Exponen complicidad de Sherritt International en explotación laboral de cubanos en Canadá y Bahamas

MADRID, España.- Un nuevo testimonio recogido por la organización Archivo Cuba vuelve a poner en el centro del debate la relación entre la canadiense Sherritt International y el régimen cubano. La denuncia, publicada recientemente, apunta a un esquema de explotación laboral que habría operado durante años en empresas mixtas de Sherritt con CubaNiquel, tanto en Las Bahamas como en Canadá, en el marco de lo que se presenta como “misiones laboral e internacionalistas”.

El exempleado, un profesional calificado enviado a trabajar en New Providence Metal Marketing, Inc., en Nassau, relata que los cubanos estaban sometidos a un régimen de trabajo forzoso. Entre las prácticas señaladas destacan la confiscación de hasta el 95 % de sus ingresos, restricciones de movimiento y relaciones personales, obligación de asistir a reuniones políticas y entrevistas con la Seguridad del Estado, así como la prohibición de regresar a la Isla en caso de abandonar la misión.

Según la denuncia, los salarios eran depositados en cuentas del Royal Bank of Canada en Bahamas, pero la mayor parte debía ser transferida a una cuenta en La Habana administrada por el Banco Financiero Internacional, institución vinculada al conglomerado militar GAESA. Los trabajadores podían retener apenas 500 dólares canadienses al mes (unos 388 USD), de los cuales 150 eran retenidos en Cuba. Con lo restante —alrededor de 262 USD— debían cubrir gastos de manutención en un país con uno de los costos de vida más altos del Caribe.

El informe agrega que directivos canadienses de Sherritt y empleados locales en Nassau tenían conocimiento de las condiciones en que vivían los cubanos. Además, desde que comenzaron las operaciones conjuntas en 1994, más de dos decenas de trabajadores habrían desertado, muchos de ellos en Canadá, presentando pruebas de explotación para respaldar solicitudes de asilo.

Un esquema similar se aplicaba en la refinería de Fort Saskatchewan, en Alberta, donde testimonios revelan que tras deducciones e impuestos los cubanos recibían apenas entre 600 y 1 000 CAD al mes, pese a salarios brutos que rondaban los 95 000 CAD anuales. Se estima que al menos 40 trabajadores desertaron en esa provincia canadiense, siendo reconocidos como víctimas de explotación laboral.

Archivo Cuba sostiene que estos mecanismos configuran un patrón de trata de personas institucionalizada en violación del Protocolo de Palermo y convenios de la OIT. La organización pide al gobierno canadiense investigar con urgencia, sancionar a los bancos implicados y replantear su política de cooperación con La Habana, históricamente desvinculada de consideraciones de derechos humanos.