La Comisión de EEUU para la Libertad Religiosa Internacional recomienda redesignar a Cuba como ‘país de especial preocupación’

La Comisión de EEUU para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) insistió en su «Informe anual 2025» en volver a designar a Cuba como «país de especial preocupación», y prohibir la extensión de visas a funcionarios del régimen cubano que hayan cometido violaciones de derechos humanos contra los grupos religiosos de la Isla, con especial énfasis en las Damas de Blanco.

En tal sentido, dicha organización recomendó al secretario de Estado, Marco Rubio, incluir a Cuba en su lista de «Países de Particular Preocupación por violaciones particularmente graves de la libertad de religión o creencias», junto a otras 16 naciones, entre las que se encuentra varios aliados de La Habana, como China, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia y Vietnam, además de Afganistán, Birmania, Eritrea, India, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán, y Turkmenistán.

El informe, citado por Martí Noticias, denunció que, en 2024, las condiciones de libertad religiosa en Cuba siguieron siendo deplorables, toda vez que el régimen complementó «su opresivo marco legal con leyes que restringían aún más la libertad de religión o creencias, hostigaba a líderes y congregaciones religiosas y encarcelaba injustamente a personas por su actividad religiosa pacífica».

El informe destacó, además, que el régimen volvió a recurrir a su aparato represivo para «acosar a líderes religiosos y fieles».

«En marzo, las autoridades penitenciarias negaron a un preso político el acceso a materiales religiosos e impidieron que un sacerdote brindara atención pastoral a un paciente hospitalizado enfermo. En marzo y abril, las autoridades locales prohibieron arbitrariamente las procesiones de Semana Santa y Pascua en varias partes del país. En mayo, las autoridades prohibieron a un sacerdote católico tocar las campanas de una iglesia durante un apagón para protestar por las violaciones de derechos humanos cometidas por el Gobierno cubano», detalló.

A raíz de esta situación, la USCIRF recomendó al Departamento de Estado que convoque «un evento paralelo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por Cuba contra presos religiosos y grupos religiosos no registrados, que incluya el seguimiento de la conclusión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria sobre el encarcelamiento injusto del pastor Lorenzo Rosales Fajardo«.

De igual forma, recomendó al Congreso de EEUU que celebre audiencias a través del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos, «para denunciar las violaciones del Gobierno cubano contra personas que participan en actividades religiosas pacíficas, grupos religiosos no registrados y presos por libertad de religión o creencias«, subrayó.

Poco después de que la USCIRF publicara su informe, el fundador de la Comunidad Israelita Bet-El Shalom en La Habana, Carlos Alberto Montoya, dijo a Martí Noticias: «No tenemos derecho a expresarnos, no solamente en nuestra fe, sino también en nuestros conceptos políticos, los cuales también tenemos como ciudadanos cívicos que somos. No tenemos derecho a legalizar nuestros templos, no tenemos derecho a ser reconocidos como una expresión de fe en una nación. Al nosotros estar en esta situación, entonces, somos más reprimidos todavía, más observados, más cercados».

Recientemente, el sacerdote católico Alberto Reyes denunció en sus redes sociales la negativa del régimen cubano a aceptar el recorrido solicitado para la procesión del 19 de marzo de San José, patrono del municipio camagüeyano de Esmeralda, en un acto que consideró una violación del derecho a la libertad religiosa.

«Lamentamos profundamente que nuestras autoridades no sean capaces de comprender lo que significa el concepto de libertad religiosa, y el derecho propio que tiene la Iglesia de expresar públicamente su fe en los ámbitos que ella considere, siempre dentro del respeto a las sanas normas de convivencia social», escribió el sacerdote.

En 2024, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) registró casi 1.000 actos contra la libertad religiosa en la Isla.