La incoherencia de Petro al suspender el concurso de notarios: olvida que nombró a ficha del escándalo de la Fiduprevisora y pagó otros favores políticos

Es bien sabido que en Colombia la mayoría de personas que son nombrados notarios tienen una buena posición económica y estabilidad laboral. No en todos los casos, por supuesto, y algunos de esos funcionarios son nombrados por su trayectoria y por mérito. Pero históricamente las notarías son casi que un premio en el mundo de los favores políticos.

Resulta que el tema de las notarias cobró notoriedad estos días porque estaba previsto un calendario para la realización del concurso de méritos para notarios que no se realiza desde hace diez años. El objetivo del concurso es intentar evitar, precisamente, los favores políticos a la hora de elegir a los notarios en todo el país y que primen otros criterios como exámenes; en este caso, la Universidad Libre, de larga trayectoria en la formación de abogados, fue la elegida para realizar el concurso y seleccionar los 350 notarios que iban a ser nombrados.

Todo cambió cuando el presidente Petro públicamente denunció, sin mostrar pruebas, presuntas irregularidades en el concurso diciendo que hay una “mafia” que está “está “vendiendo cupos para financiar campañas de la derecha”. Según el mandatario, “cobran mil millones por cupo y son 700. Y preciso, antes de elecciones. Los actuales notarios no fueron en su inmensa mayoría puestos por mí, pero no me interesa echarlos y menos propiciar una inmensa olla de corrupción”.

Por ese motivo, ordenó suspender el concurso hasta después de las elecciones de 2026.

“El superintendente delegado de funciones constitucionales del presidente de la República tiene la orden de suspender el concurso notarial hasta que se aclare por completo y se haga después de elecciones; así se cumplirá la orden de la justicia que respeto”, dijo el jefe de Estado hace algunos días.

Incluso, fue más allá y dijo que las notarías “no son para la politiquería”, por lo que hizo un llamado a no hacer “trampa con las elecciones”, ni utilizar “la justicia y la buena fe para eso”.

Resulta incoherente, por decir lo menos, que Petro diga eso cuando justamente ha entregado notarías para presuntamente pagar favores políticos y nombrar a aliados cuestionados.

Por ejemplo, la abogada Daniela Andrade Valencia, salpicada en el escándalo de la transformación del FOMAG y a su vez pareja de Jaime Ramírez Cobo, pieza fundamental del escándalo de la UNGRD, aterrizó hace poco más de un año como notaria 36 de Bogotá, según un decreto firmado por la ministra de Justicia Ángela María Buitrago.

EL COLOMBIANO reveló en ese momento, según las fuentes, que los ingresos de Andrade estarían en alrededor de los 70 millones de pesos mensuales y la Notaría 36 factura, sin incluir el pago de nómina y otras responsabilidades de ley, más de 350 millones de pesos.

Lo mismo sucede con otros favores políticos de personas cercanas al Gobierno. Petro premió al exsenador José Ritter López, quien es padre del actual presidente de la Cámara, el representante Julián López. El experimentado abogado valluno fue nombrado desde diciembre de 2024 como notario interino en una poderosa notaría de Cali.

Por los lados de Medellín la situación se repite. En marzo de este año, Petro designó como notario en Medellín al exsenador liberal Iván Darío Agudelo, cercano al polémico exalcalde y hoy candidato presidencial Daniel Quintero Calle.