¡El veredicto del siglo! Uribe, a un día de que su historia política cambie

Álvaro Uribe está preocupado, lo dijo su abogado. Aunque confía en que la justicia falle a su favor y lo declare inocente del presunto soborno a testigos, sabe que su futuro está en manos del juzgado, y que ahí ya no tiene cómo mover un dedo. Todas las cartas están sobre la mesa.

El juzgado ya tomó una decisión. Hace dos semanas, la jueza Sandra Heredia se encerró en su despacho y revisó todo lo que se dijo y se mostró desde que el juicio arrancó en febrero. No hay duda de que su carrera se parte en dos con este fallo. A partir de mañana, su rostro quedará pegado a la historia del país, y aparecerá en los libros cuando algún estudiante pregunte por el expresidente de la seguridad democrática.

Si lo declara culpable, habrá estruendo. Si lo declara inocente, también. No importa cuál sea el fallo, el país va a temblar.

Mañana, desde las 8:00 de la mañana, el juzgado instalará la sesión para la lectura de la sentencia. Puede que la jueza vaya directo a la parte final y anuncie su decisión, pero también puede que decida leer todas las hojas que justifican el “resuelve”.

En el país de las primicias, esta decisión no se filtra. Es custodiada con absoluto recelo. Seguro la jueza no lo comenta ni con la almohada. Y así como hay hermetismo con el sentido del fallo, también lo hay con la logística: la prensa tendrá que abrirse paso entre multitudes a las afueras del juzgado, entre detractores y seguidores. Uribe es uno de los personajes más reconocidos del país, y su paso por el banquillo de los acusados es un hecho histórico, como lo ha sido su carrera política. A Paloquemao llega por la misma ruta que, hace quince años, lo conducía a la Casa de Nariño, cuando aún era el jefe de Estado de Colombia.

Pero para llegar a este punto, al borde de una sentencia, pasaron cosas. Álvaro Uribe no terminó en el banquillo de la noche a la mañana. Fue un proceso largo, enredado y polémico. El caso que lo tiene hoy a la espera de un veredicto comenzó con una pelea política y terminó convertido en un expediente penal. En el centro del caso está el supuesto intento de manipular testigos desde las cárceles para que cambiaran sus versiones y declararan a su favor.

En 2012, el lío ya estaba servido. El expresidente había denunciado al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos en las cárceles del país. Según él, Cepeda andaba buscando exparamilitares para que lo señalaran de tener vínculos con grupos ilegales. Uno de esos testigos fue Juan Guillermo Monsalve, un hombre que vivió en la finca Guacharacas, que perteneció a la familia Uribe. Llegó allí porque su padre era el mayordomo. Años después, Monsalve se convirtió en criminal y terminó condenado a 40 años de cárcel por homicidio.

Desde prisión, aseguró que tanto Uribe como su hermano Santiago habían participado en la creación de un bloque paramilitar en Antioquia.

Sin embargo, esa acusación, con el paso del tiempo quedó sin peso y el proceso penal contra Uribe quedó limitado a si se habían comprado o no testigos.

En este juicio, Monsalve rindió su versión. Al primero que le habló sobre los supuestos vínculos con los paramilitares fue al senador Iván Cepeda. Todo quedó grabado en video, y esa grabación terminó filtrándose en 2011.

A esas reuniones, con Monsalve y otros privados de la libertad, Cepeda iba acompañado de la abogada Mercedes Arroyave, conocida por defender a exparamilitares y quien, a lo largo del proceso, fue señalada de hacer múltiples ofrecimientos a cambio de que los presos mencionaran a Uribe. En juicio, varios exparas contaron que ella les prometía revisar sus condenas o, al menos, mejorar sus condiciones en la cárcel. A Cepeda también lo señalaron de hacer ofrecimientos, aunque la Corte, en su momento, no encontró mérito para abrirle una investigación formal. Arroyave, por su parte, nunca declaró. Nadie sabe nada de ella desde 2021. Como si la tierra se la hubiera tragado.

Para entonces, Uribe ya tenía la bandeja de mensajes llena de alertas. Le llegaba información de aquí y de allá sobre un supuesto montaje que estaría gestándose en su contra desde las cárceles.

Una tarde, su primo, el exsenador Mario Uribe, lo llamó para contarle que había un abogado con una información valiosa. El abogado era Diego Cadena. Cuando se conocieron, le dijo que sabía, de primera mano, que lo estaban tratando de incriminar desde prisión. Cadena se ofreció a ayudarlo. Y Uribe accedió. Le pidió que “buscara la verdad”.

Para la Corte, las gestiones de Cadena fueron ilegales. Consideró que en esas visitas el abogado hizo ofrecimientos indebidos, plata y promesas varias a los exparas para que cambiaran sus versiones y así el expresidente saliera bien librado. La Fiscalía llegó a la misma conclusión. Por eso, abogado y cliente terminaron en juicio.

Uribe insiste en que Monsalve les tendió una trampa. Que aceptó reunirse con Cadena en la cárcel La Picota de Bogotá para luego usar ese encuentro en su contra. Tan así, dice, que Monsalve llegó con un reloj espía y grabó toda la conversación. Esa grabación, justamente, terminó en el expediente y es una de las pruebas con las que la Fiscalía pidió condenarlo.

Pero además, en el expediente de la Fiscalía figura Deyanira Gómez, una médica que, mientras prestaba sus servicios en la cárcel, conoció a Juan Guillermo Monsalve y luego se casó con él. Según el proceso, ella —hoy separada de Monsalve— le habría sugerido que no se retractara y que mantuviera su versión sobre los presuntos vínculos de Álvaro Uribe con grupos paramilitares. Deyanira también se reunió con Diego Cadena. Grabó la conversación, que fue revelada durante el juicio: en el audio se escucha al abogado confirmando que podía asesorar judicialmente a Monsalve para obtener una eventual rebaja de pena.

Para la defensa, nada de lo que aportó la Fiscalía sirvió para probar los delitos. Al contrario, dicen que quedó claro que Uribe siempre le pidió a Cadena una sola cosa: que buscara la verdad.

A Monsalve lo desmintió su propio papá en el juicio. La defensa lo llamó a testificar para que aclarara si era cierto lo que decía su hijo: que en Guacharacas, cuando él era el mayordomo, se gestó la creación de un grupo paramilitar con el visto bueno de los Uribe. Su respuesta fue clara: no. Más bien, aprovechó para expresar su rechazo hacia el senador Iván Cepeda, a quien acusó de manipular a su hijo y hacerle promesas que nunca cumplió. Dijo que durante varios meses el senador les dio dinero y los sostuvo en Bogotá con la promesa de sacarlos del país como protegidos. Pero eso nunca pasó. Al final, todos se devolvieron a su pueblo en Antioquia. Todos menos Juan Guillermo, que sigue preso.

Hace dos semanas que la jueza se encerró a redactar su decisión. Seguro tuvo que repasar una a una las versiones de los 78 testigos que desfilaron, entre los llamados por la Fiscalía y los que presentó la defensa.

La fiscal Marlenne Orjuela, llevó al estrado a 37 testigos. Además presentó cartas, interceptaciones y grabaciones que, según ella, revelan un plan meticuloso de sobornos y presiones a exparamilitares.

Los abogados de Iván Cepeda, Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río, reconstruyeron paso a paso lo que llamaron el “peregrinaje carcelario” de Diego Cadena.

Según sus relatos, el abogado fue de prisión en prisión ofreciendo favores, dinero o promesas, todo con el objetivo de conseguir testimonios que ayudaran a limpiar el nombre de Uribe.

El primero en hablar por parte de la Fiscalía fue el senador Iván Cepeda. Contó cómo conoció a Juan Guillermo Monsalve y explicó por qué andaba de cárcel en cárcel grabando presos. Dijo que lo hacía como miembro de una organización que vela por los derechos humanos de los privados de la libertad. Que buscaba ofrecer garantías de seguridad para que quienes tuvieran algo que decir, pudieran hacerlo sin miedo. Así terminó reuniéndose con varios internos.

A Monsalve, sin embargo, hasta hoy ninguna autoridad lo reconoce como exparamilitar. Exmiembros de grupos armados que sí estuvieron en esas filas aseguran no haberlo visto nunca. Para la defensa, eso es prueba de que miente. Que se inventó todo para obtener beneficios a cambio de incriminar al exmandatario. La JEP tampoco lo aceptó: ningún grupo paramilitar lo reconoció como parte de su estructura.

Por los delitos imputados, Uribe, de 73 años, podría enfrentar una pena de hasta 12 años de prisión, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000), es decir, que recuperaría su libertad a los 85 años de edad.

“El que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años (Art 453)”, señala la normativa colombiana para los delitos de soborno y fraude procesal.

En el caso del expresidente, expertos coinciden en que, al no contar con antecedentes penales y considerando su avanzada edad, el juzgado podría optar por imponer una pena de detención domiciliaria, en lugar de prisión intramural.

Esta posibilidad está contemplada en el Código de Procedimiento Penal colombiano, que permite medidas sustitutivas de la cárcel cuando concurren factores como la edad, el estado de salud o la ausencia de antecedentes.

Sin embargo, la decisión final también dependerá de la solicitud que formule la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de lectura del fallo. El ente acusador podría insistir en que se trata de hechos graves que merecen la pena intramural.

El impacto de una condena no sería solo jurídico, sino también político y simbólico, se trataría de una pena judicial contra el presidente que aún hoy mueve hilos políticos de la centro derecha del país y durante su mandato ha sido el más popular de los últimos tiempos. En todo caso, la defensa podrá apelar la decisión.

Por el contrario, si el fallo lo declara inocente, como lo solicitan la Procuraduría y la defensa, quedará abierta la posibilidad de que tanto la Fiscalía como la parte civil apelen.

En ese escenario, el caso pasaría a segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá, y eventualmente podría ser revisado en última instancia por la Corte Suprema de Justicia.

Pero además, la absolución abrirá una nueva etapa de reivindicación para Uribe, quien ha sostenido desde el inicio que es víctima de una persecución política.

La decisión podría fortalecer su imagen entre sus seguidores, reactivar su rol dentro del uribismo e incluso influir en el mapa electoral de cara a 2026.

Las cartas están echadas. Lo que muchos creyeron imposible, llevar a juicio al expresidente Uribe, finalmente ocurrió. Así fuera por un delito que resulta un poco confuso, pues se le acusa de compra de testigos (de Monsalve, por ejemplo), a pesar de que este no solo no atestiguó a su favor, por el contrario lo hizo siempre en contra, y lo que fue su primer señalamiento, el de creación de grupos paramilitares, nunca ha sido probado.

Así, luego de trece años de batalla judicial, con idas y venidas en los estrados, 67 audiencias que se extendieron por más de mil días calendario, dos intentos fallidos de la Fiscalía por cerrar anticipadamente el caso, maniobras jurídicas de lado y lado, tutelas, recusaciones, aplazamientos estratégicos y una tensión que nunca se disipó del todo, el juicio más mediático de los últimos tiempos en Colombia llega a su fin y será sísmico.

La juez Heredia leerá su interpretación de las pruebas. Lo hará después de haber sido blanco de críticas, presiones y señalamientos de seguidores de Uribe, quienes pusieron en duda su imparcialidad desde el inicio. Pese a todo, la funcionaria resistió en su cargo y, tras semanas de encierro, escribiendo la sentencia, anunciará el veredicto.

75

testigos rindieron su versión sobre los presuntos actos ilegales del expresidente Uribe.

¿Por qué Álvaro Uribe debe ser declarado culpable?

“Hay muchos elementos materiales probatorios que fueron demostrados en audiencia: las visitas de Diego Cadena a las cárceles, las entregas comprobadas de dinero a los presos, las presiones a Juan Guillermo para que se retractara. Existen suficientes elementos materiales probatorios para que, en contra de Álvaro Uribe Vélez, se emita un sentido de fallo condenatorio”.

¿Qué harán si es declarado inocente?

“Cualquiera que sea la decisión nosotros actuaremos con absoluto respeto. Si la decisión es de absolución nosotros apelaremos para que sea el Tribunal el que defina. Lo que a nosotros nos parece inaceptable, son todas las presiones que se están ejerciendo en contra de la juez por parte de figuras del uribismo, ejercerciendo alguna presión en contra de la funcionaria”.

¿Confían en que la decisión será imparcial y libre de presiones externas?

“Ha sido una funcionaria rigurosa que no ha permitido la dilación injustificada del expediente y por el contrario le ha dado desarrollo como debe hacerse. Ha sido radical con todos los sujetos procesales, incluyéndonos a nosotros, a la representación de víctimas. Confiamos en que esta jueza ha actuado con absoluta imparcialidad”.

¿Están listos para la jornada de mañana, de lectura del fallo?

“Va a ser un día muy complejo. La decisión será histórica, jamás habíamos tenido a un expresidente en etapa de juicio. Todo lo que estamos viviendo es novedoso desde el punto de vista judicial. Nosotros hemos advertido que esto no es un juicio político esto es un proceso judicial pero que indudablemente va a tener connotaciones políticas y será un día histórico para el país”.

¿Por qué Álvaro Uribe debe ser declarado inocente?

“La Fiscalía no presentó una sola evidencia, ni una sola prueba, ningún testimonio, ningún perito, nada que involucre la responsabilidad a los niveles en este caso. Con eso sería suficiente para absolverlo. Esta defensa en cambio si demostró que el expresidente jamás incurrió en actividades ilegales y tampoco dio instrucciones a otros para que lo hicieran”.

¿Qué harán si es declarado culpable?

“Es un escenario que no contemplamos conforme a la práctica probatoria que se dio. Si eso llegara a ocurrir, aspiro que no sea así, lo que procede son los recursos ordinarios, en este caso de apelación ante el Tribunal para corregir ese desafuero, ese hierro”.

¿Confían en la independencia del juzgado?

“Creemos en la separación de poderes. Aspiramos que la jueza actúe además con imparcialidad. Tengo que decirlo con toda honestidad, en el juicio vimos a una juez estricta, una juez que le imprimió una gran celeridad que permitió que termináramos a tiempo, y una juez que actuó con imparcialidad”.

¿El expresidente está tranquilo?

“No, no puede estar tranquilo, porque nadie, ningún ser humano puede estar tranquilo esperando una decisión judicial. Está obviamente preocupado por todo lo que esto genera, pero en su convicción, en su vida, en lo que ha proyectado, evidentemente está tranquilo esperando que se emita una decisión fundada en las pruebas”.

¿Estará el lunes en Paloquemao escuchando el fallo?

“No te puedo responder por cuestiones de seguridad”.