Fiscalía pidió casa por cárcel para los exministros Velasco y Bonilla por corrupción en la Ungrd, ¿qué sigue?

Ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía solicitó imponer la medida de aseguramiento domiciliaria para los exministro Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, investigados por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la UNGRD.

De acuerdo con la delegada las acciones de los exfuncionarios “representan un peligro para la sociedad”. Según la delegada, si siguen el libertad es probable que los exministros representen una obstrucción a la justicia.

Antes de eso, los exfuncionarios se declararon inocentes durante la audiencia de imputación de cargos en el caso de corrupción que involucra millonarios contratos del Invías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Fiscalía los señala como las “cabezas” de un entramado que, según el ente acusador, movió más de $612 mil millones en proyectos que habrían sido usados como moneda de cambio para asegurar apoyos políticos en el Congreso durante la discusión de las reformas del Gobierno.

Velasco y Bonilla rechazaron todas las acusaciones de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, entre otros delitos imputados. Ambos insistieron en que jamás participaron en gestiones ilegales para direccionar cupos indicativos ni para favorecer congresistas con contratos.

Para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento, la fiscal sostuvo que Velasco y Bonilla, cuando ocupaban los ministerios del Interior y de Hacienda, habrían actuado de manera coordinada con otros funcionarios para manipular la contratación pública y garantizarse apoyos legislativos. Y que de ello hay múltiple material probatorio.

El propósito, de la coordinación entre ambos, explicó la delegada, era asegurarse las mayorías necesarias para que avanzaran las principales iniciativas del Gobierno en el Congreso.

Uno de los episodios clave ocurrió el 18 de septiembre de 2023, en una reunión en la sede del Ministerio del Interior conocida como La Giralda. Allí, según la Fiscalía, Bonilla y el entonces ministro Luis Fernando Velasco discutieron el panorama electoral y la urgencia de garantizar apoyos políticos mediante la agilización de proyectos locales. En ese encuentro quedó pactado que Alejandra Benavides atendería directamente las solicitudes del senador Chagüi y acompañaría la aceleración de convenios en Córdoba.

Los contratos mencionados por el ente investigador incluyen tres convenios interadministrativos firmados entre 2021 y 2022 con los municipios de Lorica, Los Córdobas y Tierralta, todos en Córdoba, que posteriormente recibieron adiciones, prórrogas y desembolsos sustanciales en 2023 y 2024. Para la Fiscalía, estos movimientos evidencian un interés indebido para satisfacer compromisos políticos y asegurar respaldos en el Congreso mientras avanzaban las reformas del Gobierno.

La fiscal delegada ante la corte, María Cristina Patiño, fue enfática al afirmar que los entonces ministros Bonilla y Velasco “ignoraron los principios de la función pública” al autorizar y promover estas gestiones, que terminaron en una red de direccionamientos operada desde dentro del Ejecutivo.

Una vez finalizada la sustentación de la medida de aseguramiento, el Tribunal decidirá si acoge o no la petición de la Fiscalía.