Icfes confirma que Juliana Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmó, a través de un comunicado, que Juliana Guerrero, aspirante a ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes, no presentó las pruebas Saber Pro ni el examen de estado de la educación técnica y tecnológica, Saber TyT.

Tras una investigación en el área de PRISMA, la entidad no encontró el nombre de Juliana Guerrero en su base de datos, aunque sí verificó que cuenta con un registro de inscripción vigente desde el 26 de julio de 2025 para el examen Saber Pro en Contaduría Pública, programado para presentarse el 9 de noviembre del mismo año.

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Icfes precisó que la información entregada obedece al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitido el 2 de octubre, mediante el cual se resolvió el recurso de insistencia interpuesto por la representante Jennifer Pedraza Sandoval, quien había solicitado dicha información en una petición radicada el 2 de septiembre.

Por su parte, la Fundación de Educación Superior San José anunció el 26 de septiembre que anularía el título profesional de Juliana, porque no ha cumplido con el examen Saber Pro, requisito para graduarse.

Sin embargo, Guerrero había manifestado a EL COLOMBIANO que la Universidad “no me están quitando el título, yo me gradué el 19 de julio y me dicen que me falta presentar la prueba Saber Pro, que ya estoy inscrita para presentarla. Lo que entiendo es que no puedo presentar el título hasta que no cumpla ese requisito del examen. A mí no me ha notificado la universidad de nada, pero entiendo que no me quitan el título”.

Sobre esta pregunta formulada por EL COLOMBIANO, Juliana Guerrero aseguró que la propuesta surgió desde la Presidencia. “Realmente, a mí me cita el ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, y me plantea la posibilidad de que yo sea viceministra por instrucción de la Presidencia”, afirmó.

EL COLOMBIANO consultó con un abogado las posibles implicaciones penales que enfrentaría Juliana Guerrero en caso de comprobarse alguna irregularidad en este caso.

Existen dos escenarios posibles: el primero contempla que, si ella engañó a la universidad alterando información, habría incurrido en el delito de obtención de documento público falso. En Colombia, este delito contempla una pena de prisión de 48 a 108 meses, de acuerdo con el artículo 288 del Código Penal.

El segundo escenario se presentaría si ambas partes —Juliana y la universidad— conocían la irregularidad, lo que podría configurar los delitos de falsedad documental o fraude a la administración pública.

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