La Alcaldía de Apartadó consignó $3.500 millones y no hay soportes de las transacciones
- Colombia
- junio 29, 2025
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A escasos dos meses del accidentado cambio de gobierno que sufrió Apartadó, un nuevo escándalo tiene en el ojo de los organismos de control a ese municipio del Urabá antioqueño.
Tras recibir una denuncia por parte del gobierno entrante –que desde abril pasado asumió el poder luego de unas agitadas elecciones atípicas–, la Contraloría General de Antioquia alertó no encontrar soportes de una cuantiosa serie de transferencias bancarias efectuadas a particulares desde las cuentas del municipio por más de $3.500 millones.
A través de una auditoría especial, el ente encendió las alarmas ante lo que podría ser un caso de presunta corrupción en el que se habrían desangrado las arcas públicas de ese municipio.
Las claves del caso
El comienzo de esta historia se remonta a comienzos de junio, cuando, en medio del proceso de empalme, el equipo del recién posesionado alcalde Adolfo Romero le pidió a la Contraloría de Antioquia abrir una investigación de urgencia tras detectar presuntas irregularidades financieras en unos contratos.
Según precisó la Contraloría en su informe, dicha denuncia se radicó el pasado 3 de junio y en la misma el gobierno local aseguró haber detectado un total de 49 transferencias bancarias por $3.554 millones desde varias cuentas del municipio y dirigidas a particulares, en una ventana de tiempo que va desde mayo de 2024 a marzo de 2025.
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La alcaldía señaló que, a pesar de su elevada cuantía, dichos pagos carecerían de registros contables, autorizaciones firmadas, actos administrativos y soportes contractuales, lo que ponía sobre la mesa la sospecha de un caso de presunta corrupción.
El gobierno alertó también haber detectado pagos dirigidos a empresas que tenían contratos vigentes con la Alcaldía, según podía constatarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop); sin embargo, la cuantía de las consignaciones superaba con creces los valores estipulados en los contratos.
En su denuncia, la alcaldía señaló haber detectado por ejemplo el caso de una empresa dedicada a las soluciones logísticas y que, pese a tener contratos por $503 millones en el Secop, firmados entre 20204 y 2025, había recibido transferencias bancarias por más de $1.000 millones.
Para acabar de ajustar, el gobierno entrante señaló también haber encontrado indicios que varios funcionarios técnicos de la misma alcaldía habrían elaborado comunicaciones internas alertando de más inconsistencias, como pagos a cuentas bancarias que no aparecían relacionadas a los contratos, pagos dobles e inconsistencias entre las fechas de las consignaciones y el registro de los egresos.
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Los hallazgos de la Contraloría
Con base en esa alerta, la Contraloría de Antioquia inició entonces una actuación especial de fiscalización, cuyos resultados quedaron plasmados en un informe publicado el pasado 19 de junio y en el que ese ente resaltó la gravedad de la situación.
“Se verificó que dichos pagos no cuentan con registros en el sistema de contabilidad oficial, ni con soportes contractuales, actos administrativos, ni comprobantes de egreso válidos que los justifiquen”, señaló la Contraloría en su informe, advirtiendo además que en sus pesquisas había detectado graves falencias en el control contable realizado al interior de la Alcaldía de Apartadó, tanto en su Secretaría de Hacienda como en su Tesorería.
Junto a una actuación que calificó como “dolosa” por parte de los funcionarios públicos que habrían efectuado los pagos, el ente insistió no encontrar “mecanismos eficaces de control interno para la verificación del gasto” en ese municipio.
Bajo esa óptica la contraloría señaló entonces que la situación podría configurarse un presunto detrimento patrimonial de $3.554 millones y que incluso podría haberse configurado el delito de peculado por apropiación y concierto para delinquir.
“Se configura un posible hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por un monto de $3.554.740.000, correspondiente a recursos públicos comprometidos sin soporte contractual, sin registro contable y sin justificación legal”, señaló la contraloría en su informe.
