Fiscalía respondió a la orden de Petro de allanar bodegas de medicamentos: “Se debe tener claras las competencias”

Luz Adriana Camargo, fiscal general, se pronunció sobre la orden del presidente Gustavo Petro para allanar bodegas de medicamentos por la escasez de fármacos, como la insulina, en los dispensadores de las entidades promotoras de salud (EPS), al denunciar que un par de organizaciones de los gestores “monopolizaron el mercado de las medicinas, elevando artificialmente los precios y acaparando los medicamentos para sabotear las políticas de salud pública”.

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Luego de que el presidente amenazara con “ir por los medicamentos”, y pidiera a la Superintendencia de Salud allanar estas bodegas con “medicamentos retenidos”, fiscales y autoridades políticas cuestionaron si es posible que Petro tenga las facultades para hacer este allanamiento con apoyo del Ejército y la Policía, luego de que él mismo les atribuyera estas acciones a las fuerzas armadas.

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, afirmó el mandatario.

Algunos generales retirados de la República manifestaron también su inconformidad con la orden de Petro, ya que ni el Ejército ni la Policía no están autorizados para este tipo de acciones. Uno de ellos fue el mayor general (r) José Francisco Forero, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes retirados, al expresar que Petro se está extralimitando con sus anuncios relacionados con las Fuerzas Militares y asoció sus órdenes a las de un “dictador”.

“Hay unos procedimientos y unos protocolos que se deben seguir para hacer ese tipo de actividades. Es como si estuviéramos en una dictadura, que el presidente esté dando órdenes o diciendo que se viole los procedimientos y la ley colombiana y pues obviamente las Fuerzas Militares y la Policía Nacional muy seguramente no van a entrar en ese juego de violar la ley. Ya de ahí en adelante lo que hagan está por fuera de los procedimientos y de la constitución y la ley”, explicó el general Forero para Infobae Colombia.

Otro general (r) que expresó su punto de vista es Eliécer Camacho de la Policía, quien expresó que la entidad encargada de este tipo de incautación de medicamentos es la Superintendencia de Salud. Además, calificó como “un desgaste innecesario” atribuirle más responsabilidades a las Fuerzas Armadas.

“Hay una unidad que se llama la Superintendencia de Salud, ellos tienen unas funciones administrativas de poder mirar si hay acaparamiento, si hay problemas, posiblemente de esconder los medicamentos que necesitan los ciudadanos. Ahí está también la Fiscalía, el CTI, que fácilmente puede realizar estas actividades, pero es un desgaste para la Fuerza Pública hoy, con esta orden del presidente de la República de llegar a estos sitios a allanar y tampoco está dentro de su funcionalidad”, expresó.

Mientras que en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira existe un caos por las dificultades para que la población acceda a los medicamentos, la rama judicial desestimó las facultades de Petro para ordenar cualquier tipo de inspección.

La fiscal Camargo reveló que la Fiscalía lleva años investigando casos de corrupción en el sector salud. A través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se analizan los informes de la Contraloría sobre posibles desvíos de recursos públicos en las EPS, con especial atención a las Unidades de Pago por Capitación (UPC) transferidas por el Estado.

Asimismo, Camargo abordó la infiltración de redes de contrabando en entidades estatales, un fenómeno que ha ganado notoriedad recientemente debido a la presunta financiación de la campaña presidencial con dinero de Diego Marín, conocido como el ‘Zar del Contrabando’. Según el presidente Petro, estos fondos fueron devueltos al descubrirse su procedencia.

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La fiscal también advirtió sobre la penetración de la corrupción en instituciones clave como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera, lo que supone un grave riesgo de lavado de activos.

En respuesta, aseguró que la Fiscalía ha puesto en marcha una investigación apoyada en análisis criminal y tecnología avanzada para desarticular estas redes, en coordinación con la Dirección Especializada contra la Corrupción y la Delegada para las Finanzas Criminales.