El régimen quiere imponer un líder en la masonería: el caso de Lázaro Cuesta y la ofensiva contra José Ramón Viñas

MADRID, España.- La masonería cubana, una de las instituciones fraternales más antiguas y numerosas del país, sigue atravesando una grave crisis provocada por la injerencia directa del régimen cubano en su estructura interna. El Ministerio de Justicia, a través de su Dirección de Asociaciones, ha iniciado un proceso para desconocer la reelección del Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, José Ramón Viñas Alonso, con el objetivo de sustituirlo por un antiguo dirigente masónico afín al gobierno: el babalawo Lázaro Cuesta Valdés.

El intento del gobierno no es aislado, sino parte de una estrategia más amplia de control sobre las organizaciones fraternales y religiosas, en particular sobre la masonería, una orden que históricamente ha defendido valores como la libertad, la fraternidad y la tolerancia. Con más de 25.000 miembros y más de 300 logias en todo el territorio nacional, tiene potencial para aglutinar voces críticas. De ahí el interés del régimen por debilitar su independencia.

Dos estructuras, un conflicto

En Cuba, la masonería se organiza en dos grandes cuerpos: la Gran Logia de Cuba, que rige los grados del 1 al 3; y el Supremo Consejo del Grado 33, que gobierna los grados superiores, del 4 al 33, considerados de superación. El máximo líder de la Gran Logia es el Gran Maestro, mientras que el Supremo Consejo está dirigido por el Soberano Gran Comendador.

Lázaro Cuesta Valdés ha ocupado ambos cargos. Fue soberano gran comendador en años anteriores, y luego Gran Maestro entre 2015 y 2018. Para asumir este último rol, dejó a José Ramón Viñas como su sustituto al frente del Supremo Consejo, no por elección, sino por designación interna. Esta es la base sobre la que ahora el Ministerio de Justicia, a través de su directora de asociaciones, Miriam García, intenta invalidar el mandato de Viñas.

El argumento del gobierno es que Viñas lleva en el cargo desde 2015, excediendo el límite permitido por los estatutos. Sin embargo, lo cierto es que Viñas asumió formalmente el puesto por elección en 2017, y en ese mismo año, con el aval de la propia Miriam García, se aprobaron los nuevos estatutos que limitan a tres mandatos de tres años la permanencia en el cargo. Su actual reelección, ocurrida en marzo de 2025, corresponde a su tercer y último mandato legal. La injerencia gubernamental, por tanto, se basa en una interpretación manipulada de la normativa interna.

El trasfondo político: persecución y liderazgo

José Ramón Viñas ha sido una figura incómoda para el régimen cubano. Crítico con la represión y el autoritarismo, fue uno de los pocos líderes fraternales que se pronunció el 11 de julio de 2021, durante las protestas masivas en todo el país. Desde entonces, ha sido objeto de vigilancia constante por parte de la Seguridad del Estado.

Diversas fuentes internas de la masonería señalan que la campaña para destituirlo se ha intensificado desde que se anunció su reelección. Funcionarios del Registro de Asociaciones han convocado a líderes masónicos de todo el país para deslegitimar su mandato y empujarlos a exigir nuevas elecciones, a pesar de que el Supremo Consejo no presenta ninguna irregularidad legal.

El foco del conflicto no está en el Supremo Consejo, sino en la Gran Logia, aseguran miembros activos. En efecto, la mayoría de las protestas internas se han dirigido contra Mayker Filema Duarte, Gran Maestro, acusado de usurpar el cargo y de negarse a convocar elecciones. El pasado 25 de mayo, Filema suspendió de forma unilateral la sesión de Alta Cámara, lo que desencadenó una ola de indignación entre los masones. En respuesta, se convocó una reunión paralela en la que se declaró su expulsión.

Un viejo aliado del régimen

En este contexto, la figura de Lázaro Cuesta resurge como un peón del gobierno para recuperar el control del Supremo Consejo. Cuesta, quien fue expulsado recientemente de la institución por “traición a los códigos internos”, ha mantenido una relación cercana con el régimen. Su postura ambigua y complaciente durante su etapa como Gran Maestro generó recelos dentro de la fraternidad, y su papel en el actual conflicto ha sido interpretado como una maniobra política en alianza con el Ministerio de Justicia.

Según fuentes consultadas, Cuesta habría comenzado a difundir mensajes internos en los que declaraba “ilegal” el mandato de Viñas y pedía nuevas elecciones. Esta actitud fue considerada por los masones como una violación grave de los principios de lealtad y fraternidad, lo que motivó su expulsión. Además, con 80 años de edad, Lázaro Cuesta fue designado como masón emérito, lo cual le retira oficialmente el derecho a voto o a ejercer cargos dentro del Supremo Consejo.

Pese a esto, el gobierno cubano parece decidido a imponerlo como sucesor de Viñas, aprovechando su condición de exSoberano Gran Comendador, aunque los estatutos masónicos establecen con claridad que la sucesión corresponde a cargos de vicepresidencia internos, actualmente ocupados por personas leales a Viñas.

Estrategia de control

El caso de la masonería no es aislado. La estrategia del régimen cubano para controlar las asociaciones independientes –religiosas, fraternales o profesionales– se ha hecho cada vez más explícita en los últimos años. El gobierno intenta infiltrar, chantajear o designar a líderes sumisos, para garantizar que estos espacios no se conviertan en focos de disidencia.

La masonería, en particular, es vista por el poder como una estructura a vigilar de cerca, tanto por su autonomía organizativa como por su simbolismo histórico. Figuras clave del proceso independentista cubano fueron masones, y los valores que defiende la orden –libertad, equidad, pluralismo– son considerados subversivos en el contexto de represión del país.

El silencio institucional

A pesar de la gravedad del conflicto, ni el Ministerio de Justicia ni la Gran Logia han emitido comunicados oficiales sobre la situación. El único movimiento visible ha sido la carta enviada el 27 de mayo por la Dirección de Asociaciones, en la que se insta a anular la reelección de Viñas. En respuesta, el Supremo Consejo ha convocado a una reunión de emergencia para este sábado, en la que se espera un pronunciamiento firme ante la injerencia estatal.

Masones de distintas provincias han manifestado su respaldo a Viñas, argumentando que su liderazgo ha sido legítimo, votado y legalmente amparado. Asimismo, denuncian que los esfuerzos del régimen por desviar la atención del conflicto con Filema en la Gran Logia hacia el Supremo Consejo, son parte de una cortina de humo para sostener a un dirigente plegado al poder y para deshacerse de Viñas.

La comunidad masónica, con sus códigos internos de ética, respeto y autonomía, se enfrenta a un momento definitorio. Defender su soberanía institucional implica no solo resistir la manipulación estatal, sino también sostener un modelo organizativo que sirva de ejemplo para otras asociaciones y espacios cívicos en Cuba.

Mientras tanto, el intento del régimen de imponer a Lázaro Cuesta como nuevo líder no ha hecho sino profundizar las divisiones y acelerar la movilización interna. El rechazo a la injerencia crece, y con él, la determinación de defender los valores que históricamente han definido a la masonería cubana.