“Hicieron acuerdos con los brasileños que se convirtieron en una obstrucción a la justicia”: fiscal Curruchiche sobre órdenes de captura a Velásquez y Camargo por Odebrecht

La justicia de Guatemala ordenó la captura de Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano, y de Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, señalados de estar inmersos en un presunto entramado de corrupción por el caso Odebrecht. La decisión ha sido cuestionada por el Gobierno de Guatemala, por el Gobierno de Colombia y ciertos sectores de la opinión pública por la falta de claridad y sustento en las acusaciones.

El fiscal guatemalteco, Rafael Curruchiche, defendió las medidas que tomó su jurisdicción. Aseguró que responden a una investigación “seria, objetiva e imparcial”.

Según Curruchiche, los funcionarios colombianos “excluían a los brasileños de cualquier investigación penal” mientras desarrollaban sus actividades en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, entidad que puso a poderosos políticos en el ojo de la justicia.

“Hemos logrado establecer, derivado de aproximadamente 15 declaraciones y una infinidad de correos electrónicos, que el señor Iván Velásquez y la señora Luz Adriana Camargo jugaron un rol clave en acuerdos que terminaron beneficiando a ejecutivos de Odebrecht”, le dijo el fiscal de Guatemala a La FM.

Explicó que aquellas pruebas fueron proporcionadas por el “testigo A”, y que aunque no quiere dar muchos detalles sobre los hallazgos e investigaciones que adelanta desde la entidad, los funcionarios colombianos habrían “desde, aproximadamente, el mes de enero de 2017, Velásquez y Camargo mantuvieron comunicación con empresarios de la empresa Odebrecht y sus abogados con el objetivo de firmar acuerdos de colaboraciones eficaces, excluyendo a los brasileños de cualquier proceso de penal o investigación”.

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En entrevista con el medio citado, el funcionario del país centroamericano también se defendió frente a la desautorización de su propio Gobierno, que aseguró que las órdenes de captura no tienen sustento jurídico, no cuentan con respaldo institucional y no pueden ser emitidas por la Fiscalía.

Curruchiche aseguró que la solicitud formal de captura ante una sala de apelaciones, que resolvió por unanimidad autorizar las órdenes “por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión”.

Para cerrar, el fiscal insistió en no dar más detalles sobre el proceso. “En cuanto a si recibieron algún beneficio económico, no quisiera entorpecer la investigación… pero es obvio que Guatemala perdió más de 3 mil millones de quetzales en este caso”, dijo.