¿En qué consiste la nueva ley de inversiones en Nicaragua y por qué debería preocuparnos? – Nicaragua Investiga

La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó el martes 3 de junio el nuevo reglamento de la Ley N° 1240, conocida como Ley de Inversiones Extranjeras. Esta legislación, que deroga la Ley N° 344 de Promoción de Inversiones Extranjeras y el Decreto Ejecutivo N° 55-2006, busca regular, promover y formalizar las inversiones extranjeras en el país. Sin embargo, su implementación plantea serios interrogantes sobre su impacto real en la economía y el clima de inversión, especialmente bajo el control de una Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE) liderada por Laureano Ortega Murillo, hijo del dictador Daniel Ortega.

Le explicamos las disposiciones de la Ley

La Ley N° 1240 define la inversión extranjera como cualquier transferencia de capital foráneo, ya sea en divisas, activos tangibles o intangibles, derechos de propiedad intelectual o tecnología con valor económico, sin distinción de la nacionalidad o residencia del inversionista. Entre sus disposiciones clave se encuentran:

1. Registro Obligatorio: Todas las inversiones extranjeras, incluidas las ya existentes, deben registrarse ante la Dirección de Inversiones del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) dentro de los 120 días posteriores a la entrada en vigor de la ley. Este requisito, que sustituye el registro voluntario de la Ley N° 344, busca una mayor cuantificación de datos económicos, pero impone una carga burocrática significativa.

2. Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE): La CNIE, presidida por Laureano Ortega Murillo, incluye al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, el ministro del MIFIC y el director de la Comisión Nacional de Zonas Francas, Fernando Sánchez. Este organismo tiene amplios poderes para aprobar, supervisar y regular las inversiones, lo que centraliza el control en figuras cercanas al régimen.

3. Inversiones Estratégicas: La ley introduce el concepto de «inversiones estratégicas», definidas como aquellas alineadas con los objetivos de desarrollo nacional y los planes del gobierno. Estas requieren un contrato específico con el Estado, lo que podría limitar la autonomía de los inversionistas.

4. Informes Trimestrales: Los inversionistas deben presentar reportes trimestrales con información detallada, como estados financieros, montos invertidos, ingresos, egresos, endeudamiento y datos sobre producción, precios, salarios y empleo. Esta exigencia, aunque justificada como una medida de transparencia, incrementa la carga administrativa.

Estos son los sectores que están impulsando la economía de Nicaragua según el Banco Central

1. Resolución de Conflictos: La ley permite a los inversionistas optar por tribunales de arbitraje internacional o leyes nacionales para resolver disputas, siempre que no cambien de jurisdicción una vez iniciado el proceso. Se reconoce la validez de laudos arbitrales internacionales conforme a la Convención de Nueva York.

2. Comité Técnico de Evaluación y Seguimiento (Ctesie): Este organismo interinstitucional supervisará el cumplimiento de los planes de inversión, exigiendo dictámenes técnicos de entidades sectoriales, lo que refuerza el control estatal sobre las operaciones.

Impacto en el clima de inversión

Incentivos y promesas

El régimen presenta la Ley N° 1240 como un esfuerzo para atraer capital extranjero, mejorar la competitividad y fomentar el crecimiento económico mediante la generación de empleo y transferencia tecnológica. Según datos del Banco Central de Nicaragua, la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los 2,235.7 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2024, un 13.4% más que en 2023. La ley pretende capitalizar esta tendencia, promoviendo un marco jurídico que facilite la entrada de capital y su alineación con las prioridades nacionales.

Burocracia asfixiante

Sin embargo, la nueva normativa introduce un nivel de control estatal que podría desincentivar a los inversionistas. El registro obligatorio y los informes trimestrales representan una carga administrativa que contrasta con la supuesta agilización prometida. La centralización de la supervisión en la CNIE, liderada por Laureano Ortega, plantea riesgos de decisiones arbitrarias o politizadas, especialmente en un contexto donde el régimen Ortega-Murillo ha sido criticado por su falta de transparencia y manejo autoritario. La obligatoriedad de alinear las inversiones estratégicas con los planes gubernamentales podría limitar la libertad de los inversionistas para operar en sectores no prioritarios para el Estado.

Contexto político y económico

Nicaragua enfrenta desafíos estructurales que la ley no aborda. Desde 2018, la crisis sociopolítica ha reducido la competitividad del país, con un modelo económico extractivista y dependiente de remesas, préstamos y exportaciones de bajo valor agregado. La IED en Nicaragua históricamente se ha concentrado en servicios y minería, sectores que no fomentan un desarrollo sostenible.

Régimen continúa sosteniendo que no hay desempleo en Nicaragua

La supervisión de Laureano Ortega, una figura sin experiencia económica relevante y percibida como parte de la consolidación dinástica del régimen, genera desconfianza entre los inversionistas. Su rol en proyectos fallidos, como el satélite NicaSat1 o el canal interoceánico, refuerza las dudas sobre su capacidad para gestionar un proceso de atracción de capital eficiente. Además, las sanciones internacionales contra el régimen, especialmente de Estados Unidos, que representa el 60% de las exportaciones nicaragüenses, complican el panorama, ya que la ley no ofrece mecanismos claros para mitigar estos riesgos.

Riesgos para los inversionistas

La exigencia de información detallada, como estados financieros y datos operativos, podría exponer a las empresas a un escrutinio excesivo, con el riesgo de que esta información sea utilizada para fines políticos o represivos. La falta de claridad sobre los requisitos de registro y los procedimientos del MIFIC, aún no publicados, genera incertidumbre. Además, la obligatoriedad de contratos para inversiones estratégicas podría imponer condiciones desfavorables, limitando la flexibilidad de los inversionistas.

Laureano Ortega sigue acumulando poderes para firmar acuerdos internacionales

En conclusión, aunque la Ley N° 1240 se presenta como una herramienta para impulsar la inversión extranjera, su implementación bajo un régimen autoritario y su enfoque en el control estatal podrían convertirla en una barrera más que en un incentivo. Los inversionistas enfrentarán un entorno de alta burocracia, incertidumbre normativa y riesgos políticos, lo que podría perpetuar la debilidad de Nicaragua como destino de inversión en la región.