Dueño del “Costco cubano” denuncia tortura y montaje judicial desde prisión

MADRID, España.- El empresario cubanoamericano Frank Cuspinera, fundador del supermercado Diplomarket en La Habana, rompió el silencio casi un año después de su arresto. En una carta escrita desde prisión, fechada el 21 de mayo de 2025, denuncia haber sido víctima de tortura, fabricación de pruebas y violaciones sistemáticas a sus derechos legales por parte de la Seguridad del Estado, la Fiscalía y su propio abogado defensor.

Cuspinera fue detenido el 20 de junio de 2024, el mismo día en que las autoridades cubanas intervinieron su negocio y lo clausuraron sin previo aviso. En su mensaje, denuncia que todo el proceso fue premeditado y responde a represalias por haber desarrollado un negocio privado que incomodaba a sectores del poder económico del régimen.

En su testimonio, el empresario asegura que fue arrestado en el marco de una operación articulada entre la Seguridad del Estado y la Dirección Técnica de Investigaciones, sin derecho a defensa ni comunicación con su familia.

“Han limitado mi acceso a la justicia. Me negaron mis derechos a comunicación y defensa legal desde el inicio”, dice en este sentido. Así como afirma que su caso fue orquestado con el propósito de arruinarlo, utilizando falsas acusaciones, decomisos ilegales de bienes valorados en millones de dólares y el bloqueo total a cualquier vía legal que pudiera probar su inocencia.

Por ello, llama al Departamento de Estado de Estados Unidos, “para que intervenga ante las instituciones cubanas por las violaciones constantes de mis derechos y la negación de garantías legales a mi defensa por parte de las instituciones estatales cubanas y sus representantes”.

Diplomarket había abierto sus puertas en diciembre de 2022, dentro de la zona franca de Berroa, en el este de La Habana. El establecimiento se convirtió rápidamente en uno de los supermercados más populares entre los habaneros, por su oferta de productos importados desde Estados Unidos —incluidas marcas como Kirkland y Goya— y la posibilidad de pagar en diversas monedas, incluyendo CUP, dólares, euros y tarjetas de crédito internacionales. La tienda operaba bajo la empresa estadounidense Las Américas TCC Corporation, de la cual Cuspinera es vicepresidente.

La intervención militar del supermercado fue ejecutada con un fuerte despliegue policial. Las autoridades alegaron delitos como evasión fiscal, tráfico de divisas y lavado de activos, aunque desde entonces no se ha presentado públicamente evidencia alguna. Diversas denuncias apuntan a que los bienes decomisados fueron redistribuidos entre figuras de alto rango del régimen, mientras que Cuspinera fue recluido sin acceso a representación legal independiente.

El empresario ha anunciado que iniciará una huelga de hambre el próximo 1 de junio, exigiendo el derecho a una defensa legítima y la posibilidad de fianza. Aclara que no intenta evadir la justicia, sino demostrar su inocencia ante lo que considera una detención arbitraria con fines políticos y económicos. En su carta, también responsabiliza directamente a varios funcionarios de mantenerlo preso sin pruebas.

El periodista Mario Pentón, al comentar la noticia en redes sociales, fue preciso: “El empresario que quiera ir a suicidarse financieramente a Cuba, tendrá un éxito 100% garantizado.” La publicación generó decenas de reacciones, muchas de ellas subrayando que el régimen ha utilizado durante décadas la táctica de despojar a empresarios de sus propiedades para luego iniciar procesos judiciales arbitrarios o forzar su salida del país.

El caso de Cuspinera vuelve a generar alarma entre los pequeños y medianos empresarios en Cuba, especialmente entre los que operan con capital extranjero o estructuras comerciales independientes del Estado. Según reportes recientes, entre finales de 2023 y mediados de 2024, el régimen cubano recibió más de 200 denuncias contra mipymes por presunta evasión fiscal. Al menos 15 negocios fueron cerrados y más de un centenar investigados en este contexto.