este chofer.

En el Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) sucede algo similar, y no solo con los autos para la transportación de los jefes sino hasta con los camiones para el traslado de cargas. Son los choferes los máximos responsables, mediante sus propios ardides, de mantener en servicio un parque automotor que no recibe oficialmente piezas de repuesto desde hace más de cinco años.

“Se puede decir que el MINCIN funciona porque los choferes lo hacemos funcionar”, afirma uno de sus trabajadores bajo condición de anonimato: “si no fuera porque nosotros salimos a buscar las piezas y el petróleo, hace tiempo que los mandados (los alimentos regulados por la cartilla de racionamiento) tendrían que llevarlos a las bodegas en carretillas. El petróleo que nos dan no alcanza y hace como cinco años que no hay piezas en los talleres, uno tiene que salir a comprarlas o importarlas, por eso nos tienen que dejar que hagamos trabajos por la izquierda (…), cargamos para las mipymes, llevamos materiales de construcción, cargamos pasajes para las provincias, hacemos mudanzas, lo que sea (…), a un camión se le puede sacar, por lo mínimo, unos 60 mil pesos diarios tan solo transportando materiales y carga para los particulares. Compara eso con el salario, que no llega ni a cuatro mil pesos. Si fuera por el salario ya no habría ni choferes ni carros en este país”.

Lo asombroso de este fenómeno, que podría resumir en sí la hipocresía del sistema político cubano, no radica tanto en cómo sirve de estrategia para el incremento salarial en un sector estatal donde los pagos a los trabajadores no se corresponden con la caótica realidad económica, azotada por la inflación, la dolarización, las reformas financieras abusivas y la incapacidad de los gobernantes cubanos para mejorar la situación, sino en el hecho de que estos son muy conscientes de lo que sucede, de cuáles son las “distorsiones” que se han establecido como práctica habitual, y de la naturaleza corrupta de esos “milagros”, de esa “resistencia creativa”, que mantienen a flote las empresas estatales.