El régimen cubano comienza su segunda batida trimestral ‘contra el delito y las ilegalidades’

Miguel Díaz-Canel Bermúdez calificó como «un hecho de gran importancia» el denominado Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, que comenzó el lunes 24 de marzo en todo el país, y con el que las autoridades buscan dar la imagen de que combaten el incremento de la criminalidad, pese a no enfrentar su principal causa, que es el agravamiento de la pobreza.

En una reunión por videoconferencia en la sede del Comité Central del Partido Comunista con autoridades de toda la Isla, el gobernante reconoció «la aparición de hechos de violencia, agresividad y daño económico, que deben ser enfrentados con total severidad», citó el diario oficial Granma.

Esta es la segunda campaña de esta magnitud anunciada por el régimen, luego de la realizada en diciembre último, y se repetirá cada trimestre. La batida deriva además de los reclamos de los cubanos, que reclaman acciones ante el clima de inseguridad creciente.

Enfatizando en el enfoque punitivo que dan las autoridades al asunto, Díaz-Canel subrayó «la necesidad de realizar juicios ejemplarizantes, fundamentalmente de hechos relacionados con delitos que han ocurrido en instituciones; robo de cables eléctricos en máquinas de riego; apedreamiento a tiendas y ómnibus, así como casos de corrupción».

Para ellos, subrayó, «las respuestas tienen que ser contundentes».

Julio César García Rodríguez, jefe de la Oficina de Atención a la Unión de Jóvenes Comunistas, Organizaciones de Masas, Órganos del Estado y Sector Jurídico del Comité Central del PCC, el ejercicio, que se extenderá hasta el próximo 29 de marzo, busca «incrementar las acciones de los órganos del Estado, del Gobierno, el Ministerio del Interior, las organizaciones políticas, sociales y de masas, de control popular y comunicacionales, en la prevención y enfrentamiento a estos fenómenos nocivos que afectan la seguridad y el orden interior».

Entre los principales objetivos de la campaña están, dijo el funcionario, «la conclusión del proceso de comprobación que desarrolla el Partido a las relaciones contractuales de los actores económicos estatales con las formas de gestión no estatal; la ejecución de acciones de prevención y enfrentamiento a las drogas; la intensificación de la labor de los cuerpos de inspección en el enfrentamiento a los precios abusivos y especulativos, y la realización de inspecciones a la red urbanística y al proceso inversionista, especialmente en los parque solares fotovoltaicos».

Esta nueva campaña masiva contra el delito en Cuba se produce luego de una semana en la que las autoridades de La Habana emprendieron una batida similar contra el narcotráfico en la capital. Esta se extendió a otros territorios, desde los que la prensa oficial reportó juicios, decomisos y detenciones de decenas de personas vinculadas a un negocio cada vez más visible en el país.

Después de evitar mencionar el problema y responsabilizar a terceros del tráfico internacional de estupefacientes, en el último año el régimen ha reconocido de forma explícita la existencia del narcotráfico y el consumo de drogas en la sociedad cubana, en especial en los barrios más pobres.