Jair Bolsonaro será enjuiciado por intento de golpe de Estado

En Brasil es largo el historial de procesos de diverso tipo por casos de corrupción que han envuelto a presidentes y exmandatarios, pero este 26 de marzo el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia de justicia brasileña, marcó un hito al decidir de forma unánime llevar a juicio al conservador Jair Bolsonaro, quien gobernó entre 2019 y 2022, por intento de golpe de Estado.

La Primera Sala del STF, en votación unánime de sus magistrados, decidió acoger la denuncia presentada en contra del exmandatario, quien buscó la relección en 2022 y según la investigación preliminar orquestó un plan para evitar que el ganador de los comicios, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera la Presidencia el 1 de enero de 2023.

El STF decidió enjuiciar a Bolsonaro y otros siete colaboradores cercanos suyos mientras fue jefe de Estado y se les achacan los siguientes delitos: abolición violenta del Estado de derecho, intento de golpe de Estado, organización criminal, así como daños a los bienes nacionales y deterioro de patrimonio cultural. Estos dos últimos relacionados con el fallido intento de tomar edificaciones públicas en Brasilia, el 8 de enero de enero de 2023, por parte de seguidores de Bolsonaro.

El exmandatario, quien buscaba la relección en 2022, perdió por mínima diferencia ante quien para entonces había sido dos veces presidente de Brasil, Lula da Silva. Bolsonaro denunció este miércoles una componenda para anularlo políticamente encabezada por el magistrado, Alexandre de Moraes, a quien ha señalado de estar aliado a Lula da Silva.

«La pieza clave de la acusación es el testimonio del exayudante de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, quien decidió colaborar con la Justicia tras estar en prisión preventiva. Su confesión y los datos de su teléfono celular permitieron revelar los contactos, planes y movimientos de la trama golpista», recalcó el experto en política latinoamericana Daniel Zovatto, al ser consultado por DIARIO DE CUBA.

Además de este proceso que es el más grave e inédito en la historia democrática de Brasil, Bolsonaro tiene una lluvia de procesos judiciales en su contra. Se trata de otras investigaciones por corrupción, falsificación de documentos y abuso de poder, y por si fuera poco, está inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030.

«Sin embargo, Bolsonaro continúa liderando la oposición y mantiene una base de apoyo significativa. A pesar de los procesos judiciales, sigue siendo un actor político relevante en un contexto donde el Gobierno de Lula da Silva atraviesa una severa crisis de popularidad, marcada por la inflación y el descontento social», matiza Zovatto, ex director regional de Idea, una fundación internacional dedicada a la promoción de la democracia.

Parte de la conspiración golpista, según la Fiscalía, implicaba un plan para potencialmente asesinar al presidente electo (entonces, a fines de 2022) Lula da Silva, a su vicepresidente y a un magistrado del STF, Alexandre de Moraes. Bolsonaro ha negado, de forma reiterada, cualquier irregularidad y participación suya en estos delitos.

Entre los siete excolaboradores cercanos de Bolsonaro que también irán a juicio ante el Supremo Tribunal, figuran tres generales del Ejército: Augusto Heleno (exministro de la Oficina de Seguridad Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (exministro de Defensa) y Braga Netto (exministro de la Casa Civil).

El fiscal general Paulo Gonet argumentó ante el STF este martes que existían pruebas suficientes para llevar el caso a juicio. Afirmó que los acusados habían formado una organización criminal para «generar reacciones que garantizaran su continuidad en el poder», independientemente del resultado de las elecciones de 2022.

Gonet sostiene que el intento de golpe de Estado comenzó en 2022, durante el mandato presidencial de Bolsonaro, y culminó con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron y vandalizaron las tres sedes de los poderes públicos en Brasilia, en teoría para rechazar los resultados de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en octubre de 2022.

De ser declarado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 28 años de prisión, según CNN Brasil.

En 2023, Bolsonaro fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años después de que una investigación independiente sobre presunto abuso de poder lo declarara culpable de difundir información errónea sobre la integridad del aparato electoral brasileño a gobiernos extranjeros.

«Estoy bien. Siempre espero justicia. Nada está fundamentado en las acusaciones, hechas de manera sesgada, por la Policía Federal», dijo el exmandatario, refiriéndose al informe de 884 páginas presentado a finales de noviembre ante el STF y que ha servido de base para enjuiciarlo formalmente.