¿En qué consiste la ley anticorrupción de Rosario Murillo que podría jugarle en contra? – Nicaragua Investiga

La reciente reforma constitucional y ley anticorrupción promovida por Rosario Murillo, dictadora de Nicaragua, se presenta como un intento de combatir la corrupción, pero analistas y opositores coinciden en que es una medida estratégica para afianzar su poder y liquidar a sus rivales políticos, incluso a viejos aliados. Esta iniciativa surge en medio de un escándalo que salpica a Bayardo Arce, un histórico asesor de Daniel Ortega, lo que sugiere un ajuste de cuentas interno dentro del régimen.

La «ley anticorrupción» consta de varios puntos críticos que la exponen como una herramienta de control político, más que una legislación genuina para la probidad. A continuación, un desglose de las principales «vergüenzas» que podrían jugarle en contra a la propia Murillo:

• Viviendo en Propiedad Confiscada: Una de las paradojas más notables es que la pareja presidencial, Ortega y Murillo, reside en un complejo de casas que fueron confiscadas durante los años 80, una herida abierta para miles de nicaragüenses. «Más de 20,000 propiedades fueron arrebatadas a sus legítimos dueños,» subraya el video. Esta situación genera un profundo cinismo sobre la legitimidad de una ley anticorrupción impulsada por quienes se benefician de propiedades robadas.
• Opacidad Financiera: Ni Daniel Ortega ni Rosario Murillo han cumplido con la obligación legal de presentar su declaración de probidad, un requisito que data de hace más de 18 años. «Ortega no ha presentado su declaración de probidad en más de 18 años,» mientras que Murillo tampoco ha transparentado sus bienes. La falta de rendición de cuentas de la propia cúpula gobernante subraya la hipocresía de la ley.
• Corrupción en la Ayuda Venezolana: El régimen ha sido acusado de desviar miles de millones de dólares provenientes de la ayuda petrolera venezolana, que se estiman en casi 5 mil millones de dólares. Según la nota, «este dinero fue presuntamente desviado para construir un imperio petrolero familiar,» administrado por Rafael Ortega Murillo. Este escándalo de enriquecimiento ilícito familiar choca de frente con el propósito oficial de la nueva ley.

La nueva legislación, lejos de ser un avance democrático, es interpretada como una «estrategia cínica para consolidar el poder de Murillo eliminando a rivales.

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La persecución de Bayardo Arce, un antiguo aliado de Ortega, ilustra perfectamente el verdadero objetivo de esta ley: no la lucha contra la corrupción, sino la consolidación de la dictadura a través de la eliminación de figuras políticas que ya no son funcionales a los intereses de la familia presidencial.