Informe expone el entramado legal que reprime el derecho de asociación en Cuba

MADRID, España.- La organización independiente de derechos humanos Ciudadanía y Libertad presentó este domingo el informe jurídico titulado “El derecho de asociación en Cuba: arquitectura legal de la represión”, en el que documenta con rigor cómo las leyes vigentes en la isla obstaculizan la creación de asociaciones independientes y consolidan un sistema legal de represión institucionalizada.

El informe, redactado por las investigadoras Maylin Fernández y Carolina Barrero, realiza un análisis detallado del marco normativo cubano, señalando que el derecho de asociación está profundamente subordinado a la doctrina del sistema político vigente, cuya base constitucional garantiza la “irreversibilidad del socialismo”. El documento denuncia que esta estructura legal no solo restringe, sino que criminaliza la existencia de colectivos autónomos ajenos al control del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el procedimiento legal para registrar nuevas asociaciones —regulado por la Ley 54/1985 y su reglamento— funciona más como un instrumento de control ideológico y censura que como una vía para facilitar la participación ciudadana y la pluralidad de voces en la esfera pública. Además, el informe expone cómo leyes adicionales como la Ley 80/1996 y la Ley 88/1999 penalizan de forma severa el acceso a financiamiento internacional, considerándolo incluso como un acto de “colaboración con potencias extranjeras”.

Criterios arbitrarios y exclusión estructural

Carolina Barrero, coautora del informe, destacó durante la presentación que existen criterios arbitrarios en la legislación para denegar el registro de nuevas asociaciones. Uno de los más significativos es el artículo 8, inciso d) de la Ley 54, que permite rechazar solicitudes si ya existe otra organización con objetivos “idénticos o similares”. En la práctica, esta cláusula impide el surgimiento de cualquier iniciativa ciudadana en ámbitos como el arte, la abogacía o el trabajo sindical, al alegarse que existen ya entidades oficiales como la UNEAC, la Unión de Juristas o la CTC.

A esta limitación se suma el artículo 2 de la misma ley, que define un sistema cerrado de “categorías asociativas” (científicas, culturales, deportivas o de amistad), excluyendo explícitamente a las organizaciones políticas, religiosas y de derechos humanos. Barrero subrayó que este sistema revela el carácter totalitario del régimen, al dejar sin espacio legal a las expresiones más críticas y diversas de la sociedad civil.

El documento también señala que las asociaciones no registradas son consideradas ilícitas bajo el artículo 274.1 del nuevo Código Penal de 2022, lo que conlleva penas de prisión, multas y confiscación de bienes. Además, el artículo 120.1 penaliza el “ejercicio arbitrario de derechos”, una formulación ambigua que puede aplicarse contra quienes intentan ejercer el derecho de asociación de manera independiente.

Un sistema diseñado para impedir la pluralidad

El informe destaca que el Registro de Asociaciones en Cuba no es público ni transparente, lo que impide cualquier forma de fiscalización ciudadana. Este nivel de opacidad institucional, sumado al carácter excluyente del marco legal, convierte al Estado cubano en el único árbitro de la legalidad asociativa, monopolizando la vida cívica y dejando sin derechos efectivos a aquellos ciudadanos que no se alineen con sus intereses.

Las organizaciones oficialmente reconocidas, añade el informe, actúan como “correas de transmisión ideológica” y no como actores independientes. Quienes no se integran a estas estructuras enfrentan represalias laborales y administrativas, quedando marginados de oportunidades profesionales, culturales y sociales.

Ciudadanía y Libertad ha concebido este informe como una herramienta jurídica y política de denuncia, pero también como un llamado a la acción. La organización insta a gobiernos democráticos, organismos internacionales y actores de la cooperación a asumir una postura firme y comprometida con la defensa de los derechos de asociación en la isla.

“Asociarse no es un delito”, concluye el video de presentación difundido por Barrero, quien invita a compartir y visibilizar los hallazgos del informe como parte de una campaña de concientización que continuará en las próximas semanas.

Con esta iniciativa, Ciudadanía y Libertad busca romper el silencio que pesa sobre la criminalización del asociacionismo en Cuba y contribuir a la defensa de un espacio cívico plural, autónomo y respetuoso de los derechos humanos.