ETECSA, y el “mal necesario”

LA HABANA.- Si el régimen cubano pudiera prescindir de lo precarios servicios de ETECSA: la telefonía móvil, las redes sociales, el internet y la información que se genera tanto en el exterior como en el interior sin que sean manipuladas por los “medios oficiales”, sin dudas los suprimiría, dejándose para sí la parte que le correspondería como “privilegio”, y condenando a millones de cubanos y cubanas al silencio absoluto. Ese que siempre ha sido el ideal de “sociedad perfecta” a la que aspira el Partido Comunista pero, sobre todo, los militares-empresarios que lo usan para consolidarse como verdadera casta “dirigente”.

Si Fidel Castro, pero sobre todo su hermano Raúl, no hubieran visto el internet como un “mal necesario”, entonces continuaríamos en el escenario anterior a 2008, antes de que se nos permitiera poseer celulares, es decir, ser propietarios de una línea sin que mediara la aprobación explícita del Ministerio del Interior o la determinación de las Fuerzas Armadas (como una cuestión de seguridad nacional, por “disposición combativa” o simple prebenda) o, al menos, retornaríamos a un poco antes de 2013, cuando por vez primera no les quedó más remedio que darnos acceso a la red de redes.

Nos lo dieron no por “bondad” sino porque ya el atraso tecnológico los estaba limitando a ellos mismos, el desarrollo del turismo internacional y las inversiones extranjeras lo demandaban, el exilio comenzaba a ser visto como un “recurso” por explotar, la telefonía fija no era el medio más discreto para comunicarse con sus aliados (sobre todo con Venezuela, que había llegado con el “generoso” Hugo Chávez a ocupar el vacío dejado por la Unión Soviética) y, cansados de la poca efectividad de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y las pocas fidelidad, confiabilidad y efectividad de sus chivatos, alguno se encargó de convencer al dictador de turno de las grandes posibilidades que brindaba la liberación de la telefonía móvil. Sería útil no solo para llamar ellos a Barack Obama en la Casa Blanca sino, además, para monitorear a la ciudadanía, siempre y cuando la empresa que diera el servicio les perteneciera por completo y, si permaneciera en manos de los militares, mucho mejor.

Pero desarrollar la telefonía celular y proveer de internet a un país que a inicios del nuevo milenio poseía la tasa más baja en América Latina y gran parte del mundo, incluso por debajo de Haití (de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT) no era cuestión de “ordeno y mando” sino que demandaba recursos que no estaban dispuestos a sacar de su propio bolsillo, de modo que no les quedó más remedio que introducir otro “mal necesario”: compartir el negocio con inversionistas extranjeros (mexicanos, a inicios de los años 90, con CITEL; italianos y holandeses, solo un par de años más tarde, en abril de 1995) a los que, una vez hecho el papel de tontos útiles, les comprarían la parte correspondiente (por las buenas) o los expropiarían (por las malas), y de esos arrebatos y estafas hay ejemplos de sobra, más allá de lo ocurrido con el “amigo” chileno Max Marambio, al que desecharon luego de exprimirlo en su propia fábrica de jugos, y al que de nada sirvió haber sido escolta de Salvador Allende, o agente de los servicios secretos cubanos, o incluso el marido de una de las hijas de Antonio Núñez Jimenez.

Así, una vez cumplida la “misión”, le llegó en 2011 el turno a la compañía italiana STET que, antes de perderlo todo, debió vender su participación del 27 por ciento a RAFIN S.A., una institución financiera no bancaria propiedad de los militares cubanos, que además retuvieron otro 51 por ciento del capital con Telefónica Antillana S.A.; un 11 por ciento con Universal Trade and Management Corporation S.A. (UTISA, fundada años antes en Panamá por la oficial del MININT Ana Teresa Igarza Martínez, actual directora de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, administrada por GAESA); un 6,16 por ciento con el Banco Financiero Internacional y un 3,8 por ciento con Negocios en Telecomunicaciones S.A. (igualmente creada por los militares).

En fin, los de GAESA acapararon más del 98 por ciento del capital de ETECSA, de acuerdo con información publicada por la Gaceta Oficial en la resolución correspondiente de 2011, lo que contradice la información manejada por la UIT, que atribuye un 37 por ciento de participación al Ministerio de las Comunicaciones (más un 0,9 por ciento al Banco Internacional de Comercio).

No obstante, el hecho de que la actual  titular de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín (hasta el 2021 presidenta de ETECSA), así como varios altos funcionarios de la entidad, hayan sido —y de hecho continúen siendo— oficiales de las FAR, y hayan ocupado importantes cargos en GAESA, demuestra que los militares controlan no solo el total del monopolio de las comunicaciones en Cuba sino que, incluso, han convertido el Ministerio de Comunicaciones en una dependencia del Ministerio de las Fuerzas Armadas, o mejor dicho, en un simple departamento de su aparato económico.

Los militares-empresarios, si algo tienen bien claro es que, cuando llega el momento de saquear, se saquea. A las “víctimas” solo les queda “resistir” y tragar en seco, y en esos desfalcos y manipulaciones la actual ETECSA es como la empresa líder en el sistema de GAESA, quizás con el más largo historial de “cambios internos”, y que ha tenido su más reciente episodio en el tarifazo de estos días, pero que no viene solo por más dólares y menos pesos, sino que se conecta este con la vieja idea del “mal necesario”. Un mal que en determinadas circunstancia de “deshielos” y simulacros de “apertura” jugó su papel, pero que ahora en el actual contexto de crisis, de impopularidad, de inminente estallido social, de éxodo en las propias filas del oficialismo, de traiciones al interior de la cúpula gobernante se torna en extremo peligroso.

Si bien no pueden retroceder inmediata y abruptamente a los momentos cuando el internet y la telefonía móvil eran simplemente el mal (y no la “necesidad”), al menos buscan reducir y restringir su uso a la mínima expresión, empleando como pretexto (y solo como tal) la mala situación financiera de una empresa que, a pesar de la crisis, continúa empleando recursos en brindar servicios tecnológicos y de conectividad ilimitada, ya gratuitos o ya cargados al presupuesto del Estado, a personas comprometidas con la llamada “batalla en internet” (“cibercombatientes”, los llaman unos; otros, “ciberclarias”) y con todas las demás estupideces que le sirvan al régimen para reforzar la propaganda política.

En consecuencia, es indispensable comprender que no se trata de un “tarifazo”. Que que ni siquiera este se desgaja del discontinuado y desafortunado “ordenamiento monetario”, o de la “corrección de distorsiones”, sino que se justifica en ambos para realizar su verdadero propósito de hacer retroceder el rebaño a los antiguos pastos de la manipulación informativa, de controlar el acceso a la información, de convertir esta en privilegio, más cuando ocurre en un contexto donde varios ciudadanos están siendo condenados a 10 años de prisión por el “delito” de una simple publicación en Facebook, o cuando Mike Hammer, encargado de negocios de los Estados Unidos en La Habana, no solo se vuelve demasiado visible en las calles cubanas, sino que eso le hace ganar miles seguidores dentro de la Isla, por las simpatías que despierta entre esas “masas populares” donde el régimen solo acumula antipatías.

ETECSA fue una “necesidad”, un “mal necesario”. Además de un monopolio militar, es buena parte de los ojos y oídos de un régimen que de momento ha descubierto con horror cómo sus servicios, demasiado accesibles en moneda nacional, se convirtieron en los ojos, oídos y bocas de una multitud (sin dólares) que durante años solo conoció el silencio, la desinformación y la falta de libertades. El tarifazo es un intento burdo, violento, desesperado de “ganar la guerra en internet” cuando saben que ya la perdieron para siempre, como igual la van perdiendo en las calles.