El lío de Camilo Romero por la ausencia de su abogado en pleno juicio: ¿qué viene para el precandidato presidencial?
- Colombia
- septiembre 9, 2025
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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió no detener el juicio contra el precandidato presidencial Camilo Romero, pese a que este pidió aplazarlo argumentando la ausencia de su abogado principal, Miguel Ángel del Río.
El magistrado Ariel Torres le asignó una defensora suplente. En plena audiencia la corporación explicó que la abogada podía hacerse cargo de la representación mientras el jurista titular se recupera de un problema de salud.
La decisión, sin embargo, provocó la molestia inmediata de Romero, quien intervino para expresar su desacuerdo. “No acepto esta decisión de la Sala. Esto de acelerar a como dé lugar ya nos lo hicieron y fue una barbaridad”, manifestó.
En la diligencia, que terminó suspendida y reprogramada para el miércoles 9 de septiembre, Romero recalcó que únicamente su abogado titular puede designar un suplente. Rechazó la suplencia asignada por la Corte al considerar que, en la etapa en la que avanza el proceso, solo alguien de su plena confianza, como Miguel Ángel del Río, puede asumir su defensa.
“No acepto esta suplencia”, reiteró. Aunque agradeció la disposición de la abogada designada, Ruth Marina Pulido, argumentó que en la etapa actual del proceso requiere la asistencia de un profesional de su “absoluta confianza” como lo es Miguel Ángel del Río.
La investigación contra Camilo Romero se centra en presuntas irregularidades en la venta a crédito de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño en 2016, por un valor superior a los 18.000 millones de pesos.
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Los delitos que se le imputan son contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y falsedad ideológica en documento público.
La contratación se efectuó mientras Romero, entonces gobernador, se encontraba de viaje, quedando el proceso en manos del Secretario de Hacienda de la época. Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación confirmó una sanción de suspensión de cuatro meses contra el exgobernador. En un fallo de segunda instancia, el Ministerio Público concluyó que Romero “actuó sin la diligencia y cuidado necesario, pues no vigiló y controló la actuación desplegada por el secretario de Hacienda”.
La Sala Disciplinaria determinó que la administración departamental no garantizó la libre concurrencia de oferentes, pues solo una empresa tuvo acceso al decreto que fijaba precios y escalas para la venta del licor. La conducta de Romero fue calificada como falta grave a título de culpa grave, y la sanción se convirtió en el pago de $31.859.152.
