Justicia ordena a Petro rectificar por acusaciones contra Marta Lucía Ramírez en redes sociales

El mensaje presidencial que originó la controversia fue una respuesta directa a la exvicepresidenta: “No, señora excanciller. Voy es a atacar a uno de sus socios comerciales: narcotraficante y paramilitar”. La publicación, según el expediente, tuvo más de 263.000 visualizaciones, 2.000 reposteos, 7.000 me gusta y cerca de 800 comentarios, lo que, de acuerdo con la defensa de Ramírez, amplificó el daño reputacional. “Muchos interpretaron literalmente la afirmación, atribuyéndole vínculos con organizaciones criminales”, señaló su equipo jurídico.

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El enfrentamiento se produjo tras unas declaraciones de Ramírez a un medio nacional, en las que criticó la respuesta del Gobierno colombiano frente a la crisis en la frontera con Venezuela y cuestionó la cercanía de Petro con Nicolás Maduro. La defensa de la exvicepresidenta sostuvo que la reacción del mandatario constituyó “una acusación falsa y lesiva” al asociarla, sin fundamento, con el narcotráfico y el paramilitarismo.

La Casa de Nariño fue requerida formalmente para rectificar el 4 de septiembre, pero respondió de manera negativa. Alejandro Melo, coordinador del grupo jurídico de la Presidencia, argumentó que el mensaje “no se refería de manera directa a la exvicepresidenta, sino a un tercero” y que se trataba “de un intercambio de opiniones políticas, no de una imputación delictiva”. No obstante, el juzgado consideró que las expresiones del presidente “cruzaron la línea” y vulneraron derechos fundamentales.

El fallo ordena a Petro publicar la retractación en un plazo máximo de 48 horas desde la notificación oficial. La decisión enfatizó que, aunque el presidente goza de libertad de expresión, su posición institucional le impone un deber de moderación verbal y rigor en la información que difunde.

Este caso se suma a una serie de decisiones judiciales recientes en su contra. Apenas el 16 de octubre, el mandatario cumplió la orden del Juzgado 54 Administrativo de Bogotá que le exigía rectificarse por haber llamado “narcofiscal” a Mario Andrés Burgos Patiño, funcionario de la Fiscalía. En ese fallo, confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la justicia concluyó que las declaraciones de Petro vulneraron los derechos al buen nombre y la dignidad del fiscal, al atribuirle sin pruebas vínculos con el narcotráfico.

En su comunicado de cumplimiento, Petro reconoció que Burgos “no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias” y que “goza de la presunción de inocencia consagrada en la Constitución”. No obstante, insistió en que sus manifestaciones previas fueron “juicios de valor y opiniones críticas” dentro del debate democrático.