Investigación en el CNE por la financiación de la campaña Petro precluiría el próximo año

Pese al fallo de la Corte Constitucional que le quitó competencia para investigar al presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene abierta la investigación por la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022.

Aunque la decisión del alto tribunal excluyó al mandatario del alcance del proceso, la indagación sigue en curso respecto de otros actores clave de la campaña y de los hechos objeto de control. A pesar de las múltiples interrupciones, por tutelas, recusaciones, impedimentos y recursos, el expediente sigue activo, aunque con plazos extendidos.

El CNE ya formuló cargos por presuntas violaciones a los topes de financiación. Según los hallazgos preliminares, durante la primera vuelta presidencial se habrían excedido los gastos en $3.709 millones, y en la segunda vuelta, en $1.646 millones adicionales. En total, el sobrepaso sería de $5.355 millones, lo que constituye una falta grave, según la legislación electoral.

Por estos hechos son investigados Ricardo Roa, gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol; Lucy Mogollón, tesorera; María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus, auditores; así como el movimiento político Unión Patriótica (UP) y el partido Colombia Humana.

En un comienzo, se proyectaba que el caso podría precluir el próximo 18 de julio si para esa fecha no se tomaba una decisión de fondo. Ese posible vencimiento de términos generó ruido en las últimas semanas, ante la proximidad de la fecha.

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Sin embargo, El Colombiano pudo establecer que esa fecha ya no es vigente. Debido a la complejidad del proceso y a los retrasos acumulados, los plazos se ampliaron y la eventual preclusión solo se produciría en 2026.

Entre otras situaciones, el expediente en el CNE estuvo suspendido durante varias semanas por cuenta de una medida cautelar emitida por la Corte Constitucional. Y actualmente, los términos siguen congelados desde hace más de un mes por un recurso interpuesto por la magistrada ponente, Alba Lucía Velásquez Hernández.

Fuentes cercanas aseguran que el presidente Petro estaría buscando que el caso precluya, con el objetivo de dar por cerrado, al menos en el ámbito administrativo, un episodio que expuso posibles irregularidades en el manejo de recursos durante la campaña presidencial.