Gobernadora del Valle denuncia secuestro de 150 militares en medio de asonada en Jamundí; esto es lo que se sabe

Gobernadora del Valle denuncia secuestro de 150 militares en medio de asonada en Jamundí; esto es lo que se sabe

Horas de tensión se vivieron entre los habitantes del corregimiento de Villa Colombia y Ampudia de Jamundí, Valle del Cauca e integrantes del Ejército Nacional, quienes fueron retenidos durante varias horas por la población.

El hecho ocurrió ese jueves, 31 de julio, donde aproximadamente 600 personas bajo presión del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc obligaron a soldados del Batallón de Operaciones #13 adscritos a la Tercera División del Ejército Nacional a replegarse.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor de 150 uniformados permanecieron secuestrados por la población instrumentalizada por el grupo criminal. En el grupo de retenidos había oficiales y suboficiales.

Además, integrantes de la comunidad intentaron arrebatar las armas de dotación a algunos soldados, quienes adelantaban operaciones disuasivas en la zona.

Para el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, este tipo de hechos “no es más el reflejo apresurado de una guerrilla cobarde que se da cuenta que militarmente no puede enfrentar al Ejército de los colombianos y finalmente se escuda con la población civil”.

El oficial también denunció que desde semana atrás los guerrilleros han obligado a la población a salir para que presionen a los militares a salir, algo que habrían logrado este jueves. “Han tratado de instrumentalizar a las comunidades, obligándolas a salir amenazándolas y finalmente esta población no desea estar bajo las pretensiones de esta estructura (disidencias)”, explicó el brigadier general.

El general Mejía confirmó que el Ejército Nacional realizará las denuncias y las acciones legales del caso ante las autoridades competentes con el fin de esclarecer lo sucedido.

Por otra parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó lo sucedido y le pidió a la Fiscalía y a las organizaciones de Derechos Humanos investigar y sancionar. “La violencia contra servidores públicos es un delito grave e inaceptable”, sentenció.

Tras aproximadamente cinco horas de presiones por parte de la comunidad, los militares que estaban retenidos pudieron salir de la zona. En la zona se mantiene la presencia aérea para garantizar la seguridad de la población.

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