JEP afina detalles de su primera sentencia en medio de inconformidad de algunas víctimas y comparecientes

En unos 20 días hábiles se conocerá la sentencia y las penas que deberán pagar los procesados en este macrocaso 01, que investiga y juzga los crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con secuestro. De momento, la JEP evalúa si se cumplen con las condiciones jurídicas y restaurativas para imponer las sanciones a los comparecientes.

En este proceso, los llamados a responder son Rodrigo Londoño Echeverri, último jefe de esa organización armada y ahora líder del partido Comunes. También están Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra.

“El país y la comunidad internacional nos reclaman las sentencias. Sí, son una consecuencia, pero hemos tomado el tiempo necesario para lograr el objetivo de escuchar. Este es un momento histórico en el diseño de la justicia colombiana, donde las víctimas tienen la oportunidad de ser escuchadas, no solo a lo largo del procedimiento, sino especialmente hoy, cuando podrán hacer sus propuestas y presentar sus reclamaciones”, dijo el magistrado Camilo Suárez durante la audiencia de este 1 de agosto.

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Justo en este espacio, algunas de las víctimas de secuestro –en este proceso hay 4.100 víctimas acreditadas– aprovecharon el momento para realizar críticas a la manera en la que está procediendo la JEP.

Una de las voces que más retumbó en el auditorio fue la de Sigifredo López, exdiputado del Valle que fue secuestrado el 11 de abril de 2002 por esta guerrilla y que sobrevivió a la masacre de sus 11 compañeros en junio de 2007.

“La JEP, al certificar que comparecientes de las Farc han cumplido con requisitos de verdad y restauración a víctimas, está siendo cómplice de victimarios y consolidándose como un máximo tribunal de impunidad. Qué injusticia. Qué decepción. La historia los juzgará”, dijo López.

López aseguró que la JEP ha certificado como medidas reparadoras cosas que, para él, resultan absurdas frente a las necesidades de las víctimas de verdad, justicia y reparación. Advirtió, por ejemplo, que se certificó la instalación de un sanitario o la participación en un ciclopaseo como aportes reparadores de los comparecientes. “¿En qué restaura eso la vida de las víctimas? En nada”, cuestionó.

La Sala de Reconocimiento advirtió que las Farc, desde 1993, empezaron a incluir la política criminal de secuestro: exigían a cada frente financiarse a través de las retenciones extorsivas. Las víctimas no distinguían. Eran civiles, policías y militares. Muchos de ellos estuvieron secuestrados durante años en condiciones extremas. Muchas de las víctimas fueron desaparecidas forzosamente.

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Los relatos de las víctimas indican que, durante el cautiverio, fueron sometidos a encadenamientos, amarres, marchas forzosas sin considerar la salud o edad, golpes, gritos, burlas, encierros prolongados, negligencia médica y hasta violencia sexual. Todas esas prácticas señaladas como vulneración al Derecho Internacional Humanitario.

Durante la audiencia de este 31 de julio, estuvieron ausentes Rodrigo Londoño, Rodrigo Granda y Pablo Catatumbo estuvieron ausentes por incapacidad médica. En la mañana de este 1 de agosto Catatumbo fue obligado a conectarse de manera virtual, el magistrado Suárez le advirtió que podía incurrir en desacato.

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“Nos reafirmamos en el compromiso con la contribución a la verdad y el cumplimiento de lo pactado, a pesar de los señalamientos públicos, la estigmatización y los graves hechos de victimización de los que hemos sido objeto. Nos alienta la convicción de que la verdad, la reparación y la no repetición son pilares esenciales para una paz duradera”, apuntaron los 7 comparecientes en un comunicado.

El pasado 24 de julio, los 7 miembros del último Secretariado acudieron a la Sección de Revisión de la JEP y presentaron una tutela. Pidieron que el macrocaso de secuestro fuera frenado, ¿la razón? No están dispuestos a reconocer la imputación por esclavitud.

Los 7 miembros del último Secretariado han reconocido su responsabilidad y participación en los delitos de secuestro. Pero también se han mostrado reacios a aceptar que los rehenes fueron esclavizados.

En los contextos de conflicto es “común” que se cometan retenciones ilegales de rehenes, sin embargo, la esclavitud y la tortura son tan execrables que hasta el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma le dan un tratamiento diferencial a este delito.

Una sentencia en contra por esclavitud –así la sanción sea en el escenario restaurativo– es un riesgo reputacional frente a la comunidad internacional y ante los militantes que logró consolidar desde que los exFarc se convirtieron en el partido político Comunes. Hasta ahora no se ha conocido una respuesta a la acción de tutela.

En todo caso, finalizada la audiencia de este 1 de agosto, la JEP tendrá hasta 20 días hábiles para emitir la sentencia: será la primera en 7 años de funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz.