Fiscal Ana Lilian Caballero Arango, incluida en la lista de represores cubanos

MADRID, España.- La plataforma independiente RepresoresCubanos.com, dedicada a denunciar y documentar a funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos en Cuba, ha incorporado recientemente a la fiscal provincial de Matanzas Ana Lilian Caballero Arango en su listado de “Represores de Cuello Blanco”.

Caballero Arango es señalada por los delitos de prevaricación y crímenes de lesa humanidad, específicamente persecución por motivos políticos. Su inclusión se produce a raíz de su papel como fiscal en el caso de las historiadoras y académicas disidentes Alina Bárbara López Hernández y Jenny Victoria Pantoja Torres, contra quienes ha solicitado penas de cuatro y tres años de prisión, respectivamente, conmutadas por trabajo correccional sin internamiento.

La acusación formulada por la Fiscalía imputa a las dos mujeres supuestos actos de violencia contra la oficial de policía María Juantorena Herrera (también en el listado de represores), durante una detención ocurrida el 18 de junio de 2024. Ese día, ambas se dirigían a La Habana para participar en su habitual protesta pacífica del día 18, cuando fueron interceptadas por agentes en el punto de control de Bacunayagua.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet, Alina Bárbara López describió que fue víctima de violencia física por parte de la agente Juantorena Herrera. La oficial la derribó utilizando una técnica de artes marciales y la esposó mientras la agredía verbal y físicamente. Le causó hematomas. Jenny Pantoja, por su parte, relató en un video publicado en YouTube que también fue sujetada por el cuello y los brazos y que prefirió no defenderse para evitar cargos de agresión.

A pesar de estos testimonios y de las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza, la fiscal Caballero Arango afirma en sus conclusiones provisionales que fue López quien golpeó a la agente, causándole daños a su uniforme y comportándose con conducta agresiva continuada.

RepresoresCubanos.com denuncia que la fiscal ha tergiversado los hechos para construir una acusación que busca criminalizar la protesta pacífica y justificar una detención arbitraria. Diversas organizaciones y voces del ámbito académico han calificado el proceso como un caso emblemático de represión institucionalizada contra mujeres críticas al régimen cubano.