JEP imputó a 28 militares retirados por su responsabilidad en 604 falsos positivos en la costa Caribe

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) imputó a un grupo de 28 militares retirados por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los uniformados en retiro serían los máximos responsables en cometer al menos 604 ejecuciones extrajudiciales de civiles (falsos positivos) en la región Caribe.

Entre las víctimas identificadas por la JEP hay 26 niños, niñas o adolescentes y 14 mujeres: una de ellas estaba en embarazo. Los crímenes fueron cometidos entre 2002 y 2008 en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

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“Al menos 604 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate”, señaló el magistrado Óscar Parra, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.

Hasta ahora, esta es la imputación que más territorio abarca con 19 unidades militares adscritas a la I División del Ejército. En la investigación también se identificaron 13 crímenes cometidos por la fuerza oficial fuera del periodo priorizado: es decir, antes de 2002 o después de 2008.

Es el caso de un adolescente asesinado en 1995. Los militares le explotaron una granada en la cabeza y luego exhibieron su cuerpo por las calles del municipio de San Pablo, Bolívar. Lo presentaron como un guerrillero dado de baja en combate.

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Entre los imputados figuran los generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth, los coroneles retirado l Juan José Rondón, y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo.

Hasta ahora hay 122 víctimas que no han podido identificar. La JEP detalló que el 76 % de las bajas en combate que reportaron esas 19 unidades militares, entre 2002 y 2008 fueron falsas.

“La JEP concluyó que estos hechos constituyeron un patrón de conducta, orientado a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como resultados legítimos, con la finalidad de mostrar éxitos en el desarrollo estratégico militar que adelantaba el Estado colombiano en contra de grupos armados al margen de la ley y, así, generar una mejor percepción de seguridad entre la población”, añadió el magistrado Parra.