Exiliados nicaragüenses alertan sobre perseguido político en riesgo de extradición

La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) denunció “el grave riesgo de extradición que enfrenta Pedro Javier Fernández Sandoval“, reconocido opositor de la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo exiliado en Costa Rica, por medio de un comunicado publicado este viernes, 19 de septiembre, por medio de sus perfiles oficiales.

Fernández es miembro de la UEN desde 2019, según informó la organización. Se encuentra detenido en Costa Rica y, al ser solicitado por la dictadura sandinista, la Justicia costarricense emitió una orden de extradición que está siendo apelada.

La orden se da en relación a un caso abierto que involucra a otros dos ciudadanos nicaragüenses: Douglas Gamaliel Álvarez, extraditado en febrero de 2024 y desde entonces desaparecido bajo custodia de la dictadura; y Reinaldo Picado, reconocido como refugiado por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que impidió su extradición.

A Picado, Álvarez y Fernández la dictadura los acusa de ser parte de una organización delincuencial, responsables del supuesto asesinato de un agente de policía y un civil en 2022. Los tres, detenidos en Costa Rica, fueron solicitados por la dictadura a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

Tanto UEN como el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos de Nicaragua (GREX) y la Resistencia Campesina Azul y Blanco sostienen que Fernández y los otros dos son inocentes de los delitos que les imputa la dictadura.

“La dictadura Ortega-Murillo inventa pruebas, fabrica testigos y usa a la justicia como una herramienta para perseguir a la gente. Con expedientes falsos, hacen como que todo es legal“, denunció la Resistencia Campesina en un comunicado este viernes.

El peligro de la extradición

UEN insiste en que el caso de Fernández debe analizarse desde los principios del Sistema Interamericano, citando en concreto la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 22, inciso 8, que dicta que “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país (…) donde su derecho a la vida o la libertad personal esté en riesgo de violación“.

La organización considera que la dictadura sandinista no es capaz de brindarle un proceso justo, corriendo riesgo de ser víctima de prisión política e incluso tortura, como había sido reportado sobre Douglas Álvarez.

UEN solicitó, pues, al Sistema Judicial costarricense “respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y evitar la instrumentalización de los procesos de extradición por motivos políticos“.

Igualmente instaron a la comunidad internacional, a medios de comunicación y organismos no gubernamentales de alzar la voz en el caso de Fernández para salvaguardar su integridad. Bajo la dictadura sandinista, al menos 70 nicaragüenses se encuentra encarceladas por motivos políticos, según distintos conteos independientes.