El ministro de Justicia niega injerencia en la masonería, mientras impone al usurpador Filema

MADRID, España.- El ministro de Justicia del régimen cubano, Óscar Manuel Silvera Martínez, negó este lunes cualquier tipo de injerencia del Estado en los asuntos internos de la masonería, pese a que su propio ministerio ha respaldado abiertamente al usurpador Mayker Filema Duarte, desconociendo la elección de Juan Alberto Kessel Linares como nuevo Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba.

En una intervención transmitida por medios oficialistas, Silvera afirmó que el Ministerio actúa conforme a la Ley 54 de 1985, también conocida como ley de asociaciones, la cual —según sus palabras— le concede un “papel rector en el proceso de constitución, creación y control de las formas asociativas”. El funcionario recalcó que esta normativa otorga al MINJUS la responsabilidad del “control, del cuidado, del cumplimiento de la ley de asociaciones”.

Sin embargo, mientras el ministro niega toda injerencia, la realidad demuestra lo contrario: el Ministerio ha desconocido la voluntad mayoritaria de los masones cubanos, quienes destituyeron legalmente a Filema Duarte en mayo pasado y eligieron por votación interna a Kessel Linares, en concordancia con los estatutos fundacionales de la fraternidad.

Durante su intervención, Silvera mencionó que en el país existen 2.261 formas asociativas registradas, de las cuales 1.141 son fraternales. “Una buena parte… son los masones”, reconoció, remarcando que su organismo tiene la obligación —por mandato de ley— de supervisar a todas estas entidades.

Afirmó también que la masonería es considerada por el Estado como “una asociación fraternal de carácter social”, y que “por ende están constituidas por su inscripción en el Registro de Asociaciones”, dejando claro que el control del MINJUS sobre la Gran Logia no es una excepción, sino una norma estructural impuesta desde el poder.

Pese a sus reiterados llamados al respeto, Silvera admitió de manera implícita las divisiones internas, que atribuyó a “diferencias en la manera, en la forma, en el procedimiento en que se ha elegido al Gran Maestro”.

Sobre la legislación interna de la masonería, el ministro detalló que “es una legislación amplia… que abarca todos los aspectos de la vida de la asociación”, compuesta por 16 libros, entre ellos la Constitución Masónica, los Estatutos, la Ley Electoral y el Libro de la Justicia Masónica. Aun así, el propio MINJUS ha optado por desconocer esos mecanismos internos al validar a Filema Duarte —rechazado por la mayoría de la Alta Cámara— como máxima figura de la Gran Logia.

Conversatorios bajo presión

Silvera intentó presentar una imagen de diálogo, asegurando que el Ministerio ha sostenido “conversatorios, reuniones, entrevistas… solicitadas tanto por representantes de esos grupos de masones como por el propio Ministerio”, con el supuesto fin de “garantizar mayor entendimiento”.

Sin embargo, estas reuniones se han producido en un contexto de acoso y represión. Kessel Linares y Víctor Bravo Cabañas, miembros electos por el nuevo liderazgo masónico, han sido detenidos y amenazados por agentes de la Seguridad del Estado. La teniente coronel Kenia María Morales Larrea, identificada como operativa del aparato represivo, ha encabezado estas acciones intimidatorias.

Mientras afirma que el Estado no interviene, Silvera deja claro que el Ministerio se reserva el derecho de reconocer o no los cambios internos en la masonería, en función del cumplimiento —a juicio exclusivo del régimen— de los requisitos legales establecidos.

“El Ministerio de Justicia tiene esta responsabilidad por mandato de ley”, insistió Silvera, en lo que muchos masones consideran una clara justificación de la intervención estatal para sostener en el poder a Filema Duarte y bloquear el proceso legítimo de renovación interna.

Los masones que respaldan a Kessel Linares y a la alta cámara legalmente constituida continúan denunciando la injerencia política en su proceso democrático interno. A pesar del cerco policial, las detenciones y la propaganda oficial, han logrado sostener su reclamo de manera pacífica, amparados en la legalidad de sus propios estatutos y en el respaldo de cientos de hermanos a lo largo del país.