JEP dicta la primera sentencia de 8 años contra exjefes de las Farc por secuestros

La Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP abrió la jornada a las 8:00 de la mañana de este 16 de septiembre con la lectura de la primera decisión en el caso denominado “Toma de rehenes: graves privaciones de la libertad y demás crímenes concurrentes”.

Los comparecientes en esta sentencia son Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘El Médico’; Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Pablo Catatumbo Torres Victoria; y Rodrigo Granda Escobar, alias ‘Ricardo Téllez’.

El tribunal concluyó que los exjefes de las Farc-EP fueron responsables de implementar una política de secuestros en todo el país. Según la JEP, esa práctica respondió a tres fines: financiar la estructura armada, presionar el intercambio de prisioneros y mantener control social y territorial en distintas regiones del país.

Además de los secuestros, la sentencia deja claro que durante los cautiverios se cometieron otros delitos graves que agravaron el sufrimiento de las víctimas. La JEP documentó homicidios de personas privadas de la libertad, desapariciones forzadas que prolongaron la incertidumbre de las familias, torturas físicas y psicológicas, tratos crueles e inhumanos y actos de violencia sexual.

También se registraron casos de desplazamiento forzado vinculados al secuestro y situaciones en las que las personas fueron obligadas a realizar labores sin pago, lo que el tribunal calificó como ‘esclavitud’.

Estos delitos no se analizaron de manera aislada. La JEP determinó que se trató de un patrón sistemático, generalizado en el tiempo y en el territorio, lo que llevó a calificarlos como crímenes de guerra y de lesa humanidad. La jurisdicción explicó que las afectaciones no solo impactaron a quienes estuvieron en cautiverio, sino también a sus familias, comunidades y a la vida cotidiana en regiones enteras.

La Sección impuso una sentencia de ocho años de sanción propia a siete exintegrantes de las Farc por secuestros y otros delitos cometidos durante el cautiverio de miles de personas.

Una decisión que aplica bajo la fórmula prevista en el Acuerdo Final de Paz, que habilita este tipo de sanciones restaurativas en lugar de prisión ordinaria.

La idea es la realización de trabajos, obras y actividades se orienten a reparar los daños ocasionados y a aportar beneficios tangibles a las víctimas y a las comunidades más golpeadas por el conflicto. Entre los ejemplos mencionados están el desminado humanitario, la búsqueda de personas desaparecidas, iniciativas de memoria y programas de recuperación ambiental. Todo ello bajo verificación de la JEP, la comunidad internacional y las comunidades locales.

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