Fiscalía le tiró salvavidas a Sanguino: pidió preclusión parcial en proceso por corrupción

Este lunes había expectativa por el juicio en el proceso de corrupción del “carrusel de la contratación” en Bogotá, en el que el actual ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, está vinculado. Esto porque habría pedido el nombramiento de Liliana Paternina como gerente del Hospital de Usme tras un encuentro con el exalcalde condenado Samuel Moreno, quien falleció en prisión en 2023 y Héctor Zambrano, exsecretario de Salud, también condenado. Para el momento de los hechos, Sanguino era concejal de Bogotá.

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Meses después de ese encuentro, Sanguino se habría reunido con Paternina para lograr el direccionamiento de un millonario contrato de obras del hospital al contratista Héctor Julio Gómez, uno de los cerebros de ese entramado de corrupción junto con otro personaje conocido, el condenado por corrupción y otros delitos, Emilio Tapia.

Sin embargo, sorprendió el giro de 180° que tuvo la Fiscalía en el juicio, en cabeza del fiscal Jorge Velásquez, quien le pidió a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la preclusión parcial del proceso, es decir que deseche la acusación realizada por el ente acusador en octubre del año pasado.

La Fiscalía dijo que se equivocó en su imputación de octubre del año pasado al considerar dos supuestas actuaciones “como un delito continuado”. En el Código Penal se refiere a una serie de acciones delictivas cometidas por una misma persona en el mismo tiempo, que violan una misma norma jurídica, formando una unidad delictiva.

Es decir, que el fiscal Velásquez pidió que se declare la nulidad de lo actuado en la acusación contra Sanguino porque no habría una línea de continuidad entre los dos eventos. De hecho, la Fiscalía coincidió con la defensa del ministro en argumentar que la reunión con Moreno y Zambrano, es decir, el primer hecho imputado, ya prescribió.

En ese sentido, bajo la interpretación de la Fiscalía, Sanguino solo podría ser juzgado sobre su presunta presión a la gerente del hospital para que el contrato fuera a manos de Julio Gómez; ese hecho también estaría a punto de prescribir, pues ocurrió en 2009.

“Es claro que si se ha deslindado dos momentos, es un concurso de delitos, mas no un delito continuado. En el primero, el influenciado habría sido el exalcalde Moreno, en el segundo, la gerente del Hospital de Usme, Liliana Paternina”, señaló el fiscal.

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En medio de la diligencia este lunes, el magistrado Jorge Emilio Caldas le pidió la asistencia del ministro Sanguino a la defensa. “Estaba atendiendo asuntos relacionados con mi responsabilidad como ministro, pero los suspendí”, dijo Sanguino que estaba en el Congreso y atendió la audiencia virtualmente.

A pesar de los argumentos de la Fiscalía y el equipo de defensa, la Sala reconoció a la Secretaría Distrital de Salud como víctima del presunto tráfico de influencias en servidor público, delito atribuido a Sanguino. Sin embargo, la Fiscalía insistió en pedir un cambio para evaluar una “preclusión parcial por prescripción del delito”.

Antes de evaluar su petición, el magistrado Caldas pidió a la Fiscalía justificar la solicitud de aclaración de la defensa y expuso una a una las reuniones en las que se habría configurado el tráfico de influencias.

“No se han delimitado ni siquiera de manera sucinta, clara, correcta, los hechos jurídicamente relevantes en cuanto a fechas (…) pero aun así acusa. Ante la duda, acusa”, había dicho Andrés Cárdenas del equipo de defensa del ministro antes del giro tomado por la Fiscalía.

La procuradora Marta Canabal apoyó la solicitud de preclusión de ese hecho mencionado. Lo que sigue es que la Corte tome una decisión, pero aplazó la audiencia sin que se conozca fecha.