El castrismo siempre ha hecho trabajar a los jóvenes

LA HABANA, Cuba. – La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 66, prohíbe “el trabajo de las niñas, los niños y los adolescentes” y especifica que “solo en circunstancias excepcionales aquellos adolescentes graduados de la enseñanza técnica y profesional son autorizados a incorporarse al trabajo con el fin de garantizar su adiestramiento y desarrollo integral”. 

Sin embargo, durante mucho tiempo a los estudiantes con edades que fluctuaban entre los 12 y los 17 años, y que cursaban la enseñanza media general se les obligó a trabajar como parte del programa de “la escuela en el campo”. Todo bajo el eslogan de combinar el estudio con el trabajo. 

De igual manera, los estudiantes que recibían su instrucción en las ciudades tenían que participar durante 45 días en el plan de la escuela al campo. En el caso de los alumnos varones de la enseñanza preuniversitaria, su escuela al campo era por espacio de 70 días, en las rudas tareas del corte de la caña, o en las vegas pinareñas. 

Es de destacar que en las versiones iniciales de la escuela al campo, como por ejemplo la escenificada en Isla de Pinos en el año 1966 ―todavía no se llamaba Isla de la Juventud―, las condiciones de albergamiento eran en extremo deplorables. Se dormía en hamacas y se desayunaba agua con azúcar.

En los días que corren, la crítica situación económica que atraviesan las familias cubanas ha forzado a muchos jóvenes estudiantes universitarios a buscar algún empleo con tal de ayudar al mantenimiento familiar, o a sufragar sus propios gastos de alimentación, transporte y otros. 

Ante tal situación el Gobierno se vio en la necesidad de emitir varias normativas que autorizan el trabajo de los jóvenes universitarios. Solo así han podido detener la tendencia al abandono de los estudios por parte de muchos jóvenes que ya pensaban dejar atrás los predios del Alma Máter. 

Un reciente reportaje aparecido en el periódico Trabajadores da cuenta de que al cierre del 2024 un total de 1.985 estudiantes universitarios estaban contratados en el sector estatal, mientras que otros 3.000 lo hacían en el sector no estatal. 

Evidentemente se trata de cifras conservadoras, pues solo toman en cuenta aquellos estudiantes que se hallan legalizados en su empleo. Es decir, que han ido a las oficinas municipales del Ministerio del Trabajo, y a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Son cifras que dejan fuera a aquellos estudiantes universitarios que trabajan sin acudir a ninguna de esas entidades, y que engrosan la lista de los trabajadores informales de la economía. Por lo tanto no sería aventurado estimar que la cifra real de estudiantes contratados sería el doble de la informada, sobre todo en el sector no estatal de la economía. 

Por otra parte, de 262 estudiantes encuestados en la Universidad de La Habana, el 62% de ellos trabajaba, y alrededor de la mitad reconoció desconocer la existencia de normas legales que los amparan. 

El discurso oficial aduce que esos estudiantes-trabajadores que se desempeñan como informales no tienen acceso a la seguridad social en caso de enfermarse, ni tampoco acumulan tiempo y dinero de vacaciones. En este caso aplican un razonamiento de corte filantrópico. 

La realidad, no obstante, es que las autoridades se inquietan ante tantos impuestos que dejan de pagar esos estudiantes-trabajadores informales que hoy laboran en cafeterías, paladares y otros negocios privados.