Envían a la cárcel a secretaria de juzgado en Sopetrán, Antioquia, tras robarse $527 millones

Aprovechándose del acceso a información que tenía por las funciones de su trabajo, la secretaria de un juzgado antioqueño se habría apropiado de 527 millones de pesos; sin embargo, se dejó sorprender y ahora se encuentra en medio de un lío judicial que ya la tiene tras las rejas.

Le recomendamos leer: Purga en Antioquia: van 80 funcionarios al banquillo por corrupción

El hecho sucedió en Sopetrán, Occidente de este departamento, y un juez acaba de mandar a la cárcel a la presunta implicada en este proceso.

Según la Fiscalía, Miriam del Socorro García Rojas, quien venía desempeñándose como secretaria de un juzgado promiscuo en el municipio mencionado, se habría apropiado del dinero contenido en un título judicial.

Los hechos se habrían presentado entre el 19 y 20 de diciembre del año pasado. En esas fechas, de acuerdo con los investigadores, esta mujer habría cometido el ilícito, acompañada de otra persona cuya identidad no fue revelada.

Ellos se habrían aprovechado del acceso privilegiado que tenían a la plataforma del banco y las claves de los títulos para sacar la plata y depositarla en una cuenta personal mediante dos consignaciones.

Por ese motivo, un fiscal de delitos contra la administración pública de la Seccional Antioquia de la Fiscalía le imputó a la señora García el delito de peculado por apropiación. La mujer no aceptó los cargos.

Hace menos de un mes EL COLOMBIANO publicó un informe que da cuenta de que en el último año y medio, en una ofensiva contra la corrupción en Antioquia, la Dijín investigó 25 casos que dejaron a 80 funcionarios públicos procesados.

Además, le puede interesar: Condenaron a cuatro exfuncionarios del Metro de Medellín por corrupción, ¿qué hicieron?

Entre las personas comprometidas en esos procesos hay jueces, fiscales, inspectores de policía, inspectores de juzgados, integrantes de la Policía Nacional y el Ejército, secretarios de despacho y gerentes de entidades públicas que habrían aprovechado sus cargos para defraudar de alguna manera al Estado.

Uno de los casos más emblemáticos data de 2023, cuando en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Bello desarticuló una red que se había especializado en montar tutelas que buscaban réditos económicos mediante esta acción legal, haciendo envíos desde correos específicos y con horarios de distribución específica para que los casos interpuestos por ellos llegaran a su juzgado y así responder a cambio de ganar y poder obtener retribuciones económicas.