La Fiscalía destapa más detalles: Nicolás Petro habría usado la Fundación Conciencia Social para el lavado de activos

En el marco del juicio oral contra Nicolás Petro Burgos, la Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que buscan demostrar la presunta responsabilidad del hijo del presidente Gustavo Petro en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según la evidencia presentada ante el juez, los ingresos de Petro Burgos entre 2020 y 2022 no serían suficientes para justificar su nivel de gastos.

De acuerdo con la Fiscalía, en 2022, los gastos de Petro Burgos ascendieron a 1.450 millones de pesos, superando ampliamente su salario como diputado.

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Durante las audiencias de este martes y miércoles, la Fiscalía expuso un informe en el que se detallan las transacciones financieras del exdiputado de la Asamblea Departamental del Atlántico, en el cual se señaló la existencia de posibles nexos entre Petro Burgos y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), organización que, según la fiscalía, pudo haber servido para canalizar recursos de origen ilícito.

Dentro de la documentación presentada se incluyeron inspecciones realizadas a la Gobernación del Atlántico, con la cual entre 2017 y 2022, la fundación ganó tres contratos por 2.272 millones de pesos, y a la Asamblea Departamental, así como registros contables y bancarios.

En ese mismo periodo, la fundación también recibió ocho contratos (4.270 millones de pesos) de la Alcaldía de Barranquilla, en los mandatos de Alejandro Char y Jaime Pumarejo.

Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran estados financieros, certificados bancarios y comprobantes de nómina que demostrarían discrepancias en los ingresos y egresos del acusado.

En la audiencia también se mencionó a la empresa Grupo de Energía Delta Limitada, que opera en “servicios de arquitectura”, la cual habría sido utilizada para el lavado de activos.

“(…) demuestran la existencia de esta empresa, la cual no corresponde a la realidad, toda vez que con ella se realizaron actividades tendientes a dar apariencia de legalidad a esos dineros presuntamente adquiridos en forma ilícita”, afirmó el ente investigador.

La Fiscal Lucy Laborde Betancourt precisó que en el escrito de acusación “corresponden aquellas actuaciones que se encuadran típicamente en el delito de lavado de activos cuyos verbos rectores endilgados son ocultar, invertir, adquirir para dar apariencia de legalidad y del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público”.

Además, de la información extraída del teléfono celular de Day Vásquez se reveló que en los chats, mensajes de voz, datos e imágenes de WhatsApp, se hablaba “con regularidad de altas sumas de dinero, de dinero recibido el cual era entregado por terceros, nombres de quienes hacen entregas, lugares para recoger el dinero personas a quienes se les encarga de estas tareas, circunstancias que rodean las entregas y recogidas de dinero”.

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