Gestorías de paz han salvado de cárcel a 5 disidentes de Farc capturados cometiendo delitos en flagrancia

Todos son miembros del Estado Mayor de los Bloques y Frente, una organización que está en proceso de negociación con el Gobierno Nacional.

Cinco cabecillas de las disidencias de las Farc que están en negociaciones con el Gobierno, y fueron capturados cometiendo delitos en flagrancia en los últimos ocho meses, han sido dejados en libertad por los juzgados debido a la protección judicial que les da la resolución de gestores de paz.

El caso más reciente fue el de Jesús María Restrepo Borja, alias “Dárlinson” o “Panda”, capturado el pasado 22 de marzo en la vereda El Roble, del municipio de El Carmen de Atrato (Chocó).

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Este hombre de 37 años, según información de Inteligencia, fue enviado a esa zona con la misión de refundar el frente 34 de las Farc, liderando una comisión de 14 disidentes proporcionados por los frentes 18 y 36, que delinquen en la frontera chocoana con el municipio antioqueño de Urrao.

En una operación conjunta del Grupo Antiterrorista de la Policía (Grate-Dijín), el CTI de la Fiscalía y el Ejército, fue detenido en compañía de los escoltas Jader Montoya Yepes y Arbey Correa Vargas, portando un arsenal y municiones, en los que se destacaba un fusil estadounidense que “Dárlinson” compró por $50 millones.

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En contra de Restrepo Borja había una orden de captura por concierto para delinquir agravado, en calidad de cabecilla del nuevo frente, pero cuando fue presentado ante un juzgado de control de garantías de Quibdó, quedó en libertad, burlándose de los agentes que participaron en la detención.

Su defensa invocó la Resolución N°00398 de 2024, mediante la cual la fiscal General de la Nación, Luz Camargo, siguiendo las directrices del Gobierno, suspendió las órdenes de captura “en contra de los miembros representantes del grupo armado denominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y frente Raúl Reyes”.

El documento cobijó a 14 gestores de paz de esa facción disidente de las Farc, incluyendo a “Dárlinson”, supuestamente encargados del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación de la mesa de paz. Sus escoltas, Jader Yepes y Arbey Correa, no figuraban en el papel, por lo cual les dictaron medida de aseguramiento en prisión.

Lo que cuestionan múltiples investigadores políticos, es el amplio margen de cobertura de la resolución, que especifica “la suspensión de todas y cada una de las órdenes de captura que se hayan dictado o se llegaren a expedir”, lo que les da a los disidentes una suerte de carta blanca para la comisión de delitos durante su gestoría de paz, pues están blindados por el Estado.

Según fuentes judiciales, los únicos delitos que no están cubiertos por la resolución son las violaciones al DIH, secuestro y extorsión, lo cual les deja a los disidentes una amplia gama de crímenes “cubiertos” por la gestoría de paz, como el tráfico de armas, las amenazas, narcotráfico, minería ilegal y lavado de activos, por citar algunos.

Además de “Dárlinson”, otros disidentes de las Farc que han sido detenidos, y luego liberados por ser gestores de paz de esa organización, son: Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), comandante del bloque Jorge Briceño; Erlinson Echavarría Escobar (“Ramiro”), comandante del frente 18; Diana Carolina Rey Rodríguez (“Érika Castro”), delegada del frente Carolina Ramírez; y Juan Antonio Agudelo Salazar (“Urías Perdomo”), cabecilla del frente Rodrigo Cadete.

Estas cuatro personas viajaban en una caravana de camionetas de la UNP, que fue interceptada en un retén militar el 23 de julio de 2024 en una vía del corregimiento de Porce, en el municipio de Santo Domingo (Antioquia).

En total iban 13 disidentes, incluyendo un adolescente reclutado que fue dejado a disposición del Instituto de Bienestar Familiar. Les encontraron armas sin salvoconducto, oro, joyas y dinero, pero a los cuatro citados los dejaron libres.

Lo insólito de estos hechos, es que tampoco tienen consecuencias políticas, ya que a pesar de que estas personas han sido sorprendidas cometiendo delitos en plena negociación, el Gobierno Nacional no les ha retirado el cargo de gestores de paz.

Máxime cuando el último caso demuestra que la organización está en proceso de expansión, creando un nuevo frente (el 34), mientras está en la mesa de conversaciones.

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