La petrolera Exxon lleva a la Corte Suprema de EEUU su pleito contra CIMEX y CUPET

La petrolera estadounidense ExxonMobil presentó a la Corte Suprema de EEUU para su valoración el fallo en su demanda contra las empresas estatales cubanas CIMEX y Cuba Petróleo (CUPET), que fuera congelada en 2024 por el Tribunal de Apelaciones de Washington D.C.

En concreto, el gigante de los hidrocarburos, que exige en virtud del Título III de la Ley Helms-Burton una compensación a las entidades propiedad del conglomerado empresarial de los militares de Cuba, GAESA, por la nacionalización y explotación de la refinería Ñico López y de más de cien estaciones de servicio, ejecutada por el régimen de Fidel Castro en 1960, presentó un auto de certiorari (procedimiento de revisión de decisiones de los tribunales inferiores basado en la selección o arbitrio del propio tribunal que asume la decisión última) para su reclamo.

La petición fue presentada al presidente del Tribunal Supremo de EEUU a fines de 2024 y en febrero último Exxon recibió la aprobación de una moción que le permitió extender el tiempo para presentar una respuesta hasta el 2 de abril de 2025.

En enero último, la petrolera añadió a sus trámites legales la presentación de amicus curiae (aportes de terceros ajenos a la disputa, que ofrecen a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio relativos a aspectos de derecho que se ventilan ante la misma) de la empresa King Ranch, Inc. y de la Cámara de Comercio de EEUU.

ExxonMobil demandó en 2019 a la Corporación CIMEX S.A., de Cuba y Panamá, y a Unión Cuba-Petróleo (CUPET), ambas estatales, por traficar con propiedades confiscadas por el régimen cubano.

A fines de 2019, ambas empresas de La Habana intentaron sin éxito desestimar la demanda, alegando inmunidad soberana extranjera, en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, o FSIA (por sus siglas en inglés), que impide que los tribunales estadounidenses ejerzan jurisdicción sobre entidades fuera de su territorio.

Pero un tribunal inferior sostuvo que la Helms-Burton, de 1996, no eliminaba la inmunidad general de un soberano extranjero, y que la jurisdicción en el caso dependía de si se podía aplicar una excepción a la FSIA. Y concluyó que, de dos posibles excepciones, la «excepción de expropiación» y la «excepción de actividad comercial», solo esta última podía aplicarse en el caso.

Tras la caída del régimen de Fulgencio Batista, en 1959, Fidel Castro expropió los activos de varias subsidiarias propiedad de ExxonMobil, entonces conocida como Standard Oil, incluida Esso Standard Oil S.A., una refinería, múltiples terminales de productos a granel y más de 100 estaciones de servicio.

En 1964, el Congreso de EEUU creó un método para que los ciudadanos estadounidenses presentaran reclamaciones de expropiación ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, incluidas las reclamaciones por cualquier derecho o interés que poseyeran «total o parcialmente, directa o indirectamente».

En 1969, esa comisión determinó que Standard Oil había perdido 71.611.002 dólares debido a la nacionalización de Esso por parte de La Habana, pero ni esa empresa ni su sucesora, Exxon, recibieron ningún pago por la reclamación.

En 1996, el Congreso aprobó la Ley Helms-Burton, que creó una vía para que los particulares demanden a cualquier entidad que trafique con propiedades confiscadas por el régimen cubano. No fue hasta 2019 que el presidente Donald Trump activó la aplicación del Título III del estatuto, que abrió la posibilidad de iniciar pleitos de reclamación.

La antigua refinería de Standard Oil, hoy Ñico López, fue la primera propiedad de empresas de EEUU confiscada por el régimen de Fidel Castro, después que la planta se opuso a refinar petróleo proveniente de la antigua Unión Soviética.

Hasta el momento existen 8.821 reclamaciones, de las cuales 5.913 exigen indemnizaciones valoradas en 1.902.202.284,95 dólares que fueron certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos (USFCSC, por sus siglas en inglés) y están sin resolver desde hace casi 60 años (algunos activos fueron confiscados oficialmente en la década de 1960, otros en la década de 1970 y otros en la década de 1990).