Investigan la trama empresarial de allegados a Esteban Restrepo

La Fiscalía está escudriñando hasta debajo de las piedras para tratar de hallar posibles fugas de dinero del erario público durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. Uno de los filones de esa indagación son los bienes que puedan haber adquirido exfuncionarios de alto rango y sus familias.

Así es como les ha surgido a los investigadores la pregunta acerca de las transacciones de dos empresas en las que los accionistas son casi todos familiares de Esteban Restrepo Taborda, y que coinciden con el periodo en el que este se desempeñó en altos cargos dentro de la administración de Medellín.

Igualmente, estarían rastreando movimientos económicos y empresariales en los entornos de los exsecretarios Juan Pablo Ramírez, Santiago Preciado y Karen Delgado, otras tres personas que tuvieron gran influencia dentro del Distrito y del movimiento Independientes que llevó a Quintero al máximo cargo público de Medellín.

Vale la pena recordar que Restrepo Taborda fue la mano derecha del exmandatario Quintero y como tal ocupó puestos como el de Secretario de Gobierno. Después de renunciar, Restrepo se “quemó” al aspirar a la Gobernación de Antioquia, pero saltó a un cargo como director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y desde noviembre del año pasado se desempeña como profesional de apoyo a la Presidencia de Ecopetrol.

Restrepo ha sido cuestionado por supuestas manipulaciones en su hoja de vida para acreditar la experiencia requerida en cada cargo. Sin embargo, ahora lo que están hurgando es si el incremento en el patrimonio de algunos allegados obedece o no a transacciones legales.

Varios testigos les han dicho a las autoridades que alrededor de la anterior Alcaldía se habría montado un entramado que direccionaba contratos hacia empresas de aliados u otras que pagaban en promedio un 10% de coima por cada contrato firmado.

Los cobros se hacían en efectivo y por adelantado, con el fin de no dejar rastros de la transacción irregular, de acuerdo con esos testimonios.

Restrepo hacía parte oficialmente del Comité de Contratación de la Alcaldía y, según las mismas versiones que ha escuchado la Fiscalía, también habría conformado un círculo reducido para el manejo de los contratos, en el que habría estado igualmente Miguel Quintero, el hermano del exalcalde (aunque no tenía ningún cargo en la administración).

De ahí que, orientados por una máxima según la cual para desentrañar la corrupción hay que seguir la ruta del dinero, los investigadores están mirando los movimientos financieros de la familia de Restrepo. En ese ejercicio, les han llamado poderosamente la atención las inversiones de varios parientes por consanguinidad que están vinculados con dos empresas cuyas operaciones se incrementaron de manera notoria y coincidente con el salto de Restrepo al curubito del poder distrital.

Estas indagaciones se han dirigido sobre todo a Inversiones Vásquez Inverliano SAS y la Finca Hotel Sawa, un complejo turístico que montaron en una zona rural localizada sobre la vía que comunica a Maceo con San José del Nus. Las operaciones de ambas resultan, además, complementarias.

Vásquez Inverliano fue constituida oficialmente en la Cámara de Comercio de Medellín a mediados de junio de 2021. Su propósito, primero, fue el alquiler de vehículos; después, amplió su espectro hacia el arriendo y venta de inmuebles rurales y urbanos, y luego se ha dedicado igualmente a la compra y venta de ganado.

Aunque su sede registrada queda en el apartamento de una unidad residencial de Bello, también cuenta con un concesionario de compra-venta de vehículos sobre la avenida Bolivariana de Medellín.

Los diez socios iniciales, casi todos parientes, aportaron en total 635 millones de pesos como capital de arranque. Entre ellos están la tía de Esteban Retrepo en línea materna, María Gladis Taborda Jaramillo (puso $100 millones, según el acta de constitución), igual que sus primos –hijos de ella– Juan David ($50 millones) y Adriana María Vásquez Taborda ($50 millones); así mismo, el esposo de la última mencionada, Cristian Alberto Pulgarín ($100 millones), y tanto la esposa como dos cuñadas del último: Claribel ($100 millones), Luisa Fernanda ($25 millones) y Sindy Juliana Aristizábal Ruiz ($50 millones), respectivamente. El colofón de este círculo que mezcla parentesco y negocios alrededor de Vásquez Inverliano está representado en Julián Andrés Vega, el esposo de Sindy Juliana Aristizábal, quien aportó $50 millones.

Los dos únicos particulares en el proyecto fueron Manuel Arturo Copete Agudelo, con $50 millones, y Yesika Liceth Jiménez Quintero, con $60 millones aportados para iniciar labores.

Menos de un año y medio después, en otra asamblea de socios, aprobaron una capitalización por $691 millones más, de manera que el monto autorizado y pagado quedó en $1.326 millones, de los cuales el 82,7% fue desembolsado por el entorno familiar ampliado de Restrepo. Esa aparente confianza en el futuro del negocio contrasta con los resultados: en 2024 las utilidades operacionales si acaso alcanzaron a $53 millones.

Los investigadores se han preguntado por el origen de esos recursos, pues en varios de los accionistas hay dudas de la solvencia.

Tal vez la de mejor perfil laboral y profesional es Adriana Vásquez, quien puso $104,7 millones en total; en su perfil registra una especialización en pedagogía y docencia y maestría en educación con énfasis en inclusión, además de su desempeño como terapeuta respiratoria en una clínica de prestigio, y coordinadora de docencia en una universidad.

Su esposo Cristian, que puso poco más de $208 millones en los dos aportes, curiosamente en 2020 figuraba con una demanda ejecutiva por no pagar las cuotas de administración en la copropiedad del edificio Balcones del Mediterráneo, localizado en el barrio San José Obrero de Bello, y justo el mismo sitio que aparece en algunos papeles como domicilio de Inverliano. Eso ha llevado a los investigadores a dudar de su liquidez y, por los reportes negativos que genera una demanda para optar por un préstamo bancario, de su capacidad de endeudamiento.

Julián Andrés Vega, quien puso $104,7 millones, sería alguien que ha sido funcionario del Inpec.

Por su parte, Claribel Aristizábal, otra de las que más aportó ($208 millones) era beneficiaria –no cotizante– en el sistema de salud y no estaba registrada en ninguna Administradora de Riesgos Laborales (ARL), lo mismo que el señor Copete. Esto es relevante porque llevaría a pensar que no ejercían ninguna actividad productiva de la cual pudieran derivar ingresos como para una inversión tan cuantiosa.

De otro lado, Juan David Vásquez, del que se dice que es con su primo Esteban como la uña y la mugre, es quien ha fungido como gerente de Vásquez Inverliano. En las imágenes que ha colgado en redes sociales se nota un cambio en el aspecto de ciudadano del común que se tomaba fotos en ambientes de barrio, a un hombre con pinta de ganadero, vestido de sombrero de ala ancha y montando caballos de paso fino. Así aparece como juanchovasqueznegocios ofreciendo carros y promocionándose como la mejor opción si alguien tiene propiedades o ganado para vender.

Sin embargo, ese no es el único detalle llamativo, pues en los registros del Consejo Nacional Electoral resalta como el mayor donante para la campaña de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín, con $30 millones (10% del total recaudado), en tanto que el segundo fue otro que aportó $27,9 millones pero en especie y Esteban Restrepo hizo lo propio por $6,5 millones, también en una modalidad diferente al dinero en efectivo.

Pero ahí no para el historial relacionado con la inusitada bonanza de los familiares de Esteban Restrepo en el cual tienen puestos los ojos. Resulta que en septiembre de 2022, en un negocio que se cerró en la Notaría 15 del barrio El Poblado de Medellín, Vásquez Inverliano adquirió dos lotes en la vereda San Cipriano, de Maceo. Estos quedan en un trayecto de la vía que comunica a ese municipio con San José del Nus y previamente eran conocidos como Maca Finca Hotel.

Uno figura en documentos del Catastro Departamental con un área de 7,98 hectáreas y el otro en el certificado de tradición y libertad aparece con casi una hectárea. La transacción oficialmente se hizo por $500 millones, sin que haya quedado sujeta a ninguna hipoteca por crédito bancario. Pero su valor comercial superaría por mucho esa cantidad.

Fuera de eso, la propiedad ha sido objeto de múltiples modificaciones y mejoras en la parte locativa para que sirva de hospedaje de lujo, con todas las comodidades, jardines y zonas verdes. De hecho, la comparación de las imágenes satelitales anteriores a la compra con las posteriores muestran que le hicieron también carretera, un gasto que para nada es menor. Parejas o exparejas de Restrepo han montado fotos en redes sociales con Sawa como fondo.

Un perito consultado para este artículo, y que pidió no mencionar su nombre, estima que todas esas adaptaciones no se podrían haber hecho con menos de $2.000 millones, más el costo del ganado que suele pastar en el lote ubicado al otro lado de la carretera, también al servicio del mismo complejo.

No obstante, para manejar el centro recreativo de manera autónoma, crearon la empresa Sawa Finca Hotel SAS, cuyo representante legal es Juan Carlos Taborda, el tío de Esteban, Juan David y Adriana. Como representante suplente está Elizabeth Pulgarín Orrego, que por sus apellidos se infiere que es hermana de uno de los socios de Vásquez Inverliano.

Y de nuevo, la pregunta que se hacen los investigadores es ¿de dónde salió tanto dinero?

Este medio llamó a los teléfonos de Vásquez Inverliano que aparecen en documentos. En uno contestó Cristian Pulgarín, quien acotó que en este negocio familia nada tiene que ver el exsecretario Restrepo. “Fredy no ha participado, él siempre ha sido muy respetuoso, muy ajeno; solo da su concepto si uno le pregunta algo, teniendo en cuenta su experiencia”.

En el otro teléfono, en el que Pulgarín dijo que podíamos hallar a su cuñado Juan David Vásquez, no contestaron llamadas ni mensajes.

Entre dos exsecretarios de Daniel Quintero, Karen Bibiana Delgado y Santiago Preciado, no para de haber afinidades. Para comenzar, ambos han sido pareja y además se parecen en que están enredados en líos legales por actuaciones de presunta corrupción dentro de su rol administrativo. Ahora también están relacionados a partir de una empresa en la que ella figura como accionista y él como representante legal.

La firma se llama Lexia Consultores y Asesores SAS. Una revisión de documentos en bases de datos de acceso libre para el público muestra que la firma fue creada ante la Cámara de Comercio de Bogotá en octubre de 2018 con el nombre de Grupo Avanzar Asesores y Consultores, por Karen Delgado y su prima Ivonne Melissa Bejarano Delgado, acompañadas de otra socia. Su domicilio quedaba en el barrio Chapinero de Bogotá.

En junio de 2021 hay un movimiento que llama la atención, pues la asamblea de accionistas designó como representante legal al abogado Carlos Alejandro Toro Prieto, cuyo padre, Carlos Arturo Toro López, ha sido abogado del senador Iván Cepeda y del testigo Juan Guillermo Monsalve en el caso por el cual el expresidente Álvaro Uribe Vélez está acusado de soborno y manipulación de testigos.

Cuando ese nombramiento se dio, Toro Prieto reemplazó a Karen Delgado, quien desde principios de 2020, tan pronto comenzó el periodo de Quintero en la Alcaldía de Medellín, se había posesionado como secretaria de Suministros y Servicios. Ese dato será importante para lo que viene en un rato.

Por lo pronto, hay que destacar que entre 2020 y 2022, Avanzar tuvo contratos para asesorar al alcalde de Anolaima (Cundinamarca), Luis Hernando Martínez (Partido Alianza Verde) y para representar a la administración de ese municipio en procesos judiciales. Y es significativo porque, en septiembre de 2023, ese mandatario fue afectado con casa por cárcel por una medida pedida por la Fiscalía, y por una suspensión del cargo de parte de la Procuraduría, dentro de los procesos por presuntas irregularidades en la apertura de una planta de beneficio animal y el cobro del impuesto de degüello cuyo recaudo no habría entrado a las arcas del municipio.

En los registros de contratación pública consultados por EL COLOMBIANO figura igualmente que Avanzar facturó más recientemente por cuenta de servicios de acompañamiento jurídico prestados al alcalde de Cota (Cundinamarca) en un contrato por $176,5 millones firmado a principios de 2025.

Volviendo al principio, un hecho que daría para indagación de organismos de control fueron los contratos que firmó Toro Prieto con la Alcaldía de Medellín –con miras a comprobar que no se hayan presentado inhabilidades o incompatibilidades o algún interés indebido– mientras la accionista y aún durante parte de ese tiempo representante legal de la firma que él también ha gerenciado era a la vez secretaria de Suministros y Servicios.

De hecho, por lo menos uno de esos contratos fue firmado por los mismos Delgado y Toro, y son los mismos que aparecen en un acta de la firma Avanzar, del 22 de julio de 2021, en la que ella deja el cargo de representante legal suplente y él lo asume.

En total, Toro contrató con la administración Quintero alrededor de $430 millones; y es más, por lo menos dos de esos contratos, por un monto total de $140 millones.

El primero de abril del año pasado, cuando Delgado y su prima aparecían como accionistas únicas, se produjo el cambio de razón social para que Avanzar siguiera llamándose Lexia.

Al parecer, Toro había vuelto a ser representante legal después de su paso por la capital antioqueña y desde enero de 2025 se da un relevo, de manera que Ivonne Melisa Bejarano empezó a figurar como cabeza y como suplente, Santiago Preciado, quien fue, según versiones no desmentidas, pareja de Delgado al inicio de la administración Quintero.

Este medio constató que Preciado es a la vez accionista de una firma denominada Conecta Relaciones y Estrategias y que tiene una historia similar a la de Lexia. Había sido creada en 2015 como empresa de transporte con sede en el sector de Belén y en una asamblea del 24 de noviembre de 2023 cambió tanto de razón social como de propósito. El nuevo objeto a partir de ahí es “diagnosticar, formular, promover, coordinar, asesorar y ejecutar planes, programas, eventos y proyectos de interés social, ambiental, educativos, artísticos, culturales, deportivos, productos, de mercadeo, recreativos, investigativos, de salud, seguridad, derechos humanos, construcción de paz, empresariales y de infraestructura, en aras de fortalecer el sentido de pertenencia de los individuos con sus comunidades en pro del mejoramiento de la calidad de vida de las personas más vulnerables, de los asociados, de entidades públicas y privadas, y de la comunidad”.

Es decir, un espectro de acción amplio como para contratar posiblemente asuntos del Presupuesto Participativo, un área en la que Preciado debió aprender bastante a moverse tras ser contratista y subsecretario de Participación, la dependencia del Distrito que maneja ese rubro del erario. Sin embargo, por lo pronto es casi una firma de papel, que en 2024 no reportó ingresos y en cambio sí una pérdida de $617.000.

EL COLOMBIANO trató de conocer la versión de Delgado sobre estos temas, pero no obtuvo respuesta. Preciado, entre tanto, respondió: “Mi relación actual con esa empresa es ser representante legal suplente”. Y agregó: “Desconozco si existía la situación que usted indica. Lo que sí sé es que al momento de contratar con el Estado uno siempre debe indicar si cuenta con inhabilidades e incompatibilidades, y si no existen, se puede contratar sin problema”.

El paso de Delgado por la administración de Medellín estuvo marcado por controversias como la entrega del bloque Las Malvinas de la Plaza Mayorista a una inmobiliaria cercana al quinterismo, el arrendamiento de los parqueaderos del estadio a un firma que administraba un café y la adjudicación del procesamiento de la chatarra de los carros inmovilizados por infracciones.

Sobre ella pesan varios procesos relacionados con su gestión. Por ejemplo, un pliego de cargos ante la Procuraduría por presuntas anomalías en el manejo de contratos de la Clínica Saludcoop de la 80. A finales de 2023 la Personería hizo lo propio por otro contrato que esta firmó en 2020 para adquirir licencias de un curso de inglés dirigido a colegios oficiales y sin licitación. Y está imputada en el caso Aguas Vivas, en el cual está incluido también el exalcalde Quintero. El cargo contra Delgado es interés indebido en celebración de contratos.

A Preciado lo nombran en el expediente por el manejo dado al presupuesto para poblaciones vulnerables mientras fue subsecretario y secretario de Inclusión Social. Pero el ruido más grande en el que ha sonado es la cita en la que habría constreñido a contratistas para que dieran dinero con destino al proyecto político del movimiento Independientes y a una supuesta campaña de Quintero a la Presidencia. La Fiscalía estaría indagando, además, cómo entre julio de 2023 y octubre de 2023, Preciado adquirió tres apartamentos y otros inmuebles que podrían valer por lo menos $1.200 millones.

Otro filón de las indagaciones de ese mismo organismo es el manejo que se les dio a los recursos del Presupuesto Participativo, que en Medellín equivalen al 5% del rubro de inversión. En el periodo anterior fueron cerca de $1,2 billones y existen denuncias sobre una presunta red de corrupción que se habría apropiado de parte de esos recursos.

Este es un dinero manejado por la Secretaría de Participación, donde estuvo como titular Juan Pablo Ramírez –otro muy cercano a Quintero– y existen versiones de que cuando salió de allí para la Secretaría de Inclusión, habría seguido controlando los hilos del poder.

Al respecto, los investigadores tienen la lupa puesta sobre supuestas inversiones de allegados a Ramírez en la compra-venta de vehículos y en el mejoramiento de una finca localizada en el área rural de Yolombó (Nordeste antioqueño).

También han extendido sus pesquisas hacia los movimientos económicos de María Alejandra Cataño, quien manejó las comunicaciones de Ramírez y ha sido también su pareja.

En febrero de 2024, Cataño conformó una empresa de logística y organización de eventos, con un capital inicial de cinco millones de pesos, aunque aparentemente hasta ahora no registra mayor actividad.