El teflón de Ricardo Roa: los escándalos en los que ha estado involucrado el presidente de Ecopetrol y ahí sigue
- Colombia
- mayo 29, 2025
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La renuncia fue irrevocable a la junta directiva de Ecopetrol, en medio de un escándalo por un contrato millonario con la firma estadounidense Covington & Burling LLP. El contrato, por 5,8 millones de dólares, buscaba asesoría legal para enfrentar investigaciones contra el presidente de la compañía, Ricardo Roa.
La polémica creció cuando miembros de la junta afirmaron no haber aprobado el acuerdo, aunque documentos internos sugieren lo contrario. La renuncia de De Greiff intensificó la crisis interna y alimentó rumores sobre la posible salida de Roa.
La estocada final que tiene contra las cuerdas a Ricardo Roa
Este último escándalo, sin embargo, sería el que, por fin, le rayaría el teflón a Roa: hombre cercano al presidente Gustavo Petro, que fue su gerente de campaña presidencial en 2022. Esto debido a que la lista de señalamientos, investigaciones y polémicas que han rodeado al funcionario desde que llegó a la petrolera es más bien largo.
En octubre de 2024, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió una indagación previa en su contra por sus constantes ausencias en las citas a debates de control desde el Congreso de la República.
En ese sentido, le pidieron a la Comisión Quinta del Senado indicar cuántas veces Roa ha sido esquivo con los debates de control y, de otro lado, pidieron a Ecopetrol adjuntar el manual de funciones del presidente de esa empresa.
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Esa fue la segunda investigación disciplinaria que le abrían a Roa, quien estaba en líos con la Procuraduría desde diciembre de 2023 cuando le abrió indagación por presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente. Esa decisión se tomó luego de que el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, le dijera a la Fiscalía General de la Nación que el empresario Euclides Torres patrocinó un evento de campaña en Barranquilla.
Incluso, previa a esa apertura de indagación, la unidad investigativa de El Tiempo reveló que Roa compró un apartamento a una firma que aparece a nombre de un reconocido empresario del sector de hidrocarburos, lo cual supondría un potencial conflicto de interés por el cargo que ocupa en la principal petrolera del país.
El inmueble lo pagó a $1.800 millones y se lo compró a la empresa Princeton International Holdings LTD, cuya filial en Colombia aparece a nombre de Serafino Iacono: un empresario venezolano recordado por su paso en altos cargos en Pacific Rubiales y Gran Colombia Gold.
Los líos con su pareja Julián Caicedo
Por su pareja sentimental, Julián Caicedo, Ricardo Roa también ha estado en el ojo del huracán. En noviembre de 2024 EL COLOMBIANO reportó que Caicedo habría tenido injerencia en la elección del presidente de Interconexión Eléctrica (ISA), cuyo accionista mayoritario es Ecopetrol.
Él habría estado entre un grupo de personas que en su momento se mostraron “dispuestas a ayudar” a los aspirantes a llegar a la presidencia de ISA, presuntamente buscando a cambio las gerencias de las filiales de la empresa transmisora en Perú (Red de Energía del Perú S.A.) y Brasil (ISA CTEEP).
En ese sentido, por esas mismas semanas un exalto directivo de la petrolera —que salió de la empresa tras más de 20 años de servicio— dijo que Caicedo tiene una gran influencia en las decisiones internas de la petrolera. Según le dijo entonces a Caracol Radio, no solo ha hecho recomendaciones, sino que habría entregado personalmente al menos una hoja de vida para que fuera contratada en el grupo Ecopetrol.
Un chat y la hidroeléctrica Urrá
En diciembre de 2024 el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla remitió a la Fiscalía una denuncia anónima que le llegó en octubre pasado y que vinculaba al círculo cercano del presidente con aparentes malos manejos en la hidroeléctrica de Urrá en Córdoba. Para esa época, este diario conoció que las personas vinculadas en esa denuncia son el hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Alcocer Petro, y el gerente de Ecopetrol.
“Es un anónimo que fue entregado a la Fiscalía para averiguación, son 3 o 4 anónimos referidos a Urrá. Yo radiqué la denuncia con esos anónimos y no está personalizada. Hablan de varias personas y hechos”, dijo Bonilla en ese entonces a EL COLOMBIANO.
La denuncia remitida por Roa versa sobre la aparente presión indebida que ejercieron Roa y Alcocer Petro sobre la junta directiva de Urrá. El presunto interés de los denunciados sería favorecer a David Cerón y Lucía Muñoz –supuestos dueños de la empresa Luz Power– encargados de construir un parque solar en Urrá.
De este escándalo se conoce una serie de presuntas irregularidades por $1,4 billones en contratos de venta de energía. Entre los beneficiarios figura Marisol Segura, empresaria cercana a Roa y a su pareja, Julián Caicedo Cano.
Líos en la Fiscalía por posible direccionamiento de contrato
El pasado 8 de mayo la Fiscalía 21 Especializada en delitos contra la administración pública asumió la investigación penal contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros altos funcionarios de la estatal petrolera por su presunta participación en un entramado de irregularidades contractuales que habrían favorecido a la empresa Helistar.
El caso parte de la denuncia presentada por Helicol, en el sentido de que desde 2011 se habría montado un esquema de contratación que impidió la competencia real mediante “pliegos diseñados a la medida de Helistar”. Más acá en el tiempo, en agosto de 2024, Ecopetrol adjudicó un contrato por $600.000 millones para el transporte aéreo en zonas estratégicas para la extracción de petróleo.
El acuerdo dejó a Helicol a cargo de la operación en Paz de Ariporo (Casanare), que significaba el 20,5% del contrato, con el compromiso de adecuar la base e incorporar aeronaves en un plazo de seis meses, hasta el 3 de febrero, para arrancar operaciones el 1 de marzo de 2025. Mientras tanto, Helistar se quedó con las rutas en Cúcuta y Soracá, representativas del 79,5% restante. No obstante, Helicol insistía en que los pliegos de condiciones parecían diseñados para beneficiar a Helistar, por lo cual exigía una indemnización cercana a los $80.000 millones.
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En mayo de 2025 se le concentraron dos chicharrones más. El 25 El Tiempo reveló que la Junta Directiva de Ecopetrol de 2024 suscribió un contrato con la firma investigadora Covington & Burling LLP para determinar los alcances en Estados Unidos de las investigaciones en curso sobre Roa. La firma tendría en su posesión chats personales, correos electrónicos y audios de entrevistas realizadas a directivos que darían luces sobre la preocupación por las acusaciones.
Lo anterior demostraría que al interior de la compañía estatal habría incertidumbre sobre la percepción de estos casos en Norteamérica, según explicaron fuentes internas de Ecopetrol a ese medio de comunicación.
Entre tanto, este 28 de mayo la Procuraduría pidió sancionar a Ricardo Roa en medio de la investigación por presunta violación de topes electorales en la campaña de 2022. Según el documento, en el que también se pide sancionar a la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso y los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus, Roa actuó de manera presuntamente irregular al reportar los gastos de campaña durante la primera vuelta.
Las miradas están puestas en un evento en el Movistar Arena en Bogotá. Al parecer, la campaña no registró el gasto de $100 millones para el alquiler del escenario el 19 de junio de 2022. En su momento, el CNE determinó que, si bien el evento se pactó en $250 millones, la campaña únicamente reportó un gasto por $150 millones. Detrás de todo habría estado Roa.
Presunto espionaje a 70 funcionarios de Ecopetrol
La cereza en el pastel en este repertorio de escándalos, que tiene a Ricardo Roa hoy en la cuerda floja y con el teflón a punto de dañársele, fue la publicación de unos documentos confidenciales —revelados por Semana y Blu Radio— que demostraría que el presidente de la petrolera habría ordenado la interceptación de comunicaciones, correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentación física de al menos 70 altos funcionarios de la compañía, incluyendo filiales como Hocol y Cenit.
Estos documentos estaban referenciados con el fin de encontrar al “topo” que habría estado filtrando información a los medios.
Además del presunto seguimiento a sus funcionarios, para esto se habría celebrado un contrato por 5,8 millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, cuya supuesta finalidad era medir el impacto de los escándalos de Ricardo Roa en los mercados internacionales.
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En el contrato se estableció una cláusula confidencial que impedía divulgar su existencia sin autorización directa del director de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto José Vergara Monterrosa, quien firmó el otrosí el 26 de diciembre, en plenas festividades de fin de año. Aunque Roa ahora dice que también fue “víctima” del procedimiento, y niega haber ordenado las interceptaciones, miembros de la junta y fuentes al interior de Ecopetrol señalan lo contrario.
Hechos que tienen contra las cuerdas a Ecopetrol
La joya energética del país, Ecopetrol, no la tiene fácil este año. La petrolera estatal enfrenta un combo de problemas que vienen tanto de afuera como desde adentro y que ya están afectando su operación y su valor en el mercado.
A los vientos en contra del entorno internacional se suman salidas clave en su cúpula directiva, decisiones del Gobierno Petro que frenaron proyectos estratégicos como el de Oslo en Estados Unidos, y fallas operativas en sus refinerías, que han golpeado el suministro de combustibles y mermado su capacidad de producción.
Por ejemplo, las tensiones en la junta directiva de Ecopetrol han aumentado, especialmente en torno a decisiones clave de inversión y estrategia a largo plazo, así como el flujo de trabajo al interior de las vicepresidencias de la compañía.
Esto se ha reflejado, por ejemplo, en que en menos de 2 años se dieron 16 cambios de vicepresidentes, según cálculos de Daniel Guardiola, director de Equity Research de BTG Pactual Colombia. A esto se suma la alta rotación que se ha visto en los miembros de la junta directiva. Ha habido tres elecciones y se han cambiado 12 miembros de junta.
Además, las salidas de Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República y representante de los cerca de 250 mil accionistas minoritarios, y Luis Alberto Zuleta, miembro independiente, evidenciaron las fuertes grietas que hay dentro de la compañía y su gobierno corporativo, generando incertidumbre sobre la estabilidad y dirección futura de la empresa, así como la confianza de los inversores. La carta de renuncia de estos dos miembros mostró cómo Petro manda en la junta de Ecopetrol y su injerencia en las decisiones que toma el Ricardo Roa en la Presidencia de la petrolera.
Por otra parte, la intervención del presidente Petro en el Proyecto Oslo en la cuenca del Permian, Estados Unidos, llevó a la cancelación de un negocio que podría haber aumentado las reservas y producción en un 10%, y un alza del 15% en las utilidades de Ecopetrol. Esta decisión dejó maltrecho al gobierno corporativo y reflejó la influencia política en las operaciones de la empresa. El negocio se fue al traste tras una reunión entre Roa, algunos miembros de la junta y el presidente Petro. El veto llegó después de varios meses de evaluaciones internas, con el visto bueno de dos comités de la junta, y tras largas negociaciones con Oxy, ya habían informado al mercado sobre esto.