JEP convocó a audiencia urgente para tratar la crisis de seguridad de los firmantes de paz

JEP convocó a audiencia urgente para tratar la crisis de seguridad de los firmantes de paz

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) convocó a una audiencia para abordar –con distintas instituciones del Estado– la crisis de seguridad que enfrentan los firmantes de paz en distintos territorios por el recrudecimiento del conflicto.

La audiencia quedó fijada para el próximo 10 de abril en la sede principal de la JEP en Bogotá. La preocupación no es menor, en lo que va del año se han registrado 15 asesinatos de excombatientes y los enfrentamientos entre grupos armados han obligado a tres comunidades de firmantes a desplazarse de los sitios donde adelantaban los procesos de reincorporación.

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“Este espacio tiene como objetivo coordinar acciones urgentes y efectivas para salvaguardar su vida e integridad”, señaló la JEP en un comunicado.

La Jurisdicción advirtió que los ataques contra los excombatientes se configura, también, en una vulneración a las víctimas de acceder plenamente a los derechos de verdad, justicia y reparación.

Entérese: ¿Por qué los firmantes de paz son víctimas de desplazamiento?

“Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, se han contabilizado 456 homicidios. A esta alarmante cifra se suman los desplazamientos colectivos e individuales que siguen afectando a esta población, evidenciando un deterioro en las garantías de seguridad y en la oferta institucional destinada a su protección”, añadió el tribunal especial.

A la audiencia están citados la Fiscalía, los ministerios de Defensa e Interior, la alta Consejería para la Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Nacional de Tierras y delegados de los firmantes de paz y del partido Comunes.

Los excombantientes, en varias ocasiones, se han visto obligados a desplazarse por razones del conflicto armado. Ya ocurrió en Ituango, Yalí y Yondó (Antioquia), en el Yarí, en La Guajira, en el Meta y en Norte de Santander.

Son víctimas de amenazas, intentos de reclutamiento por parte de los armados ilegales y desde la firma del Acuerdo de Paz, según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU, se han registrado 441 asesinatos de esta población.

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