“Estamos dispuestos a asumir el precio”: Viñas Alonso se niega a arrodillarse ante el régimen

LA HABANA, Cuba – “La dignidad es tan importante como nuestra propia vida, como dice uno de nuestros preciados lemas ‘lo que la virtud une, ni la muerte puede separarlo’. Estamos todos unidos en la virtud y dispuestos a asumir el precio de no permitir injerencias ni arrodillarnos a imposiciones que pueden manchar nuestra historia de más de 165 años”.

Así lo aseveró el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, José Ramón Viñas Alonso, en comunicado oficial dirigido a los masones escocistas (integrantes del Supremo Consejo) de la Isla.

De esta contundente manera, el Soberano respondió a la notificación de Miriam García, directora del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia (MINJUS), en el que esta le refiriera una supuesta ilegalidad cometida en su reelección el pasado mes de marzo y le indicara que el proceso debía repetirse. Asimismo, García orientó que debía sustituirlo Lázaro Cuesta Valdés, su predecesor en el cargo.

Sin embargo, Viñas Alonso afirmó que el Supremo Consejo “se mantiene dirigido por este Soberano Gran Comendador y todos sus cuerpos subordinados continúan trabajando normalmente” por decisión de la mayoría de sus miembros.

Hizo igualmente referencia a un encuentro que realizara el pasado 31 de mayo. Según Viñas Alonso, él se reunió y consultó “a más del 80% de los hermanos escocistas y posterior a explicarles legal y matemáticamente” la legalidad de su cargo, “por unanimidad”, determinaron no aceptar “el mandato y la injerencia de la señora Miriam García”.

“Nuestra ley está hecha por masones y para ser interpretada por los masones escocistas y, en su momento de interpretarla, el Registro de Asociaciones lo hizo y la aprobó; posterior a su aprobación, es interno cómo lo aplicamos y no permitimos injerencias o imposiciones, máximo cuando se viola la forma y procedimiento de las relaciones entre la asociación y el Registro de Asociaciones”, aseveró.

Asimismo, el Soberano sustentó que Lázaro Cuesta Valdés, pasado Soberano Gran Comendador, no está facultado por ninguna ley a sucederlo en el cargo. Cuesta Valdés tiene más de 80 años de edad y, por tal motivo, ya no es miembro activo del Supremo Consejo; además, fue expulsado recientemente por traicionar a la Institución en posicionamientos gubernamentales como este de tratar de destituir a Viñas.

“Esto, en vez de ayudar a la armonía en nuestro Supremo Consejo, ha creado peligrosamente un enfrentamiento entre hermanos que puede terminar con agresiones fatales y de lo cual no seremos los responsables”, alertó Viñas.

En la reunión extraordinaria sostenida el pasado 31 de mayo en la Catedral Escocesa, sede del Supremo Consejo en La Habana, los más de un centenar y medio de masones expresaron su rechazo a las injerencias del Registro de Asociaciones y su voluntad de mantenerse fiel a su legislación y al liderazgo que escogieron para su Institución.

Ese día, explica Viñas, “quedó definido” que “el masón escocista que se haga eco y tome posición contraria a la decisión tomada por la amplia mayoría de los hermanos del Supremo Consejo, es un traidor a nuestro alto cuerpo”.

De tal forma, se sostiene que Lázaro Cuesta, al formar parte del plan del Registro de Asociaciones y tratar de recabar apoyo contra Viñas, “es un traidor”.

“Nuestras elecciones son democráticas y ni el MINJUS ni el IPH Cuesta tienen facultades para proclamar a un Soberano Gran Comendador interino; el día que eso suceda es porque no hay Supremo Consejo, ni Alta Cámara del Rito en Cuba (similar a un Poder Legislativo en la Masonería), sino que somos dirigidos por una entidad externa y eso no tiene sentido de ser”, manifestó.

Para finalizar, Viñas Alonso realizó una declaración aún más frontal: “quien tenga intención de imponernos prepotentes decisiones arbitrarias de este tipo, tendrá que estar dispuesto a imponerse con violencia y decidirse a pagar el precio más caro que existe”.

Según el Soberano, la decisión más sencilla sería ceder a la orden del Registro de Asociaciones, “pero mis hermanos han tomado la decisión contraria y a ellos me debo”.

Sostuvo igualmente que no se trata de un delito de “desacato”, sino que no están dispuestos a aceptar una imposición injusta e injerencia en sus asuntos internos, los cuales “nada afectan al gobierno” y que el motivo real es deshacerse de personas como él, que no ceden a los chantajes ni se prestan a ser títeres del régimen.

Qué hay detrás del conflicto

La Masonería en Cuba está conformada por dos instituciones: la Gran Logia de Cuba y el Supremo Consejo; la primera rige los grados del 1 al 3, la segunda, los grados del 4 al 33, considerados de superación o filosóficos. El Gran Maestro es quien dirige la GL, mientras que el Soberano gobierna en el Supremo Consejo. Ambos cargos se eligen en procesos democráticos por la comunidad masónica en la Isla. Entre las dos instituciones existe un tratado de paz y mutuo reconocimiento.

Viñas ha permanecido en el cargo desde 2015, cuando fuera designado por Lázaro Cuesta tras este decidir dejar de ser el Soberano para postularse a las elecciones de Gran Maestro (fue Gran Maestro entre 2015 y 2018). Viñas ocupó el puesto de manera interina hasta la convocatoria a elecciones en 2018, cuando resultara elegido formalmente. Según la legislación masónica, aprobada por el Registro de Asociaciones en 2017 tras una actualización, Viñas puede ser legalmente el Soberano Gran Comendador por tres mandatos seguidos, plazo que se extingue en 2027.

Sin embargo, El Registro de Asociaciones quiere imponerle su salida debido a una muy conveniente interpretación de la ley que esconde un ensañamiento contra su persona luego de que se posicionara en contra de la represión del régimen a las protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J). Esto fue denunciado incluso por un Gran Maestro que se exilió en 2023 en Estados Unidos y expuso las presiones de la Seguridad del Estado para que iniciara un proceso contra Viñas y lo expulsara de la Masonería, a lo cual él se negó.

Luego, en enero de 2024, el entonces Gran Maestro, Mario Urquía, tras destaparse un supuesto robo de 19.000 USD en su oficina y otros montos millonarios que “desaparecieron” de la Gran Logia  bajo su mandato (por lo cual fue denunciado ante las autoridades), así como estafas al Estado en su mipyme, fue chantajeado por las autoridades y decidió prestarse a los planes de la policía política. Pese a esto y al respaldo gubernamental, los masones protagonizaron una histórica protesta que lo llevó a renunciar.

Entonces lo sucedió Mayker Filema, un masón de trayectoria poco relevante dentro de la Institución pero que ha demostrado estar en el cargo por contar con el respaldo del régimen.

En marzo del presente año, Filema se negó a cumplir con lo establecido: desarrollar elecciones; y, como suelen hacer los dictadores para sostenerse en el cargo, ha implementado una “cacería de brujas” contra todos los que se le han opuesto, incluso permitió que, de manera ilegal, se efectuara la expulsión de Viñas Alonso y de otros masones incómodos al poder como el escritor y ex preso político, Ángel Santiesteban Prats.

Ante esta situación, los masones de todo el país decidieron unirse, una vez más, para hacer frente a la ilegalidad y las injerencias. El 25 de mayo, en ausencia de Filema, desarrollaron una sesión extraordinaria en la Gran Logia de Cuba en la que aprobaron la destitución de Filema y la convocatoria a elecciones generales para el mes de septiembre próximo.

A pesar de que los reclamos se han concentrado en la Gran Logia y no en el Supremo Consejo, las autoridades, por mediación del Registro de Asociaciones, han hecho caso omiso y enfocado sus esfuerzos en deshacerse de Viñas. Incluso han citado a masones en todas las provincias para exigirles que lo expulsen, pero todos se han negado y sostenido que es la Gran Logia la que intentan rescatar de poderes externos para poder seguir trabajando y que el Supremo Consejo no tiene problema alguno.

Controlar asociaciones de la sociedad civil como la Masonería, ya sea mediante agentes encubiertos o posicionados en lugares clave, es una prioridad para una dictadura como la cubana debido a los valores que esta promueve, su prestigio y un nivel de organización que pudiera hacer frente al régimen.

Las tensiones han escalado a tal punto que actualmente existe una casi explícita declaración de guerra pues los masones se han negado a ceder. Desde que Viñas emitiera su comunicado, varios han denunciado que, frente a la sede del Supremo Consejo, justo en la vivienda del presidente del CDR (Comité de Defensa de la Revolución), la Seguridad del Estado ha montado un operativo de vigilancia.