Hermano de Bayardo Arce «renuncia» a magistratura en la CSJ

La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aceptó la “renuncia” del ahora ex-magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gerardo Arce Castaño, quien había fungido en ese cargo por unos 11 años hasta este martes, 13 de enero.

Arce es hermano del ex-asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce, actualmente detenido por la dictadura sandinista, acusado de corrupción. Su renuncia “irrevocble” había sido presentada a finales de diciembre de 2025 como parte de la reestructuración del Poder Judicial.

El ex-magistrado justificó su dimisión por “motivos de salud“, como hicieron algunos de los magistrados que la dictadura sandinista obligó a apartarse del cargo durante la última mitad de 2025, pero a diferencia de estos Arce sintió necesario dejar claro que su partida del cargo no afecta su compromiso con el proyecto político sandinista.

Arce fue uno de los varios magistrados que facilitó la consolidación del poder de Daniel Ortega tras asumir la presidencia en 2007. Esto incluyó la colaboración del supremo tribunal a la represión contra manifestantes y opositores antes y después del estallido social de abril de 2018.

La dictadura sandinista reestructuró la CSJ, eliminando a magistrados de vieja data e instalando a nuevos cuadros, incluyendo a tres magistrados sancionados por acciones corruptas o antidemocráticas: los sandinistas Ana Julia Guido, Ernesto Leonel Rodríguez y Octavio Ernesto Rothschuh.

Tanto Guido, ex-fiscal general; como Rodríguez y Rothschuh, ex-presidente y ex-magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua respectivamente, han sido señalados por organismos internacionales de graves violaciones a los derechos humanos por su papel en el encarcelamiento de presos políticos posterior al estallido social de abril de 2018.

Rodríguez y Rothschuh fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en base a su colaboración con la dictadura. Guido también recibió una sanción, pero en 2020, de parte de la misma institución por su complicidad con el socavamiento del Estado de Derecho y las normas democráticas.