Esto aconsejan abogados a cubanos y otros beneficiarios del parole en EEUU ante el cierre del programa

El viernes 21 de marzo el Gobierno de Estados Unidos anunció que los migrantes acogidos al programa de parole humanitario quedarán sin estatus legal a partir del 24 de abril, una situación provocada por la revocación de la iniciativa de la Administración de Joe Biden que ha generado alarma e incertidumbre entre los beneficiarios.

Un documento de 35 páginas publicado de manera anticipada el viernes precisa que el parole expirará en un plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación en el Registro Federal este martes 25 de marzo, es decir, el 24 de abril.

El texto dice que es potestad exclusiva de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revertir cualquier decisión en casos individuales y que solo pueden permanecer en el país aquellos beneficiarios del parole que antes de la publicación del aviso hayan solicitado ajuste de estatus, asilo, Estatus de Protección Temporal (TPS), o estatus de no inmigrante; estén amparados por una solicitud de beneficios de inmigración debidamente presentada por otra persona en su nombre; tengan presentadas en su nombre una petición de familiar extranjero, petición de prometido o petición de empleado inmigrante, con la tasa correspondiente; o los que hayan presentado debidamente una solicitud de prestaciones de inmigración

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, siglas en inglés) desaconseja que las personas «elaboren apresuradamente, en carrera contrarreloj, solicitudes de asilo u otros beneficios migratorios que ameriten suficiente tiempo y documentación para poder sustentar sus méritos», abogados de Gallardo Law Firm entrevistados este lunes por el periodista Mario J. Penton consideraron que tras la revocación del parole «los inmigrantes deben actuar inmediatamente».

Carmen Gallardo e Ismael Labrador coincidieron que los cubanos —unos 110.240 beneficiados con parole— tienen derecho a regularizar su estatus mediante el asilo político y la Ley de Ajuste Cubano, y recomendaron que lo hagan lo antes posible.

La revocación del parole humanitario no solo entraña el riesgo de deportación, también implica que los permisos de trabajo y otros beneficios obtenidos bajo el programa quedarán anulados en la misma fecha, es decir, el próximo 24 de abril.

Si los implicados han solicitado asilo o cualquier otro beneficio, podrían recibir un nuevo permiso de trabajo, pero esto dependerá de su situación migratoria y lo que se prolongue la resolución de casos.

En una entrevista el lunes con CiberCuba, el abogado Willy Allen dijo que los cubanos con parole humanitario «no tienen razón para tener pánico».

El experto en Inmigración cree que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en inglés) carece de personal suficiente para ir casa por casa deteniendo a los 26.000 cubanos que entraron con parole humanitario a Estados Unidos y aún no han cumplido el año y un día para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

En su opinión, los afectados por la revocación del parole humanitario deben mantener una vida normal, pero con especial cautela: evitar involucrarse en accidentes de tráfico, conducir bajo los efectos del alcohol, ser protagonistas de peleas familiares o cualquier otro tipo de incidentes con consecuencias judiciales, porque en ese caso serán identificados y sujetos de detención y deportación, según lo establecido en la ley.

Este lunes, las autoridades migratorias estadounidenses reiteraron que reingresar al país tras una deportación constituye un delito grave y puede conllevar penas de prisión.

«EEUU está arrestando a inmigrantes ilegales que han reingresado ilegalmente al país. Reingresar ilegalmente a los EEUU después de haber sido deportado tiene graves consecuencias legales, incluida la cárcel. Ni lo intentes; fracasarás y podrías terminar en la cárcel», publicó la cuenta Migración USA Oficial en X.

La página del Departamento de Estado precisó que el reingreso ilegal conlleva desde dos años de cárcel; «hasta diez años si fuiste deportado tras un delito grave; hasta 20 años si fuiste deportado tras un delito grave con agravantes».

El sábado, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, instó a los migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití beneficiarios del parole humanitario a autodeportarse, usando una aplicación digital.

«Un drama humano y familiar que debilita cada vez más a la nación cubana»

Para el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la suspensión del programa de parole humanitario, que afecta a 530.000 inmigrantes, y la invitación a su autodeportación «son realmente preocupantes para toda la región; en particular, para la sociedad cubana».

En una declaración enviada a DIARIO DE CUBA, el CTDC llama a «mirar con atención y dar prioridad a este tema en ambas orillas».

«La influyente comunidad cubanoamericana, especialmente sus representantes electos, pueden hacer mucho a favor de regularizar el estatus de miles de cubanos para evitar que muchas familias vuelvan a ser divididas, una división generada durante décadas por el régimen cubano. El limbo jurídico en el que ya se encuentran se convierte en un drama humano y familiar que debilita cada vez más a la nación cubana, compuesta también por su emigración. Por su parte, las autoridades de Cuba tienen la obligación de abrir las puertas del país generosamente a quienes no puedan impedir la deportación, cooperando con las autoridades estadounidenses en un asunto de altísima sensibilidad humana. Es responsabilidad de los Estados y de los gobiernos defender y proteger, conforme al derecho nacional e internacional, a sus nacionales», señaló.

«La nueva política migratoria de la Administración de Donald Trump puede generar una tormenta de presiones en torno a los emigrados cubanos como nunca antes. Previo al acuerdo con Barack Obama, y antes de los cientos de miles de cubanos llegados a Estados Unidos durante la Administración de Biden, ya existían en este país más de 35.000 cubanos con órdenes finales de deportación que nunca pudieron ser deportados a Cuba ante la inexistencia de un acuerdo en este sentido entre ambos gobiernos. Si a esto le sumamos los recién llegados en los últimos años, que ya tienen órdenes finales de deportación, más los que ahora se les ha suspendido el estatus que tenían bajo el parole humanitario, estaríamos hablando de más de 150.000 cubanos«, alertó el CTDC.

La organización no ve señales de que el Gobierno de Cuba vaya a aceptar «tamaña emigración inversa», ni que las condiciones actuales en el país admitan una reinserción abrupta de miles de cubanos que se vieron forzados a emigrar justamente por las terribles condiciones de vida de la mayoría.

En este sentido, el CTDC advirtió que condenará «cualquier uso propagandístico que el régimen pudiera hacer a su favor máxime siendo el único responsable» de la «salida forzosa del país» de los emigrantes.

«¿Cuál sería el destino de estos miles de compatriotas si las deportaciones a Cuba no pudieran materializarse? No queremos para ellos las habitaciones militarizadas de la base naval de Guantánamo ni las prisiones de El Salvador. La responsabilidad compartida por los cubanos en las instituciones de poder en ambas orillas es inmensa y decisoria», manifestó la coalición.  

«Ni son ilegales los latinoamericanos que entraron bajo la autorización de un Gobierno ni la condición de delincuentes o criminales es equivalente a la condición nacional o moral de las culturas diferentes. Ni los venezolanos, ni los nicaragüenses, ni los haitianos ni los cubanos pueden ser estigmatizados por su circunstancia social, económica o política específicas. Merecen respaldo, apoyo y respeto por parte de los responsables políticos de los Estados y de la comunidad internacional. Todos tienen el respaldo del CTDC», concluyó la declaración.