Incluyen al fiscal del caso Barrenechea en la lista de represores cubanos

MADRID, España.- La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) ha incluido al fiscal Ayrebi Miranda Pérez en su base de datos pública de represores cubanos por su papel en la criminalización de seis ciudadanos del municipio Encrucijada, en Villa Clara, que participaron en una protesta pacífica en noviembre de 2024 para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico durante un prolongado apagón.

Miranda Pérez, fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, solicitó penas de hasta nueve años de prisión para los acusados, basándose en el Expediente de Fase Preparatoria 944 de 2024, por el supuesto delito de Desórdenes Públicos.

Entre los imputados se encuentra el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, para quien el fiscal pidió seis años de privación de libertad. Los otros sancionados con peticiones de cárcel fueron:

• Yandry Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera: 9 años
• Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa y Marcos Daniel Díaz Rodríguez: 5 años
• Yuniesky Lorences Domínguez: 4 años

La manifestación ocurrió el 7 de noviembre de 2024, sobre las 7:30 de la noche, cuando los seis vecinos se dirigieron a la sede del Gobierno y el Partido Comunista de Encrucijada, portando calderos, sillas y cubos plásticos, y gritando “¡Queremos corriente!”. No hubo daños materiales, agresión ni alteración grave del orden público. Todos los acusados carecían de antecedentes penales, y algunos habían recibido reconocimientos laborales o participaban en actividades comunitarias.

El propio expediente fiscal reconoce que se trató de una reacción espontánea ante el apagón, y que los manifestantes no interrumpieron el tráfico ni ofrecieron resistencia al arresto. Sin embargo, Miranda Pérez utilizó como agravantes las publicaciones en redes sociales de los imputados —en especial las del escritor Barrenechea—, y el “impacto mediático” que generó el caso, según las pruebas listadas en su acusación.

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba denuncia que esta actuación se enmarca en la política sistemática de criminalización del disenso en la isla, y constituye un caso claro de persecución por motivos políticos y encarcelamiento arbitrario, dos delitos que la organización cataloga como crímenes de lesa humanidad. Además, señalan que el fiscal incurrió en prevaricación al usar el sistema judicial para castigar un ejercicio legítimo de la protesta pacífica.

La ficha publicada por la FDHC señala que Miranda Pérez violó varios principios fundamentales recogidos en los artículos 7 al 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y la protección contra penas desproporcionadas.

La documentación de responsabilidades individuales en la represión cubana constituye un paso esencial para avanzar en la rendición de cuentas y en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos.