La Casa Blanca manda a los inmigrantes indocumentados a una base de datos de fallecidos 

La Casa Blanca manda a los inmigrantes indocumentados a una base de datos de fallecidos 

  • Cuba
  • abril 11, 2025
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MIAMI, Estados Unidos. – La Administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su estrategia migratoria al ordenar la cancelación de números de Seguro Social de miles de migrantes, muchos de los cuales obtuvieron este documento legalmente bajo el mandato de Joe Biden. La medida, que busca obstaculizar el acceso de estas personas a servicios financieros y beneficios públicos, implica incluir sus nombres en el archivo de defunción del Seguro Social, como si hubieran fallecido.

De acuerdo con documentos revisados por The New York Times, más de 6.300 migrantes fueron añadidos esta semana al “archivo maestro de defunción” de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). Esta base de datos se utiliza normalmente para evitar pagos indebidos a personas fallecidas, pero ahora ha sido reutilizada como una herramienta de presión. “Sus vidas financieras se terminarían”, escribió Leland Dudek, comisionado en funciones de la SSA, en un correo al personal que fue obtenido por The New York Times.

El objetivo explícito de esta acción, según la Casa Blanca, es fomentar la “autodeportación” de los migrantes. Elizabeth Huston, portavoz del Gobierno, declaró: “El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar el incentivo monetario para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los animaremos a autodeportarse”.

Esta política se aplica inicialmente a personas clasificadas como “presuntos terroristas” o con antecedentes penales, pero funcionarios federales han admitido que podría extenderse a otros migrantes sin autorización legal en el país. La cancelación del Seguro Social limitaría su acceso a cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y beneficios como Medicaid o el seguro de desempleo.

El uso del archivo de defunción como mecanismo de exclusión ha generado preocupación entre antiguos funcionarios y expertos. Jason Fichtner, quien ocupó altos cargos en la SSA bajo George W. Bush, advirtió: “La aplicación de las leyes de inmigración no es competencia de la Administración del Seguro Social. El potencial para errores puede tener muchas consecuencias”.

Martin O’Malley, excomisario de la SSA durante el mandato de Biden, calificó la medida de “inhumana” y la describió como “un asesinato financiero”. Casos previos en los que personas vivas fueron incluidas erróneamente en esta lista resultaron en ejecuciones hipotecarias y cierre de cuentas bancarias. El proceso de rectificación, conocido como “resurrección”, puede tomar meses o incluso años.

La estrategia ha sido impulsada por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), una entidad con fuerte influencia de Elon Musk, quien ha promovido teorías conspirativas infundadas sobre fraude migratorio y el uso indebido del Seguro Social. Musk, asesor cercano de Trump, ha defendido que los demócratas usan esta agencia para “alterar la demografía del país”, una afirmación sin pruebas.

En paralelo, la SSA compartió con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) las últimas direcciones conocidas de unas 98.000 personas, según otro acuerdo revelado por el Times. Doce funcionarios actuales y retirados afirmaron que esta colaboración representa una ruptura con la política de confidencialidad histórica de la agencia.

El archivo de defunción, rebautizado ahora como “archivo maestro de inelegibles”, sigue asignando fechas de muerte falsas a personas vivas, lo que podría violar leyes federales de privacidad y fiscalidad. Kathleen Romig, directora de políticas en el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, advirtió: “La Administración del Seguro Social tiene la obligación legal de mantener datos precisos (…) y existen leyes estrictas que regulan el uso y el intercambio de esos datos”.

Los migrantes afectados ingresaron legalmente durante el Gobierno de Biden, a través de programas como el permiso humanitario (parole) y la aplicación CBP One. Más de 1.4 millones de personas, en su mayoría de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, fueron beneficiadas. Sin embargo, la administración actual planea poner fin a estos programas, revocando su estatus legal y, con ello, su acceso al empleo y otros servicios básicos.

El martes pasado, Aram Moghaddassi, ingeniero de software del DOGE, envió a Dudek el primer listado de personas a incluir en la base de datos de fallecidos. La lista incluía un menor de 13 años y al menos otros siete niños, lo que desató alarma interna por el carácter generalizado de la medida. Según la Casa Blanca, casi 1.000 de estos migrantes habrían recibido unos 600.000 dólares en prestaciones antes de la revocación.

Expertos advierten que el uso coordinado de bases de datos gubernamentales para perseguir migrantes podría normalizar la vigilancia cruzada entre agencias y sentar un peligroso precedente. Andrew Biggs, antiguo funcionario de la SSA, sostuvo que la medida podría facilitar la ejecución de las políticas de Trump. “Si estás a favor de la aplicación de las leyes de inmigración, esto tiene sentido”, dijo.

Finalmente, el DOGE lidera los esfuerzos para integrar información personal de múltiples agencias federales. Según los documentos, el acuerdo de febrero entre la SSA e ICE permite el cruce de números de Seguro Social con bases de datos de migración para rastrear a los individuos. Dudek autorizó esta cooperación y facilitó el acceso a los ingenieros del DOGE.

Aunque aún se desconocen los efectos legales completos de estas prácticas, los documentos revisados por el Times revelan una expansión inédita del aparato estatal con fines migratorios, reconfigurando funciones tradicionales de agencias civiles como el Seguro Social para cumplir con la agenda de deportaciones masivas del actual presidente.

Mientras tanto, miles de personas enfrentan la exclusión financiera sin haber sido notificadas formalmente, y con pocas vías para apelar o revertir la decisión. La medida, inédita en alcance y método, ha suscitado ya fuertes reacciones tanto dentro como fuera del Gobierno.

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