La pelea por los pasaportes: Sarabia, Saade y Murillo se acusan en los medios con documentos y versiones parciales
- Colombia
- julio 11, 2025
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El Gobierno tiene menos de dos meses que corren a toda velocidad y las soluciones no están a la vista, a pesar de los anuncios de Saade sobre la firma del acuerdo con Portugal “en las próximas horas”. No ha sucedido.
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Por estos hechos, la Procuraduría anunció una investigación contra Sarabia, Murillo y Saade. Fotos: Colprensa, Cancillería y Presidencia
A las imágenes y videos de las largas filas en algunas oficinas esta semana para sacar el pasaporte, se suma el cruce de versiones, anuncios, documentos y revelaciones sobre lo que pasa al interior del Gobierno frente a un asunto tan importante para los ciudadanos. Hay tres funcionarios clave para entender la trama: dos exministros de relaciones exteriores, Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, y un funcionario de Presidencia: el polémico jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade.
Antes de enlistar los hechos más recientes, es importante recordar el contexto: el presidente Gustavo Petro, desde que llegó al poder, quiso quitarle el contrato a la firma Thomas Greg & Sons (TGAS) para la fabricación de los pasaportes alegando un supuesto monopolio y otras acusaciones no probadas. El problema de su intención, que puede ser calificada como buena o mala, es que ha generado improvisación y riesgos para el Estado; sin ir más lejos, le ha costado la salida del excanciller Álvaro Leyva y la excanciller Laura Sarabia. Murillo renunció para ser candidato presidencial, pero también está involucrado en el asunto.
El jefe de Estado está empecinado, y ahí es donde radica su improvisación, en que es la Imprenta Nacional la que debe fabricar los pasaportes a partir de un convenio con la Casa de la Moneda de Portugal. Lo que sucede, según reconoció la propia Cancillería, es que la Imprenta Nacional no está lista para semejante tarea y el contrato con TGAS, que ya ha sido extendido bajo la figura contractual de urgencia manifiesta, termina el 31 de agosto. El Gobierno tiene menos de dos meses que corren a toda velocidad y las soluciones no están a la vista, a pesar de los anuncios de Saade sobre la firma del acuerdo con Portugal “en las próximas horas”. No ha sucedido.
Al mismo tiempo, en medios de comunicación y redes sociales se han conocido cada vez más detalles y versiones sobre la responsabilidad del tema. Algunas filtraciones favorecen a Sarabia, otras a Murillo y otras, incluso, al Gobierno en cabeza de Saade.
La carta de Portugal sobre responsabilidad de la excanciller Sarabia
Lo más reciente tiene que ver con que la W Radio publicó un documento en el que Portugal responsabiliza a la Cancillería al mando de Laura Sarabia por retrasos e inconvenientes en el acuerdo para la fabricación de los pasaportes.
En la carta se puede leer que el acuerdo firmado entre Colombia y Portugal se consensuó en diciembre de 2024. El 26 de febrero de 2025, el Gobierno de Portugal aprobó los términos del acuerdo nacional, mediante su publicación en el diario oficial, “aunque con un retraso de dos meses respecto al plan inicialmente previsto”, señala el documento revelado por esa emisora.
Pero, advierte que a principios de marzo de 2025, “una delegación de alto nivel de la Imprenta Nacional – Casa da Moeda de Portugal y su homóloga francesa, socia en este proyecto desde su inicio, se desplazó a Bogotá para firmar el acuerdo comercial, y subsecuentemente, iniciar los trabajos de configuración de modo que para el 1 de septiembre de 2025 la nueva solución estuviera operativa, es decir, que la personalización pudiera ser asegurada por la Imprenta Nacional de Colombia y la producción de los pasaportes fuera garantizada en Portugal y en Francia por las dos empresas públicas”.
A principios de marzo, el equipo de Sarabia de la Cancillería le habría comunicado a Portugal que existían algunas reservas respecto al modelo diseñadas por sus predecesores, es decir por el equipo de Murillo. Por eso, habrían suspendido las mesas de trabajo en mayo y eso habría ocasionado el retraso del plan inicial.
Hace un par de semanas, Murillo dijo que “con Portugal estructuramos un acuerdo técnico y financiero, con inversión directa de €35 millones, equivalentes a 40 millones de dólares, además del traspaso de significativos activos representados en infraestructura de producción de pasaportes y otros papeles de seguridad, transferencia tecnológica y producción nacional. Desde octubre de 2024 el plan está listo”.
Sin embargo, EL COLOMBIANO consultó a fuentes en la Cancillería cercanas a Sarabia que señalaron que lo expresado por Murillo no es cierto. Aseguran, incluso, que no hubo empalme entre Sarabia y Murillo: “Él tampoco entregó esto en su informe de gestión” y funcionarios se lo tuvieron que pedir. “Solo anexó una información dos meses después. El proceso jurídicamente ni presupuestalmente estaba listo. No hay crisis de pasaportes. No vamos a perder ninguna inversión, que igual no es inversión, porque es un acuerdo comercial con Portugal”, señaló la fuente.
Investigación de la Procuraduría
Por estos hechos, la Procuraduría anunció una investigación contra Sarabia, Murillo y Saade.
El Ministerio Público señaló que en el caso de Murillo y Sarabia, al parecer, “no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso” durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial. A ello se suma que presuntamente Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024.
Además, en el caso de Saade, al parecer, se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al haber impartido órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para la expedición de pasaportes.
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Lo anterior, luego de que Sarabia denunció que Saade intervino directamente en el proceso de transición en la contratación de pasaportes sin consultarla. Según contó, el jefe de despacho convocó a su equipo para darles instrucciones contrarias a las suyas: mientras ella pedía avanzar en una prórroga del contrato con Thomas Greg que vence el 1° de septiembre, él les habría ordenado retrasar la asignación de citas para “hacer rendir” el inventario actual.
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