Justicia ordenó garantizar a las comunidades la consulta previa frente a la megaobra de Puerto Antioquia

Las comunidades afrodescendientes del Urabá antioqueño ganaron una batalla ante la justicia. Un juez del Circuito Judicial Administrativo de Turbo avaló la solicitud de seis consejos comunitarios de la región, y en consecuencia le exigió al Ministerio del Interior convocarlos en un plazo máximo de 48 horas para garantizarles el derecho pleno de consulta previa frente al megaproyecto Puerto Antioquia, que ya superó el 90% de avance en su construcción.

El fallo fue la respuesta a una acción de tutela interpuesta por los representantes legales de los consejos comunitarios Bahía Colombia, Martin Luther King Esperanza 2000, Los Mangos, Los Manatíes, Bocas de Atrato y Leoncito, estas comunidades exigieron la protección de sus derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y a la participación, igualdad y no discriminación de este.

Así las cosas, el fallo solicita a las autoridades accionadas, es decir, los responsables de Puerto Antioquia: Inversiones y Obras S.A.S. (PIO S.A.S.), así como al Ministerio del Interior, Corpourabá, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Distrito de Turbo a establecer las condiciones necesarias que permitan garantizar a satisfacción el proceso de consulta previa, tal como lo señala la ley.

Narciso Mena, representante de consejos comunitarios ante Corpourabá, le dijo a Blu Radio que la importancia del fallo radica en que el megaproyecto queda con la obligación de socializar detalles técnicos de la obra y reconocer totalmente cuáles serán los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales que quedarán a mediano y largo plazo por cuenta de la operación del puerto. En ese orden de ideas, tendrán que definir los mecanismos para garantizar ante las comunidades las medidas de mitigación, corrección y reparación que correspondan según los impactos.

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“¿Para qué la consulta previa? Para ver a qué comunidades impacta negativamente la construcción del puerto y a esas comunidades que van a salir afectadas por el impacto negativo que tenga la construcción del puerto, con esas comunidades es que el puerto se debe de sentar. Se habla del espacio de concertación y negociación”, señaló el líder comunitario a dicho medio.

Un elemento que destacó el fallo, y que evita que se generen suspicacias alrededor del mismo, es que la exigencia de consulta no implica suspender el proyecto que ya se encuentra en su etapa final, sino dejar claros ante las comunidades en zona de influencia cuáles serán las afectaciones que sufrirán y también definir de manera transparente las vías y formas en las que serán compensadas ante.

Hay que anotar que los procesos sociales y ambientales alrededor de este gigantesco proyecto han estado plagados de controversias en los últimos años. Uno de esos últimos capítulos enfrentó al presidente Gustavo Petro y al gobernador Andrés Julián Rendón, luego de que el presidente expresara en su cuenta de X la necesidad de que se cumplieran todos los requisitos del proyecto. “Le solicito al gobernador de Antioquia que haga que todos los requisitos para el proyecto de Puerto Antioquia de tipo ambiental y social se cumplan. Es la ley y deben cumplirla. Los municipios de Urabá deben recibir parte de las utilidades del puerto, y los permisos del uso del agua deben ser adquiridos”, expresó Petro en un trino.

Rendón le respondió señalando que la Gobernación “no tiene competencia para otorgar licencias ambientales, concesiones de agua o permisos de vertimientos. En este caso, esas funciones corresponden exclusivamente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a las CAR. Esto, conforme a la legislación vigente y en línea con el Decreto 1076 de 2015”.

En cuanto a licencias, hay que recordar que una década antes de que se pusiera la primera piedra, la Anla le aprobó a Puerto Antioquia, bajo la razón jurídica de sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá S.A., una licencia ambiental para la construcción y la operación de dicho terminal, que entonces se planteaba como uno de graneles sólidos y con una capacidad de 2,2 millones de toneladas.

Posteriormente, esa licencia fue ampliada en enero de 2016 a la de un terminal portuario multipropósito, con capacidad para mover alimentos perecederos, graneles sólidos, vehículos automotores, graneles líquidos, entre otros.

La megaobra también tramitó ante Corpourabá solicitud de licencia para la construcción de una línea de transmisión de 5,1 kilómetros entre la subestación de energía Nueva Colonia de EPM y el terminal, que tiene una vigencia de 30 años. También, ante la misma autoridad ambiental, tramitó una licencia para la construcción de una vía entre Nueva Colonia y la variante de Nueva Colonia.

Estos últimos trámites tuvieron enredos en los últimos meses, pues a finales de 2024, Corpourabá suspendió los términos de su licencia para la línea de transmisión, señalando que en un predio cercano al proyecto había una reclamación predial que ponía en duda la validez de las servidumbres que amparaban sus obras.

No obstante, la suspensión se levantó en febrero de este año. También la Anla ha “rajado” al proyecto en meses recientes tras inspecciones que evidenciaron intervenciones no autorizadas, como ocupaciones de cauces y playas. Pero estos últimos reclamos no han implicado suspensiones de obras ni retrasos.